Hace unos días, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, ante la presión de grupos pro derechos civiles, dio a conocer, y la fiscalía federal confirmó, que el memorando de entendimiento sobre los esfuerzos conjuntos contra el crimen no se divulga públicamente, sin trabas, por decisión del gobierno estadounidense.

El que lo quiera leer, que lo pida a través del proceso que establece la ley federal de acceso a información (FOIA), dicen los federales.

En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Puerto Rico, el secretario Miranda también cuestionó que se le pidiera cuentas al gobierno de Puerto Rico sobre los esfuerzos federales en contra de la pena de muerte. A su lado, estaba un representante de la la misión estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que  yno emitió una sola palabra sobre el asunto. Ningún miembro de la CIDH tampoco considera apropiado perdile su parecer.

En esa misma sesión, el secretario Miranda elevó el tono de su voz para reclamar la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera. “Flanqueado por los representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y frente a ustedes, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo que decir: que para hablar de libertades individuales sin sonrojarnos todos, a coro tenemos que exigir la liberación de Oscar López Rivera. Este hombre lleva 34 años encarcelado por hechos no vinculados a actos de violencia. Reitero el pedido que ha hecho el gobernador, el liderato político, y el pueblo de Puerto Rico: libertad para Oscar López Rivera ahora”, indicó el secretario Miranda.

El representante de Estados Unidos ni se inmutó ni pensó que debía dar alguna explicación.

Este fin de semana, el secretario Miranda fue el responsable de anunciar la decisión que era evidente desde hace unos días: el gobierno de Puerto Rico dejó de defender el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que impide el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con sensibilidad, Miranda habló de cómo le atormentó haber tenido que defender en 2014 el estatuto, cuando el caso se vio en el Tribunal Federal de San Juan y un juez puertorriqueño prácticamente equiparó el matrimonio gay con el incesto y la poligamia.

Miranda dijo que por sus convicciones personales fue particularmente doloroso reconocer que propuso a finales del año pasado seguir negándole equidad a puertorriqueños y puertorriqueñas.

La posición del gobierno de Puerto Rico – a la que hubo que atraer al gobernador Alejandro García Padilla -, se oficializó en la argumentación escrita sometida en el proceso de apelación del caso iniciado por la pareja de Ada Conde e Ivonne Álvarez, casadas en Massachusetts en 2004 y que busca que los matrimonios gay sean reconocidos en la isla.

Era probablemente el último vagón del tren hacia la equidad en el matrimonio en el que se podía montar el Ejecutivo de Puerto Rico.

Como en los otros casos – por no mencionar las normas de cabotaje y tantas otras instancias -, el poder de la metrópoli manda sobre la colonia.

Pero, cuidado.

No se debe despachar el camino hacia la equidad de los homosexuales como una simple manifestación de la situación colonial de Puerto Rico, por el hecho de que el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) no se atreva a derogar los estatutos que le impiden a las parejas gay tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, y que una próxima decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston o del Tribunal Supremo de Estados Unidos imponga el estado de derecho federal.

En la mayoría de los estados en que se ha validado el matrimonio entre las personas del mismo sexo – aunque es necesario acentuar que son parte de la ‘federación’-, ha ocurrido igual. Se impuso  por la vía jurídica.

(Presumo que los legisladores del PNP condenarán también con la misma fuerza que critican al Ejecutivo de Puerto Rico al sistema federal cuando se oficialice el matrimonio gay en la Isla.  Quizá alguno debe comenzar a preparar desde ahora una marcha de protesta por la avenida Chardón, aclarando, por supuesto, bajo su teoría, que los jueces federales de acá deben aprender del juez Pérez Giménez).

El debate debe comenzar por entender lo que ha hecho el Ejecutivo de Puerto Rico. Se ha limitado – muy importante-, a dejar de defender el estatuto que prohíbe el matrimonio gay en Puerto Rico. Ha dicho con fuerza que no es jurídicamente correcto prohibirle a una persona el  poder contraer matrimonio solo por su orientación sexual.

En un testimonio ante el Concejo Municipal de Springfield, Misuri, en 2012, el reverendo Phil Snider confundió a todo el mundo inicialmente cuando declaraba sobre una ordenanza dirigida a incluir los homosexuales como una minoría que debía ser protegida.

Snider leyó un discurso que principalmente rechazaba la homosexualidad.

Pero, casi al final insertó la palabra segregación racial.  Como si hubiese cometido un error, le dijo a la audiencia que había tomado prestado los argumentos de predicadores blancos a favor de la discriminación racial en el sur de Estados Unidos.

“Lo siento, he traído conmigo las notas equivocadas. He tomado prestado mis argumentos del siglo equivocado. Resulta que he estado leyendo todo este tiempo citas directas de predicadores blancos de los 1950 y 1960, todos en respaldo de la segregación racial”, indicó el reverendo Snider.

En Estados Unidos, el ‘no más’ a la segregación racial empezó  también por la vía judicial.

Hay mucho que hacer por convencer a Estados Unidos y lograr consenso entre los puertorriqueños para acabar con el colonialismo en Puerto Rico.

Me parecería interesante un debate formal y una votación en la Legislatura de Puerto Rico sobre el matrimonio y los derechos de adopción de las parejas gay.  Pero,  solo para escuchar los argumentos a favor y en contra, y obligar a los que se esconden a adoptar una posición.

Los derechos constitucionales de las minorías, sin embargo, no pueden estar sujetos a la posición de la mayoría.

La aceptación del matrimonio gay le reconoce el mismo derecho a todos sus vecinos.  A usted no le quita ninguno. Tampoco fuerza a la iglesia a casar a nadie.

La pena es que no hayan sido también la Legislatura y el sistema judicial de Puerto Rico los que tomaran la decisión de que no es correcta la discriminación por orientación sexual.  Las cámaras legislativas, en teoría – no lo olvide-,  aún tienen tiempo para subirse al tren.