Desde el 25 de julio de 2013, el comisionado residenteen Washington, Pedro Pierluisi, tiene presentada en la Cámara de Representantesde Estados Unidos legislación que busca eximir a Puerto Rico de las normasfederales de cabotaje en torno al transporte de fuentes de energía, productosagrícolas y carga a granel.

La iniciativa no tiene ningún coauspiciador y debeestar escondida en alguna gaveta de un salón oscuro del presidente delsubcomité de Transporte Maritimo, el republicano Duncan Hunter.

La medida, que lleva el número 2838, cobra importanciaen momentos en que el gobernador Alejandro García Padilla solicitó a Pierluisiy al director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), JuanEugenio Hernández Mayoral, que busquen formas conjuntas de impulsar cambios enlas normas de cabotaje que beneficien a la economía puertorriqueña.

Hoy, Pierluisi recibirá en su oficina a HernándezMayoral. Han tenido pugnas continuas que a nadie sorprenden.

“Pueden empezar ahora por ayudarme a conseguircoauspiciadores para mi proyecto (el 2838)”, indicó Pierluisi, presidente delPartido Nuevo Progresista (PNP).

Pero, el asunto es mucho más complicado que lograrcoauspiciadores para una medida que nadie espera que avance en esta sesiónlegislativa.

En Washington hay una coalición de empresarios ysindicatos que velan porque no haya cambios a los requisitos federales queexigen que se utilicen barcos fabricados en Estados Unidos, de bandera ytripulación estadounidense.

La última exención que adoptó el Congreso en 2012 entorno a las leyes de cabotaje enumeraba específicamente los nombres de los barcosque estarían exentos, uno de los muchos requisitos que el cabildero JeffreyFarrow ha escuchado en conversaciones con técnicos del Congreso a la hora deconocer posibles enmiendas a la Ley Jones de 1920.

Hay excepciones relacionadas a la carga de transportemarítimo en otros territorios.  A Guam, por ejemplo, se le excluyedel requisito de que los barcos sean de construcción estadounidense.

En Islas Vírgenes y Samoa laexclusión es plena, pues a principios del siglo pasado eran  sitios dealmacenamiento de carbón para los buques de  la Marina de Guerra.

En Puerto Rico la única flexibilidad la tienen losbarcos cruceros turísticos.

“Pienso quelas objeciones son superables.  Pero esto requiere de un fuerte frenteunido de todos los sectores del pueblo de Puerto Rico, le gente común, lostrabajadores y consumidores, la empresa privada, los sectores laborales (enespecial, las uniones afiliadas a la llamadas “uniones nacionales” de EstadosUnidos) y el gobierno, la legislatura y los partidos políticos, loscongresistas boricuas y el comisionado residente, trabajando en común con lacomunidades puertorriqueñas en Estados Unidos y sus aliados”, indicó, por su parte,  Enrique Fernández Toledo,experto en temas boricuas del Congreso yquien fue asesor del congresista Luis Gutiérrez.

FernándezToledo recordó que en 1996, en respuesta aun esfuerzo del independentista David Noriega que logró el apoyo unánime de laCámara de Representantes de Puerto Rico, los congresistas boricuas Gutiérrez(lllinois), José Serrano (Nueva York) y Nydia Velázquez (Nueva York)presentaron el proyecto 3020 que buscó excluir a laisla de la Ley Jones de 1920.

En aquelmomento, resaltó Fernández Toledo, elproyecto tuvo la oposición del comisionado residente en Washington, Carlos RomeroBarceló. Ningún otro congresista suscribió lalegislación.

Muchos economistas de la isla están convencidos de que la Ley Jones daña laeconomía de Puerto Rico.  La propia Reserva Federal de Nueva York ha advertido que “transportar por barco desde lacosta este de Estados Unidos a Puerto Rico un contenedor de 20 pies de largocon artículos del hogar y productos comerciales cuesta alrededor de $3,063;mientras, el mismo embarque a la vecina Santo Domingo (República Dominicana)cuesta $1,504, y a Kingston (Jamaica) $1,687”.

Un estudio de la Oficina de Contraloría General (GAO),solicitado por Pierluisi antes de presentar su legislación, le infligió, sinembargo, un golpe a las posibilidades de lograr avances en este asunto.

Aunque reconoció que existe una deficiencia en laoferta de buques estadounidenses para transportar gas natural y petróleorefinado, la GAO mantuvo que liberalizar las normas atentaría contra el futurode la Marina Mercante estadounidense.

Poco se podrá hacer en estos momentos en el Congreso.Pero, pueden abrir puertas, quizá buscando alguna posibilidad de una iniciativadel Ejecutivo federal, que ha mostrado mejor disposición que los legisladoresestadounidenses a atender los problemas de la isla.

De todos modos, en momentos de alta tensiónpartidista, la petición del Gobernador le brinda una oportunidad a Pierluisi yal director de PRFAA para suavizar sus relaciones y quizá establecer algúnacuerdo de trabajo mínimo en la capital federal.

Tremendamente divididos en torno al status y pensandomás en 2016 que en la realidad del país, lo menos quehan hecho ambos bandos durante los pasados 16 meseses tratar de coordinar una agenda en Washington.

Es muy probable – digo probable solo por serextremadamente cuidadoso  y dar espacio a lo increíble- que nada pase esteaño sobre las normas de cabotaje. Pero, es hasta triste que no haya voluntadpara trabajar juntos a favor del país, aunque sea una sola vez.