Cuando  el gobernador Alejandro García Padilla ofrezca en unos días su mensaje sobre el estado de situación del país  – que debe incluir duros recortes en el presupuesto-, se habrán completado los primeros cuatro meses de 2014.

Sectores de su partido y algunos en la oposición cruzan los dedos para que en los próximos días decida enfrentarse a un asunto que ha preferido mirar de lejos: la reglamentación del próximo proceso sobre el status político de Puerto Rico.

A pesar del compromiso que hiciera de encaminar el debate sobre status desde principios de este año, entre sus propios legisladores han surgido dudas de que quiera presentar un plan concreto en su mensaje de finales de mes.

A su salida el pasado día 9 de la reunión plenaria del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, en Washington, al ser preguntado sobre si en ese encuentro hubo alguna discusión en torno al status, García Padilla dijo que no.

“Estamos atendiendo los asuntos que más le interesan a los puertorriqueños”, dijo entonces García Padilla, al aludir a las conversaciones que hubo sobre temas de desarrollo económico y seguridad. Hizo alusión a las encuestas que han colocado el tema del futuro político de Puerto Rico en el nivel más bajo de prioridades de la población puertorriqueña.

Cuando en enero se aprobó el lenguaje del presidente Barack Obama que puede permitir al Secretario de Justicia de Estados Unidos pasar juicio sobre la constitucionalidad de las definiciones de un próximo plebiscito, García Padilla mantuvo que cumpliría con su apoyo a esa ley y con el programa de gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), que ordenó legislar una Asamblea Constitucional de Status o Asamblea de Status este año si no se había aprobado una legislación federal que comprometiera al Congreso con un referéndum de alternativas de status.

El lenguaje de Obama que se convirtió en ley no vincula al Congreso. Pero, García Padilla ya estaba comprometido también con la propuesta del presidente Obama.

García Padilla comenzó el año enfrascado en la degradación a chatarra del crédito del gobierno y la emisión de bonos de $3,500 millones lograda el mes pasado, que se supone le otorgue liquidez a su administración durante el año fiscal 2014-2015.

Si decide enfocarse nuevamente solo en lo inmediato, tendrá de excusa el análisis sobre los recortes en el presupuesto y, si decidiera agarrar el otro toro por los cuernos, la posibilidad de reestructurar la deuda de algunas corporaciones públicas.

En su propio partido hay sectores que piensan que es hora de que el Gobernador se ponga las pilas si en el debate sobre el futuro político de Puerto Rico va a optar primero por una Asamblea de Status. 

Ordenar en 2014 la Asamblea de Status puede permitir tener la próxima sesión legislativa federal 2015-2016 para un proceso de conversaciones con Washington.

García Padilla, no obstante, tiene también la opción de seguir relegando el asunto. 

El pasado cuatrienio el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) decidió postergar la consulta de status hasta las  mismas elecciones generales de noviembre de 2012. 

Una de las consecuencias de aquella decisión es haber dejado en manos de García Padilla y el Partido Popular Democrático (PPD) cualquier proceso en San Juan para darle seguimiento al  plebiscito.

A principios de año, cuando se creaba la comisión conjunta de la Legislatura para examinar en vistas públicas los proyectos que promueven una Asamblea de Status, el gobernador García Padilla pidió a sus legisladores que esperaran por su propia legislación. 

La espera continúa.