La cuenta atrás ha comenzado. Y pone nerviosos a amigos y enemigos de la estadidad.

El Congreso federal parece encaminado a ignorar en esta sesión legislativa el alegato del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que la estadidad ganó el plebiscito de 2012.

Pero, el debate sobre el status de la isla puede tener un destello de luz cuando se presente, a más tardar el 3 de abril, el informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre el costo para el Tesoro federal de anexar plenamente a Puerto Rico.

El estudio fue entregado al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el republicano Doc Hastings (Washington), el pasado 4 de marzo, como adelantó hace una semana El Nuevo Día.

Hastings puede mantenerlo confidencial hasta el día 2 de abril, pero al día siguiente la GAO lo haría público si el congresista republicano no lo ha hecho.

Stanley Czerwinski, director de Asuntos Estratégicos de la GAO, ha indicado que en el estudio sobre cuántos más fondos se recibirán bajo un potencial estado 51, se incluyó el 90% de los programas federales. Los muy pequeños quedaron fuera.

Para cumplir con la solicitud de Hastings, el informe compara el desembolso anual que el Tesoro tendría que hacer – el cual en los últimos años los sectores estadistas han calculado entre $10,000 y $20,000 millones -, con las contribuciones federales que tendrían que pagar los residentes y las corporaciones en la isla.

Hastings es considerado un opositor de la estadidad, al igual que el otro congresista que recibió el informe, el presidente del subcomité de Asuntos Insulares, el republicano John Fleming (Louisiana), a quien, de hecho, se le vio por Culebra en diciembre.

 A pesar de ello hay personas cercanas al movimiento estadista que prevén un tono más suave de parte de Hastings cuando comente los resultados del informe y lo analice en una vista pública, si es que la convoca, en algún momento de finales de la primavera o el verano.

Aunque Hastings y Fleming se retiran del Congreso en diciembre, la esperanza de algunos estadistas es que en un año de elecciones legislativas, al decirle que no al proyecto pro estadidad del comisionado Pedro Pierluisi en esta sesión legislativa, lo hagan en un tono cordial. 

El informe de la GAO puede ser el más importante sobre el impacto de la estadidad desde el que preparó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), en 1990, cuando determinó que la idea de convertir a la isla en el estado 51 representaría “un salto al vacío”. Pero, en aquel entonces, el CBO daba mucho peso a la importancia en la economía de Puerto Rico de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que como todos sabemos, desapareció totalmente 15 años después.

Las expectativas sobre el informe de la GAO, valga advertirlo, deben atenuarse con la decepción que causó el estudio que hicieron sobre la aplicación en Puerto Rico de las normas federales de cabotaje.

De todos modos, los defensores de la estadidad sostienen que no importa lo que diga el informe, el caso a favor de la anexión plena es una cuestión de derechos civiles. Pero, es necesario también tomarlo en cuenta, si esa hubiese sido la prioridad para la metrópoli hacía mucho tiempo que debió de haberse decidido el futuro político de la isla.

Lo quieran o no los estadistas, en el Congreso, sobre todo en el campo republicano,  cuando se hable de estadidad seguirá teniendo mucho peso el costo para el Tesoro federal; el que el español es el idioma en que funcionan las ramas de gobierno de la isla; y la probabilidad de que un Puerto Rico estado 51 eleve el poder electoral de los demócratas.