Parece ser cuestión de tiempo.

En los más altos niveles del gobierno federal se quiere acabar con las grandes exenciones que han beneficiado las operaciones de las corporaciones estadounidenses en el exterior.

Ese mensaje lo han expresado influyentes voces del Senado federal, vuelve a estar incluido en el presupuesto del presidente Barack Obama y es parte de la agenda del líder del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, que controla el debate sobre una posible reforma contributiva federal.

Cierto que la probabilidad es que no se aprueba una reforma contributiva este año,  que lograrlo en la próxima sesión legislativa, 2015-2016, tampoco será sencillo y que el republicano Dave Camp (Michigan) dejará la presidencia del Comité de Medios y Arbitrios al terminar 2014, debido a las normas republicanas sobre limitación de términos.

Pero, la escritura está en la pared.

De acuerdo al plan de Camp,  las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs), bajo cuyas reglas funcionan muchas de las manufactureras en Puerto Rico, tendrían que pagar entre 15% y 25% en contribuciones.

En el caso de las ventas al mercado de Estados Unidos, como sucede con la abrumadora mayoría de las CFCs en Puerto Rico, el impuesto sería la tasa máxima de 25%, la misma que Camp quiere cobrarle a las corporaciones que hacen negocios en suelo estadounidense.

Ello pudiera representar, solo desde Puerto Rico,  miles de millones de dólares para el Tesoro federal.

En 2012, el presidente del subcomité de Investigaciones del Senado, el demócrata Carl Levin (Michigan), presentó un informe que refleja como entre 2009 y 2011 Microsoft, transfiriendo ciertos de derechos de propiedad intelectual a su subsidiaria de Puerto Rico, pudo mantener fuera de las manos del Tesoro federal, casi $21,000 millones, casi la mitad de sus ingresos por ventas en Estados Unidos.

De esta forma, Microsoft se ahorró cerca de $1,500 millones anuales en impuestos por las ventas en Estados Unidos de los productos que atribuye a su subsidiaria de Puerto Rico.

Bajo el plan de Camp, las CFCs podrán deducir a nivel federal los impuestos que paguen en una jurisdicción “foránea”, como Puerto Rico.

Por ello, será importante el plan de acción que se tome en la Isla.

El gobernador Alejandro García Padilla tiene un equipo que examina cómo debe ser la próxima reforma contributiva en la isla.

García Padilla ya aplazó para diciembre de este año la fecha en que se le deben entregar las recomendaciones, con la idea de aprobarla en el primer semestre de 2015 y hacerle efectiva para julio de ese año.

Si no se decreta ahora una emergencia fiscal, que revise los acuerdos tributarios con esas empresas y las llamadas corporaciones exentas, el gobierno de Puerto Rico tendrá, por lo menos, que preparar la estructura contributiva de la Isla para agarrar un pedazo del tributo que como quiera las CFCs pueden tener que pagar acá y que si se paga allá podrán descontar.

El mejor escenario para las CFCs sería que un aumento en las contribuciones en Puerto Rico pudiera ser sumado al crédito otorgado por el Tesoro federal al impuesto en las ventas que ahora alcanza el 4% y le deja al erario público en la isla cerca de $2,000 millones anuales.

Pero, la aprobación de ese crédito sigue siendo una normativa temporal y aumentarlo contradice el empeño de influyentes sectores del Congreso de cerrar el hueco que les ha permitido dejar sus ganancias fuera de la jurisdicción del Tesoro federal.

La gran tarea en la isla seguirá en hacer crecer la economía.

Pero, rayaría en la irresponsabilidad no preparar el sistema tributario para agarrar un pedazo que pudiera duplicar, por lo menos, el pago de $2,000 millones anuales que hacen ahora las CFCs en Puerto Rico.

Por lo que se dibuja en la capital federal, si el dinero no se le cobra en San Juan, se cobrará en Washington. 

Parece matemática simple.