El Desfile Puertorriqueño de Nueva York es la manifestación cultural y política más grande de la diáspora boricua. Y la de mayor visibilidad.

Con sus altas y sus bajas, para la comunidad puertorriqueña de Nueva York es un orgullo celebrarla y recibir a boricuas que residen en otros estados o en Puerto Rico.

No hay otro evento en Estados Unidos que pueda competir en importancia y reúna tanta gente. 

Entre participantes y público general se ha llegado a calcular en dos millones el total de personas que se acercan a presenciar o caminar el Desfile por los alrededores de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York.

Lo que para algunos puede verse como una simple manifestación cultural y una fiesta de fin de semana, es mucho más que eso.

Allí se celebran también las luchas históricas que se dieron en Nueva York a favor de la educación bilingüe, la información electoral en español y por representación política en las estructuras del gobierno de la ciudad neoyorquina, entre otras. 

Gestas de la diáspora boricua que abrieron camino a otras minorías.

Bajo esa realidad debe entenderse el impacto que tiene el escándalo que ha confirmado el mal manejo de por lo menos $1.4 millones en fondos aportados por auspiciadores del evento.

La conclusión del fiscal general del estado de Nueva York, Erich Schneiderman, es que el gerente de mercadeo del evento, Carlos Velásquez , y su empresa Galos utilizaron $1 millón para su propio beneficio, y que las personas con más responsabilidad en la Junta Directiva demostraron carecer de los niveles más básicos de control administrativo.

La respuesta ha sido establecer una nueva junta, con 10 nuevos miembros que se sumarán a tres que seguirán en sus puestos.

Para sorpresa de muchos, sin embargo, el caso se cierra también con un acuerdo entre las partes que le exige a Velásquez pagar una multa de $100,000, cancelar supuestas cuentas por cobrar al Desfile que totalizaban $1 millón y una orden para que se desvincule de toda su organización.

El que Velásquez no haya sido acusado criminalmente al parecer es una decisión que buscó evitar un largo proceso criminal que afectara adversamente la organización del desfile del 8 de junio. 

Pero,  dejó muy mal sabor y espacios en blanco.

No es la primera vez que se encuentran manejos turbios en el Desfile. En la época de Ramón S. Vélez se cuestionaba, por ejemplo, el uso del desfile en año electoral para darle vida a candidaturas políticas locales.

A la nueva junta le corresponde dar garantías de que el evento se administra con responsabilidad, y, como ya exigen líderes boricuas neoyorquinos, que tenga sus raíces en la vida comunitaria y cultural de la diáspora puertorriqueña.

Una tarea pendiente es evitar que la imagen del evento sea dañada por sus auspiciadores, como la nefasta publicidad de empresas cerveceras que abrió la puerta – por petición del grupo “Boricuas for a Positive Image”-,  a la investigación del fiscal general.

La comunidad boricua reclama que la cara del Desfile sea su gente, sus logros y aspiraciones.