Al parecer no fue hasta ayer que el gobierno de Alejandro García Padilla conoció exactamente el contenido de la nueva ley federal de presupuesto en que se incluye la oferta para el Secretario de Justicia de Estados Unidos supervisar, sobre todo, las alternativas de status de un posible próximo plebiscito en la Isla.

En busca de darle un nuevo golpe en la opinión pública al comisionado residente Pedro Pierluisi, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral, soltó un comunicado de prensa en el que alegó, erróneamente, que la versión final del memorial explicativo de los presidentes de los comités de Asignaciones había excluido adoptar el texto que precisa las condiciones para que el Departamento de Justicia entregue a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) los $2.5 millones destinados a financiar una campaña educativa sobre las opciones de status.

Las condiciones adoptadas, como se ha reportado desde el 13 de enero, sí incluyen que el Secretario de Justicia determine si la campaña educativa, la papeleta electoral, las alternativas de status y los materiales relacionados a un próximo plebiscito en la Isla cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del Gobierno federal.

Hernández Mayoral causó confusión por un ratito. Pero, la realidad es que el lenguaje de status se quedó añadido al proyecto de ley tal y como se reportó desde hace 11 días.

El representante del Gobernador en Washington buscaba agregar una nueva denuncia en contra de Pierluisi, a quien PRFAA desmintió a principios de mes cuando el Comisionado Residente equivocadamente dio por aprobado lenguaje que permitiría a la Oficina del Contraloría General revisar los ingresos y gastos del gobierno, y el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques le ha señalado exagerar las implicaciones de lenguajes adoptados en el Congreso sobre los entrenamientos militares en Vieques y Culebra.

Pero, esta vez la metida de pata era suya.

Más allá de las pugnas entre la Oficina del Gobernador y el Comisionado Residente en Washington, el rastro que dejan las expresiones de Hernández Mayoral son una aparente insatisfacción del gobierno de García Padilla con el contenido de un lenguaje que él mismo ha apoyado públicamente desde la primavera de 2013, aunque después de sus representantes ponerle mala cara en una reunión en la Casa Blanca.

Sin admitir su error, Hernández Mayoral indicó en un segundo comunicado de prensa que lo quiso fue llamar la atención a que debido a que las guías al Secretario de Justicia están en el informe de la Cámara de Representantes, incorporadas a la medida a través del memorial explicativo de los presidentes de los comités de Asignaciones, no están escritas sobre piedra.

“Lo que hizo PRFAA fue explicar que el proceso que se va a seguir para desembolsar los $2.5 millones no se especificó en la asignación provista por la ley por lo que los detalles serán acordados entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal” dijo Hernández Mayoral. Desde el PPD secundaron sus comentarios.

En este caso, sin embargo, no solo los líderes de los comités de Asignaciones hicieron suyas las condiciones para desembolsar los $2.5 millones, sino que fueron solicitadas por el presidente Barack Obama dentro de un proyecto de presupuesto que fue defendido por el secretario de Justicia, Eric Holder, en audiencias públicas.

“No puede buscarse la intención de una partida presupuestaria de una manera aislada. Hay que ver el conjunto del memorial explicativo para entender a que se refiere esa asignación”, ha advertido el constitucionalista Carlos Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

El gobernador García Padilla ha indicado que la respuesta del gobierno de Puerto Rico cumplirá tanto con la ley federal como con el programa de gobierno del PPD que propuso una Asamblea Constitucional de Status si no se aprobaba una legislación vinculante para el Congreso antes de cerrar 2013.

Como reclaman legisladores y alcaldes del PPD, el Gobernador puede poner en orden primero una Asamblea de Status para que sea el organismo negociador con el Gobierno federal antes de utilizar los $2.5 millones, que no expiran con el año fiscal federal,  para un plebiscito. Pero, debería precisar qué objeta de las condiciones impuestas por el Congreso para Justicia federal poder desembolsar los fondos. 

El récord debe estar claro.