Al país le ha tomado por sorpresa la acción de los veterinarios Víctor Oppenheimer, Mónica Pagan y María Cueto que, con todo su derecho, retaron ante el tribunal la orden ejecutiva que permitía, de manera temporal a veterinarios de Estados Unidos participar del Spayathon for PR.

La Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de PR, organismo que rige la profesión veterinaria del país, siempre fue recipiente de las licencias médicas de los veterinarios que formaban parte de la orden ejecutiva, brindando su aval. En 2018 se crea la primera Orden Ejecutiva, con la firma de todas las partes. Subsiguientemente se han emitido otras órdenes ejecutivas viabilizando el Spayathon for Puerto Rico, iniciativa de Humane Society of United States y un grupo de mas de 30 organizaciones de E.U.  que aportan más de $20 millones y que hasta hoy ha tenido 6 Rondas logrando esterilizar y vacunar 52,524 perros y gatos y ha evitado el nacimiento de 316,680 animales.

Los planes, ahora detenidos por la acción de los demandantes, hubieran viabilizado 4 rondas adicionales para esterilizar y vacunar a 30,000 para un total de más de 80,000. Eso son números impresionantes y es algo novel a nivel mundial. El 65% de los animales esterilizados en el Spayathon nunca habían visitado una oficina veterinaria. Un animal que no cualificara tenía la opción de ser atendido gratis por un veterinario local.

El esfuerzo humano, económico y logístico era espectacular y la participación de miles de voluntarios y organizaciones  boricuas era impresionante. Demasiados sueños, esperanzas y sacrificios para tanta gente que hoy no tendrán esa oportunidad y lo peor de todo sin un Plan B, para recuperar lo  perdido.

Entonces la pregunta es: ¿Y ahora cuál es el Plan B? Podemos estar de acuerdo con el o no, pero hasta el 2021 había un plan concreto: esterilizar 30,000 animales en siete localizaciones, con el apoyo de los municipios, el gobierno y miles de puertorriqueños prestos a traer sus mascotas o animales de la calle.
Tal vez los demandantes tienen un plan para atenuar el efecto de sus acciones. Queremos conocerlo para ser justos.

Opino que esta decisión ha puesto en una situación difícil al Colegio de Médicos Veterinarios de PR, que habian sido prudentes en no hacer lo propio,  porque me imagino que ahora los demandantes están contando con su apoyo. Una situación muy delicada porque la magnitud de nuestro problema es tal, que, aunque haya la voluntad, no pueden afrontar los enormes costos, recursos humanos y sacrificios que este programa paralelamente ofrecía. Esa es la realidad para el bienestar animal y para Puerto Rico.

La gran imprudencia de los demandantes fue que, en estos momentos de crisis destruyeran algo que era positivo para el país, para la comunidad, para la salud pública, para el control poblacional animal y para miles de personas de recursos limitados que ahora muchos ni tienen empleo y pasan hambre hoy. Alguien tendrá que explicarles como remediarlo.

Mas que buscar culpables, hay que tomar decisiones y establecer un Plan B. Este es nuestro problema, creado por nosotros al abandonar animales y no poner en vigor leyes como la Ley 154. Basta ya de procrastinar y sometamos legislación para tener un registro de mascotas, busquemos alternativas legislativas para remediar esta situación para el presente y futuro, porque se avecinan más crisis y no aguantamos mas!

Con todo el respeto, si tenemos una necesidad y nos ayudan a aliviarla, que importa de dónde viene, a menos que los detractores de esa ayuda tengan una respuesta igual o mejor para satisfacer la misma. ¿Entienden ustedes?

Mis excusas a todos los que, al menos temporeramente soñamos con algo muy grande. No perdamos el norte ni la esperanza y apostemos a que vendrán nuevas oportunidades. Las crisis deben sacar lo mejor de nosotros y promueven la creatividad. Esperamos el Plan B, pero me temo que seremos nosotros unidos y en alianza quienes vamos a tener que prepararlo. Este momento es único. Este momento define el futuro, porque el presente se nos esta escapando de las manos…

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