La educación universitaria es central para la vida de un país. Por esta razón, la sociedad puede tomar la decisión de proveer educación universitaria gratuita, ya que ese es el medio más efectivo para promover la movilidad social del pueblo y el desarrollo económico de un país.

Varios países latinoamericanos tienen universidades públicas donde el costo de la matrícula es nominal. Empero, debemos comprender que la educación universitaria es costosa y que para poder ofrecerla a precios reducidos el gobierno tiene que subvencionarla.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) ofrece educación superior de excelencia a precios reducidos. No solo tiene el costo de matrícula más bajo del país, sino también el costo de matrícula más bajo de universidad estatal alguna en territorio estadounidense.

Ahora bien, la UPR también tiene costos administrativos más altos que el resto de las universidades del país. Por ejemplo, la Universidad Interamericana de Puerto Rico invierte menos dinero por estudiante que el sistema de la UPR. Por lo tanto, la UPR es la universidad que menos dinero recibe por concepto de matrícula y la que más dinero gasta, lo que es una pésima combinación.

Yo afirmo que la educación universitaria pública, accesible y a costos razonables es crucial para el país. Por eso, Puerto Rico debe hacer todo lo posible para mantener la UPR funcionando al más alto nivel, protegiéndola de quienes desean cerrarla.

No seamos inocentes. Hay fuerzas que desean cerrar la UPR. Y esas fuerzas están en los extremos del espectro político, tanto a la derecha como a la izquierda.

En el lado de la derecha, están quienes desean privatizar la UPR con el doble propósito de hacer dinero y de eliminar a los grupos estudiantiles de izquierda. En el lado de la izquierda, están quienes entienden que la crisis social provoca cambios radicales y que el cierre de la UPR bien podría mover a Puerto Rico a la independencia. Ambos grupos extremistas desean que la UPR pierda su acreditación y que el estudiantado no tenga oportunidad de solicitar becas federales, lo que sería desastroso para la institución.

En el medio de estas fuerzas extremistas está el pueblo que desea lo mejor para el primer centro docente del país. El estudiantado, la facultad, la fuerza obrera y quienes nos hemos graduado de alguno de los recintos del sistema deseamos lo mejor para la UPR. El problema es que el debate lo están dominando quienes desean cerrarla.

Es fácil ver la polarización en los medios de comunicación y en las redes sociales. Del lado de la derecha están los comentaristas radiales que describen las protestas como expresiones de “comunismo castrista y chavista” y se quejan porque la policía no abre los portones de la UPR a la fuerza. Y del lado de la izquierda están quienes envían al estudiantado–como carne de cañón–a increpar a la Policía, a los oficiales universitarios y a interrumpir el flujo del tránsito en las calles y en los centros comerciales.

Claro está, los ideólogos de estos movimientos no están en las calles. En la calle está el policía enviado a proteger un edificio público y la chica enviada a gritarle improperios en la cara.

No seamos inocentes. Lo que quieren los ideólogos extremistas que desean la destrucción de la UPR es que se derrame sangre. Sí, la sangre de otros, porque ellos están cómodos en sus oficinas. Los de la derecha desean que las marchas ocasionen actos de vandalismo contra la propiedad y expresiones de violencia contra la policía, de manera que puedan decir que quienes protestan “son unos revolucionarios”. Y los de la izquierda desean que la policía responda con violencia, principalmente contra las mujeres que envían a colocarse en la primera fila. A quienes desean cerrar la UPR no le importa el bienestar de la institución; solo le importa avanzar su agenda política.

La UPR no debe cerrar. El Gobierno tiene la obligación de ofrecer educación superior accesible, subsidiada con fondos públicos. Los funcionarios universitarios tienen la responsabilidad de administrar la institución de la manera más eficiente posible. Y el estudiantado también tiene la responsabilidad de hacer lo posible para que la UPR continúe abierta.

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Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Para más información, visite: http://drpablojimenez.com