La idea de auditar la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es ciertamente llamativa. Es lógico pensar que una persona debe tener claro qué y cuánto debe pagar antes de desembolsar fondos. Y, claro está, si en el proceso uno encuentra que la cantidad que debe pagar es menor a la anticipada, pues mucho mejor.

Habiendo establecido mi apoyo en principio a la idea, procedo a hacer una serie de preguntas que entiendo son necesarias para el proceso.

Primero, ¿quién auditaría la deuda? ¿Cuánto sería el costo aproximado de una auditoría tal? ¿Cómo podemos evitar que los “amigos del alma” sean los mismos que auditen la deuda?

Segundo, ¿cuál entidad estaría a cargo del proceso de supervisión de la auditoria? ¿Podemos confiar en que el gobierno puede supervisarse a si mismo? Y si es una entidad externa, ¿qué autoridad tendría para supervisar el proceso?

Tercero, ¿como podemos tener seguridad de que esta auditoría será aceptada en las cortes de PR y de USA? ¿Estamos seguros que el Gobierno de PR no tendría que pagar otra auditoría más, en el futuro cercano?

Cuarto, si identificamos “culpables” de haber incurrido en la deuda, ¿qué procesos legales podrían aplicarse contra estas personas? ¿Serían procesos criminales o civiles? ¿Se les embargarían las posesiones para compensar sus errores?

Quinto, y si el proceso identifica deuda incurrida ilegalmente, ¿qué remedios hay? ¿Cómo eliminar o tomar crédito por esa deuda ilegal?

Hago estas preguntas porque lo menos que necesita el país es que algunas personas sin escrúpulos se aprovechen de la indignación que siente el país solo para llevarse un “super contratito” que, a la larga, aumentaría la deuda del país.

Sí, que se audite la deuda, pero que se haga correctamente. De otro modo, la cura podría resultar más mala que la enfermedad.

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Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Para más información, visite: http://www.drpablojimenez.com