La petición de protección bajo la ley de quiebra por el Gobierno de Puerto Rico era inevitable, dada la condición financiera del Estado Libre Asociado.

Pudo haberse evitado si, años atrás, las administraciones de los dos partidos principales hubieran tomado las medidas fiscales necesarias. Sin embargo, por cerca de 25 años el Gobierno de PR cuadró el presupuesto con préstamos, lo que llevó su deuda a niveles tan altos que hoy el país carece de recursos para pagarla. Y cuando la deuda sea auditada como parte del proceso de quiebra, veremos que la mayor parte de los dineros recibidos por medio de empréstitos fue destinado a pagar salarios, sufragar pensiones y a llevar a cabo proyectos cuyo propósito principal fue “comprar” votos.

Dada la condición colonial de Puerto Rico, el Gobierno trató infructuosamente de crear una ley de quiebra local o de declararla siguiendo procesos similares a los Estados federados. Cuando tanto la Corte Suprema como el Congreso de USA decidieron que esas opciones eran imposibles, quedó claro que el país quedaría bajo el mandato de algún cuerpo regulatorio federal. Así nace la ley PROMESA y su engendro, la Junta de Control Fiscal (JCF).

El estar bajo el mandato de la JCF es indigno, pero es la única opción que ofrece nuestro sistema colonial. Indigno porque este cuerpo, compuesto por personas que no han sido electas por el pueblo de Puerto Rico y nombradas de manera ajena a la constitución vigente, deja la colonia al desnudo. Sin embargo, es innegable que la ley tiene algunos aspectos positivos, ya que protegió a la Isla de demandas de parte de los acreedores y le dio la opción de invocar la protección de la ley de quiebras. Y la quiebra era la única opción que le quedaba al país. Sin este tipo de protección fiscal, sería prácticamente imposible bajar el monto de la deuda que está ahogando nuestro país.

Recalco que estar bajo el mandato de la JCF es indigno porque pone la colonia al desnudo. Pero, para ser justos, debemos reconocer que el problema es la colonia, no la JCF.  Estar gobernados por la JCF no es más indigno que vivir en una colonia, donde la población no tiene la oportunidad de votar por presidente alguno. Por eso, carecemos de poder alguno para tomar decisiones sobre los asuntos más fundamentales de nuestra vida comunitaria. En fin, la JCF es solo una expresión de la larga y degradante situación colonial de la Isla.

El pueblo tiene derecho a protestar contra JCF, tanto contra su existencia como contra sus acciones. Pero dejemos algo claro: Las marchas no van a descolonizar a Puerto Rico. Si usted marcha contra la JCF pero no vota por opciones decolonizadoras para nuestra Isla, no esta propiciando cambio alguno.

Por lo pronto, la JCF ha comenzado el proceso de quiebra. Será un proceso largo y difícil, pero desgraciadamente es la única opción que le queda a un colonia caribeña sin poderes políticos fundamentales.

***********

¿Qué opina usted? Le invito a compartir su opinión, comentando respetuosamente tanto el contenido de esta columna como los comentarios de otros lectores y de otras lectoras.

Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Para más información, visite: http://www.drpablojimenez.com