Aunque he tocado el asunto anteriormente, la separación entre la Iglesia y el estado sigue siendo tema de conversación y, aún más, de confusión.

Por un lado, algunas personas entienden que la separación legal entre estas entidades implica que las personas de fe y el liderazgo religioso no pueden emitir opinión alguna sobre temas políticos. Por otro lado, otras personas resienten la separación entre la Iglesia y el estado, lo que les lleva a buscar aumentar la influencia de las comunidades religiosas en el gobierno.

Es evidente que ambos grupos no entienden lo que implica la separación legal que estipula la constitución de Puerto Rico, restricción que también incluye la constitución de los Estados Unidos de América.

Como he explicado en escritos anteriores, el propósito de la cláusula que estipula la separación entre la Iglesia y el estado es evitar que el gobierno declare establezca una religión oficial del estado. Es decir, el gobierno no puede respaldar a un grupo religioso en detrimento de los demás. Del mismo modo, la constitución prohíbe que el gobierno use fondos públicos para beneficiar a un grupo religioso en particular.

¿Qué implica todo esto? En términos prácticos, evita que el gobierno canalice fondos públicos para beneficiar a uno o más grupos religiosos, mientras se le niega ayuda financiera a los demás.

Esto pone en tela de juicio algunas prácticas comunes en Puerto Rico. En particular, la doctrina de la separación entre la Iglesia y el estado nos lleva a cuestionar el apoyo de los municipios a actividades tales como las campañas de cuarenta días de oración, los cultos al aire libre y las “servi-carros” de oración auspiciados por coaliciones de Iglesias o por congregaciones locales. Si un municipio usa fondos públicos para respaldar estas actividades o muestra favoritismo hacia un grupo religioso en particular, estaría violando la constitución.

La restricción legal también incide en el sistema educativo, evitando que el gobierno promueva una religión en particular por medio de las escuelas públicas. Esto pone en tela de juicio cualquier programa gubernamental que promueva la reflexión sobre temas religiosos en instituciones educativas.

La inmensa mayoría de las Iglesias afirman la separación entre la Iglesia y el estado. ¿Por qué? Porque a ninguna comunidad religiosa le conviene que el gobierno use fondos públicos para apoyar el trabajo de otra comunidad religiosa sobre las demás.

Ahora bien, la separación entre la Iglesia y el estado no impide que las personas de fe opinen sobre temas políticos o sociales. Por el contrario, el liderazgo religioso puede opinar con libertad precisamente porque no recibe fondos públicos y porque paga impuestos como todo otro ciudadano.

Esto me lleva al tema de los impuestos a las comunidades religiosas. El hecho es que la inmensa mayoría de las Iglesias son instituciones sin fines de lucro bona fide y que la mayoría de las personas que las dirigimos recibimos salarios sobre los cuales pagamos impuestos. Además, las Iglesias locales pagan impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre ventas y uso (IVU).

No puedo negar que existen algunos líderes religiosos que dirigen congregaciones que funcionan como negocios propios. La ley debería tratar a estos grupos religiosos con fines de lucro de una manera distinta a los demás.

El liderazgo religioso y las personas de fe pueden militar en partidos políticos, al igual que el resto de la población. En mi caso, yo he decidido abstenerme de participar en la política partidista y de votar en las elecciones generales. Sin embargo, ejerzo con libertad mi derecho a opinar sobre asuntos políticos y sociales.

En mis columnas yo no respaldo candidatos ni partidos políticos locales. Una vez más, no entro en asuntos de la política partidista puertorriqueña. Eso me da libertad para opinar, sin violar la separación entre la Iglesia y el estado.

Termino recalcando que el liderazgo religioso debe afirmar la separación entre la Iglesia y el estado, ya que la politización sería detrimental a nuestras comunidades religiosas y limitaría nuestro impacto en la sociedad.

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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com.