El 2017 está confrontando al pueblo de Puerto Rico con el costo de la inacción. ¡Qué caro sale no hacer nada!

Las personas dedicadas al análisis de la realidad política, social y económica de Puerto Rico llevan casi 20 años anticipando la ineludible llegada de la crisis que hoy sacude nuestra Isla. En lo personal, en febrero de 1997 advertí en una asamblea de mi denominación que Puerto Rico estaba a punto de una catástrofe económica que provocaría olas de emigración masiva. Aunque un puñado de personas tomaron mi opinión con seriedad, la inmensa mayoría de la gente rió de buena gana. No podían creer que la prosperidad vivida en la administración Roselló /Clinton pudiera terminar tan rápidamente.

Pero el hecho es que el mundo cambió en un día: el 11 de septiembre de 2001. En pocos meses los Estados Unidos estaban inmersos en una guerra que, en muchas maneras, aún continúa. La guerra llevó al Gobierno Federal a deficits insospechados, que se agravaron con la recesión ocurrida durante el segundo cuatrienio de George W. Bush, la crisis en el mercado de bienes raíces y el colapso de los mercados de valores.

El Gobierno Federal, tanto al final de la administración Bush como durante los primeros años de Obama, tomó medidas extraordinarias para salvar la banca (no las casas de la gente) y para estimular la economía. Hasta la Reforma de Salud contribuyó a la recuperación financiera, expandiendo los servicios de Medicare a las personas de la Tercera Edad.

Sin embargo, durante todos estos años el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico continuó evadiendo la crisis, aumentando impuestos y tomando más dinero prestado. Los administraciones de Calderón y Acevedo Vilá terminaron los proyectos comenzados por Roselló, pero también añadieron iniciativas costosas pero inefectivas, tales como la de las Comunidades Especiales.

Durante estos años la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue sacudida por toda una serie de controversias, particularmente por huelgas durante administraciones afiliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP). Dado que la UPR recibe 90% de sus ingresos del fondo general del gobierno, era claro que cualquier crisis económica implicaría reducciones en el presupuesto del sistema universitario. Era evidente que pronto habría que tomar medidas para aumentar ingresos y bajar gastos.

La pregunta que se impone es, pues, ¿qué hizo la UPR para lidiar con la crisis inminente? La respuesta es sencilla: muy poco, casi nada. No se consolidaron recintos, ni se tomaron medidas drásticas de austeridad. Además, la cuota impuesta por la Administración Fortuño para aumentar ingresos fue derogada por la de García Padilla. Así continuó el patrón de no prepararse para enfrentar la crisis.

Ahora Puerto Rico enfrenta otro paro y posible huelga universitaria. De acuerdo a la prensa, el estudiantado en protesta no desea reducción presupuestaria ni aumentos en la matrícula. Es decir, quieren que se gaste lo mismo que antes, pagando lo mismo de siempre. Claro está, nuestra sociedad puede tomar la decisión de proteger la UPR por considerarla crucial para el futuro de la Isla. Empero, eso implicaría reducciones mucho mayores en otras áreas de gobierno. ¿Está Puerto Rico en condiciones de proteger a la Universidad de esta manera? ¿Están las otras ramas de gobierno dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para privilegiar la educación universitaria? O, por el contrario, ¿es la UPR otro ejemplo de la parálisis política del país?

Cuando uno está en una crisis, lo más fácil es no hacer nada. Sin embargo, eso también es lo más peligroso. Hay una línea muy fina entre la firmeza y la paralización. Todos los sistemas se resisten al cambio, porque buscan la homeostasis. La pregunta es hasta qué punto esa resistencia al cambio impide el progreso, dejándonos estacionados en los fracasos de ayer.

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Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Para más información, visite: http://www.drpablojimenez.com

San Juan, PR