No es cierto que la administración Trump rechazó la estadidad como alternativa de estatus político para Puerto Rico. Tampoco lo es que se niega a la realización de plebiscitos. El hecho es que el Departamento de Justicia federal (DoJ, por sus siglas en inglés) evalúa cada vez que se aprueba una ley en la Isla para atender el asunto del estatus. A esta entidad le toca decidir si avala o no el proceso, si cumple con ser inclusivo, si tiene validez y si se asignarán fondos federales para su realización.
El DoJ hizo esta evaluación en el 2017, cuando se aprobó la Ley 7 para realizar una consulta de estatus. No avaló el proceso, porque se excluyeron alternativas y no se siguieron las recomendaciones federales. La Legislatura de Puerto Rico enmendó la Ley, pero no hizo los cambios que indicó el DoJ ni esperó por la respuesta de su segunda evaluación.
Bajo la administración del presidente Barack Obama y del gobernador Luis Fortuño pasó lo mismo. El diseño del plebiscito estaba preparado para beneficiar al Gobernador en su reelección, pero no servía para atender el asunto del estatus. No logró su objetivo, perdió la elección, y el resultado de las dos preguntas no podía utilizarse para adjudicar una victoria a la estadidad. La primera pregunta contradecía a la segunda, pues aquellas personas que votaron “Sí” para mantener la “Condición política territorial actual” pudieron votar en la segunda pregunta por otra alternativa de estatus “no territorial”.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) bajo la presidencia de Fortuño, que se identifica como republicano, y la de Ricardo “Ricky” Rosselló, demócrata, siguió la misma estrategia y las mismas tácticas. Se enfocó en hacer relaciones públicas a favor de ambos gobernadores y presidentes del Partido, pero no priorizó en diseñar una consulta con aval federal, que siguiera las recomendaciones de los ‘task force’ de Casa Blanca y del DoJ. No lo hizo bajo Obama ni durante la administración Trump.
El estatus no es un asunto que deba atenderse de forma unilateral y la estadidad no puede imponerse sin que el Congreso y el Presidente la aprueben. Excluir alternativas de estatus, hacer como si no existiera un sector que favorece la alternativa del ELA (Estado Libre Asociado de Puerto Rico), no funciona tácticamente, porque se viola la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Aunque en el PNP estén convencidos, o aparenten estarlo, de que el ELA es un engaño, que es solo una Constitución, que no tiene autonomía real, que es una condición política territorial y colonial, que no debe estar incluido en los plebiscitos, la realidad política es otra.
Guste o no, hay electores en Puerto Rico que favorecen el ELA como alternativa de estatus y hay un partido que dedica sus recursos a defender esta postura: el Partido Popular Democrático (PPD). Uno podría argüir que el PPD es ambiguo en su defensa del ELA y que no define esta alternativa con precisión, pero el hecho es que es el estatus vigente y tiene un sector que lo favorece. Los independentistas y estadistas (estadoistas) que están convencidos de que el ELA es un estatus colonial deben entender que su perspectiva de la condición política de Puerto Rico no puede suprimir la realidad política: hacer como si el sector que defiende el ELA no existe, no hace que desaparezca de la competencia política.
El presidente Trump no va a ignorar hechos políticos, del mismo modo que no lo hizo Obama; ni el Congreso ni Casa Blanca quieren imponer una alternativa de estatus; tampoco atenderán el caso de Puerto Rico de forma unilateral. La postura que predomina y que siguen todos los presidentes de EEUU, republicanos y demócratas, es la que los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen: el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a la autodeterminación. Esto implica que todas las alternativas de estatus deben incluirse.
El reto que tiene el pueblo de Puerto Rico y todas las partes organizadas a favor de una alternativa de estatus o de otra es ponerse de acuerdo para realizar un proceso con legitimidad (inclusivo y acorde al derecho) y credibilidad (validez). El PNP tuvo la oportunidad, y todavía la tiene, de diseñar una consulta de estatus con aval federal, pero el liderazgo del Partido se resiste a incluir al ELA, tal cual. Parece como si temiera que esta alternativa saliera favorecida. Otro posible escenario es que realmente no quiera un cambio de estatus y por eso realiza plebiscitos excluyentes y sin aval federal. También, puede que realmente crea que el ELA es un estatus colonial y no está dispuesto a ceder.
Cualquiera que sea el caso, la realidad política no desaparecerá. Los estadistas no lograrán su objetivo por la vía de la exclusión y la negación. Ningún presidente de EEUU que esté activo impondrá unilateralmente una alternativa de estatus. El Congreso tampoco lo hará. En el Partido Demócrata habrá luchas internas entre políticos y cabilderos vinculados con el PPD, el PNP y otros sectores. Mientras, el Partido Republicano, dominado en Puerto Rico por el PNP, puede aprobar resoluciones a favor de la estadidad y tener candidatos que la apoyen, pero quien sea el presidente de EEUU y los congresistas como conjunto no van a imponer la estadidad.
Obama favorece la estadidad ahora, porque ya no es presidente de la Nación. Puede jugar con la retórica para ayudar a su partido a ganar adeptos y electores puertorriqueños residentes en el estado competitivo y púrpura de Florida. Pero es solo eso, un juego retórico. Trump no es un obstáculo a la estadidad. Ningún presidente lo es. La traba principal a esta alternativa de estatus radica en Puerto Rico.