La reforma contributiva federal forma parte del programa de gobierno del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Persigue reducir los impuestos a la clase media y a las corporaciones domésticas para promover la inversión y la creación de empleos. El Partido Republicano, en principio, favorece políticas que lleven a una reducción de impuestos y a una economía tipo trickle down que vaya de arriba hacia abajo generando riquezas.

El hecho de que Puerto Rico (PR) se perjudique con la Reforma no debe interpretarse como un acto de mala fe por parte del Congreso y del Presidente. La asignación de billones en fondos federales de emergencia para atender la recuperación de PR, luego del paso del huracán María, prueba que no hay intención de causar perjuicio.

Sin embargo, en PR se busca un chivo expiatorio para sacrificar en el altar del “yo no fui”. Los candidatos externos son el Partido Republicano, el Congreso y Trump. Del mismo modo, se busca un culpable local, que puede ser el gobernador, Ricardo “Ricky” Rosselló, el ELA, los industriales, los populares, la comisionada residente, Jenniffer “JGo” González, junto al presidente de la Cámara de Representantes de PR, Carlos “Johnny” Méndez, y el presidente del Senado de PR, Thomas Rivera Schatz, entre otros. Como la culpa es huérfana, nadie asumirá el rol de modo voluntario.

A falta de consenso sobre que enmiendas se deben hacer a la Reforma para beneficiar a PR, se quedaron sin la soga y sin la cabra. Los populares y los industriales se aliaron al Gobernador para cabildear a favor de una exclusión especial de PR que lo privilegie frente a otros estados y países. La Comisionada Residente armó su equipo de cabildeo en alianza con los presidentes de la Cámara y el Senado de PR. Cada uno haló para su la’o.

No cabildearon a tiempo en Casa Blanca antes de que se presentara la medida ante el Congreso. Tampoco aprovecharon la visita que hizo el Presidente a PR ni la visita del Gobernador a Casa Blanca. Tardaron en llegar a la discusión en la Cámara y no llegaron a un consenso en la discusión del Senado federal. Ahora esperan por la armonización que hacen ambos cuerpos en un comité de conferencia legislativa.

Un lugar común entre los políticos puertorriqueños es no llegar a consensos. El tema del estatus de PR se metió en el medio y el meollo del asunto pasó a ser lo secundario. En vez de discutir asuntos contributivos, económicos y fiscales, se enfocaron en la pelea de no acabar.

Hasta Rubén Berrios del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) salió al paso a opinar sobre una supuesta muerte del ELA y de la estadidad. Cogieron pon los que guardaron silencio hasta el último minuto. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien se dedica a hacer relaciones públicas con la emergencia de PR, también se sumó a los críticos que después que le ven los… al perro, dicen que es macho. El estatus pa’quí, el estatus pa’llá. Lo menos que hablan es sobre propuestas viables para beneficiar a PR y evitar perjuicios de la reforma fiscal.

Si se aprueba la Reforma sin enmiendas favorables a PR, como quiera será una victoria para Trump y el Congreso dominado por los republicanos. Buscar culpables no ayudará a PR. Amenazar con hacer campaña contra los congresistas republicanos es contraproducente, pues todavía queda pendiente la asignación de más billones en fondos federales para la reconstrucción y cabe la posibilidad de que el comité de conferencia legislativa incluya incentivos y créditos contributivos a favor de PR. También, en la próxima sesión legislativa del Congreso se podría presentar una medida que atienda el caso de PR.

La desesperación no ayuda ni los ataques entre políticos ni la falta de consenso. Los primeros que se deben poner de acuerdo son los puertorriqueños. Ir a cabildear divididos lo que crea es confusión. Si no es posible llegar a un consenso, se debe asumir responsabilidad por lo que a cada cual le toca. Pero habrá quienes prefieran sacrificar al chivo.