El 2 de marzo de 1917, un millón de puertorriqueños fueron bautizados con la ciudadanía “americana”. Al hacerlo, ese millón de boricuas juraban de facto lealtad una constitución que no entendían porque estaba redactada en inglés, en un idioma que la mayoría desconocía. De hecho, un 95% de los bautizados no podía leer ni su preámbulo.

A punto de cumplirse un siglo de haber sido desnacionalizados, los puertorriqueños en nuestra Isla todavía hablan mucho español y poco inglés. Y todos los años nacen en nuestra Isla miles que aprenden a entender y a vivir sus contornos en su idioma vernáculo. El idioma es la base de la nacionalidad. Por eso, somos puertorriqueños porque nacimos en esta bella Isla y hablamos español. Por eso mismo, la ciudadanía “americana” del puertorriqueño antagoniza con su nacionalidad.

¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron para garantizar de alguna manera la lealtad de la colonia y su apoyo a las pretensiones imperialistas de los invasores. Sin embargo, tuvieron el cuidado de no incluir en el “regalo” el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, como tampoco el tener participación efectiva en el Congreso Federal.

Asimismo, cualquier historiador puede confirmar que el control fiscal que Estados Unidos ejerció sobre Puerto Rico en esos primeros 40 años fue de una explotación tal, que nos llevaron de la pobreza a la miseria.

Lo que sí lograron, fue convertir a Borinquen en un enorme y valioso enclave militar a su servicio en el Caribe.

Luis Muñoz Marín, independentista en 1938, fundó el Partido Popular Democrático sobre bases libertarias, pero ya para 1944 había traicionado el ideal cuando entregó la dignidad de nuestro Pueblo por pan, tierra, luz, agua y un par de zapatos. También incluyó en el negocio a las islas de Culebra y Vieques, que fueron utilizadas como teatros de guerra en las que practicaba el U.S. Navy. Ya para 1940, Muñoz Marín se aprestaba a exigirle ayudas económicas especiales a Washington a cambio de engavetar sus reclamos independentistas. Y las logró. Quedaron en la mirilla adelantos de gobierno propio, como elegir a un gobernador puertorriqueño (él mismo), y en 1950 ya negociaba con Harry Truman la Ley 600, que nos permitiría redactar nuestra propia constitución.

Y se inventó el Estado Libre Asociado con una Constitución en español, una bandera, un himno y todo un tinglado que prometía importantes matices de soberanía y que le lavaba la cara imperialista a los invasores, mientras en nada adelantaba el proceso de descolonización de Puerto Rico.

Esas apariencias se convirtieron en una mentira. O sea, un fraude monumental como lo describiera Vicente Géigel Polanco en su libro “La farsa del Estado Libre Asociado”.

Muñoz Marín impuso su voluntad. No obstante, su ELA colonial fue sepultado en junio del año 2016, dejando a un Puerto Rico en la quiebra económica y moral.

El Estado Libre Asociado propició la glorificación de la ciudadanía “americana”, y ya en 1968 teníamos en el poder a un partido que profesaba la estadidad. Tanto empujó Muñoz el concepto de “unión permanente”, que los electores votaron en favor de “eso mismo” con el Partido Nuevo Progresista. Todo esto sucedía mientras la independencia dejaba de ser una fuerza electoral en nuestra nación.

El experimento jurídico del ELA finalmente fracasó, y nos dejó una deuda billonaria de la cual Estados Unidos se desentendió, rehusando ayudarnos a solventarla. Entonces, desafiando los principios de la democracia y en violación de nuestros derechos humanos, nos acaban de imponer una Junta de Control Fiscal que nos gobernaría por decreto.

Esta agresión colmó la copa de los abusos, provocando que los puertorriqueños hayamos organizado una resistencia que incluye protestas en las calles y –particularmente- en las actividades que pueda celebrar esa Junta Imperial. Y es que la nacionalidad nos obliga a rechazar el crimen del coloniaje, como también el suicidio de la integración a la unión federal  como el estado 51.

Acampados permanentemente en los predios de la Calle Chardón, los protestantes rechazan la autoridad de la Junta de Control Fiscal al extremo de llegar a la desobediencia civil que Henry David Thoreau convirtió en recurso de combate para defender la causa de los oprimidos.

La razón fundamental para la violencia que se desató en la manifestación de protesta frente al Condado Plaza hay que encontrarla en el abuso de Washington al desmantelar el gobierno electo por los puertorriqueños para sustituirlo por siete personas que no representan ni la voluntad ni los intereses de nuestra gente.

La lucha en contra del coloniaje ha escalado a tenor con la gravedad de los abusos cometidos por la administración de Barack Obama, y eso incluye su negación de liberar a nuestro patriota Oscar López Rivera.

La violencia siempre ofrece una cara fea, y más aún cuando se trata de policías puertorriqueños peleándose con puertorriqueños que rehúsan optar por no repeler las agresiones del Imperio. Si de algo es culpable los Estados Unidos, es de haber violado la dignidad de los puertorriqueños, y la Junta de Control Fiscal no es otra cosa que la máxima expresión del coloniaje.

Tomen eso en cuenta los analistas y el gobernador Alejandro García Padilla cuando evalúen la conducta de los manifestantes en los predios aledaños al Condado Plaza.

Y ya que García Padilla, al referirse al motín frente al Condado Plaza, nos quiere aleccionar con la frase “el derecho de uno comienza donde termina el del prójimo”, yo le pregunto: En la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ¿dónde termina el derecho de los “americanos” y cuándo rayos comienza el de Puerto Rico?