El juez federal Juan R. Torruellas tronó en contra de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal calificando el proyecto como uno “denigrante y despectivo”, así como la más burda agresión colonial que hayan perpetrado los Estados Unidos en contra de Puerto Rico y los puertorriqueños.

En conversación telefónica, Billo Torruellas, con quien compartí en el baloncesto superior con los Gallitos de la UPI en 1952, fue tan lejos como para comparar el abuso con la invasión de 1898.

Y es que no hay manera de justificar la violación de los más elementales principios del sistema democrático que se dan en la Ley PROMESA que acaba de firmar Barack Obama con el propósito de sustituir la autoridad de un gobierno electo por el pueblo puertorriqueño en las elecciones del 2012 por una junta de siete personas que van a regir los destinos de nuestra nación.

Basta ya de abusos.

Parece mentira que un presidente que representa la democracia más poderosa del mundo y que ventea sus bondades por todo el Planeta, incurra en una agresión tan obviamente anti democrática contra un pueblo indefenso al cual Estados Unidos tiene sometido a un régimen colonial desde el momento mismo en que lo invadió en 1898. Y todo para cobrar una deuda billonaria a unos bonistas, muchos de ellos especuladores.

Lo que tenía que hacer el Imperio era ayudarnos a resolver la crisis, como ayudaron a la General Motors y a otros mega negocios. Como también aceptar su responsabilidad por gran parte de esa deuda que, como bien argumenta el juez Torruellas, no es mayor que el tributo que ha pagado Puerto Rico por la imposición de leyes federales como la de cabotaje, que se nos ha aplicado por más de 100 años.

De ahí surge la idea de la resistencia civil con el pueblo en las calles protestando por el abuso y jurando que no vamos a aceptar la autoridad de esa junta imperial que, por decreto, quiere desmantelar un gobierno electo por la voluntad de los puertorriqueños.

¿Qué puede hacer nuestro gobierno ante esta agresión? La oficialidad electa por los puertorriqueños puede desafiar e impugnar la autoridad de la junta imperial. Me refiero al gobernador y a la Asamblea Legislativa.

Que nos lleven a los tribunales para decidir si el Congreso Federal y el presidente Obama tienen base moral y legal para anular el mandato de todo un pueblo manifestado en unas elecciones generales como las del 2012. O jugamos con las reglas de una democracia o bajo los decretos de una dictadura.

De no cumplir el Ejecutivo y nuestra Legislatura con su deber ministerial, entonces la resistencia civil tiene que manifestarse en las calles, en todos los comités del Partido Independentista, en cada municipio protestando con un rotundo NO A LA JUNTA IMPERIAL.

Resistencia que en el caso del PIP culminará con un voto en favor de la independencia de Puerto Rico para darle a este partido el crecimiento electoral necesario para acabar con la hegemonía de los dos partidos coloniales en este país: el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista.

Condenemos en todos los foros internacionales el crimen del colonialismo que los Estados Unidos abierta y descaradamente cometen en contra de la nación puertorriqueña. Para que dejen de estarse pavoneando como los paladines de la libertad y la democracia.