¡A las trincheras! Nada de nuevo en este grito que ya había sido un llamado a la guerra electoral por Hernández Colón en pasadas elecciones.

Porque un Nostradamus moderno que todo lo predice a la perfección y que nos recuerda al feroz Atila con el apoyo de estadoistas acérrimos acaban de sentenciar a la Ley Promesa y a su Junta de Control Fiscal a las pailas de la inconstitucionalidad. Y por unanimidad.

Esa es la noticia de la semana.

Por fin corazón, por fin. La Ley Promesa que firmara el presidente Barack Obama en junio de 2016 rebosaba inconstitucionalidad y eso lo sabía muy bien un profesor de derecho como Obama que siendo absolutamente deshonesto firmó una ley que atropellaba anti democráticamente a un gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico. Abusador que culmina todo un cuatrienio de abusos contra un Pueblo indefenso. Jamás olvidemos lo mezquino e injusto que fue Barack Obama con los puertorriqueños incluyendo a nuestro héroe nacional Oscar López Rivera.

El gobernador Ricky Rosselló. Mal asesorado, creyó en la posibilidad de bregar con este instrumento fascista y por meses él y los penepés le rindieron algunas pleitesías a la Junta que en verdad velaba primariamente por intereses que no eran los de Puerto Rico. Y mucho tiempo desperdició Rosselló en ese tira y jala antes de, ‘pararles el caballito’ con su versión del “don’t push it”.

Le correspondía al entonces gobernador Alejandro García Padilla el rechazar tajantemente esa Imposición en el 2016 haciendo valer lo poco de democracia de nuestro gobierno ante el máximo atropello imperial de los Estados Unidos que, a pesar de cantarle loas a los conceptos de “freedom and democracy” muy poco respeta esos principios cuando se trata de defender sus intereses políticos y económicos urbi et orbi.

En este asunto de pecados inconstitucionales perpetrados por el imperio norteamericano yo voy un poco más lejos al afirmar que la CLÁUSULA TERRITORIAL que se incluye en la magna carta de los Estados Unidos es, de salida, una cláusula que antagoniza con el concepto mismo de la constitucionalidad ya que NO garantiza a todos sus constituyentes un trato igual en derechos.

Por el mismo razonamiento la Ley Jones Saffroth de 1917 incumple con el principio igualitario de la constitucionalidad al imponerle a los puertorriqueños una ciudadanía ‘americana’ de segunda clase y obviamente inferior a la que se le otorga a cualquier ciudadano de los cincuenta estados.

Estadista: abran los ojos y el cerebro.