Justo en el ombligo de la ya famosa Navidad más larga del mundo, Puerto Rico encara una temporada festiva muy distinta a la de otros tiempos. En la superficie, la apariencia sigue siendo una de jolgorio y algarabía. Pero tras bastidores ya se comienzan a mover las fichas de lo que representará uno de los procesos más dolorosos y radicales que la Isla haya vivido. Y esas fichas, van mucho más allá de las vistas de transición o de los nombramientos del gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares.

Lo cierto es que, en círculos muy cerrados, miembros del equipo de Rosselló Nevares, del actual gobernador Alejandro García Padilla, de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y del Tesoro federal, trabajan a toda prisa en un nuevo plan fiscal que deberá sentar las bases para negociar con los acreedores de la deuda boricua, según revela hoy en portada de Revista Negocios de El Nuevo Día nuestra periodista Joanisabel González.

Si bien en ocasiones anteriores, aun durante cambio de administraciones, Puerto Rico parecía “desconectarse” por completo para festejar la Navidad, la crisis que encara nuestro pueblo a esta alturas del juego da muy poco espacio para esa añorada pausa.

Y es que, aunque la población en general todavía no lo parece aquilatar, en febrero de 2017 el Gobierno de Puerto Rico se quedará sin dinero para operar.

El tema se complica aún más con la advertencia de que el plan fiscal que le exige la JSF a Puerto Rico no debe considerar las significativas asignaciones presupuestarias federales a las que la Isla aspira en temas como, por ejemplo, salud. Si a esto se le añade el hecho de que la Isla ha perdido acceso a los mercados y que son muy pocas las opciones de conseguir un financiamiento a corto plazo, los caminos parecerían conducir un callejón sin salida.

En el artículo de portada, González entrevista a economistas, expertos en deuda municipal y peritos en quiebras, sobre las alternativas que tiene Puerto Rico, así como los riesgos de esas alternativas.

Ciertamente, la ley PROMESA provee varios mecanismos para atender el tema de la deuda, incluyendo el Título III con una herramienta muy similar a la quiebra, así como el Título VI, que permite una renegociación siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la mayoría de los acreedores, por cada emisor.

Si bien hay bandos a favor y en contra de ambos mecanismos, ninguno vendrá exento de sacrificios, grandes ajustes y recortes dolorosos tanto para la ciudadanía como para los bonistas.