La debacle fiscal que encara Puerto Rico es mucho más grave de lo que muchos piensan y las decisiones que la Isla necesita tomar a corto plazo se tienen que adoptar y ejecutar con una urgencia que todavía la masa no lograr aquilatar.

El risco fiscal que se encamina para el  sistema de salud, la virtual insolvencia de los planes de pensiones y la incertidumbre que genera la expiración de la Ley 154, serán tres golpes que afectarán severamente a Puerto Rico si no se toman medidas inmediatas y contundentes.

En el caso de salud, los fondos para Medicaid provistos por el llamado Obamacare se podrían agotar en el 2018. Si el Congreso federal no extiende esa asignación,  Mi Salud enfrentaría una pérdida de $1,600 millones.

Por otro lado, la Administración de Sistemas de Retiro, según publicó El Nuevo Día, debe pagar unos $1,300 millones en pensiones anualmente, y desde el año pasado quedó sin fondos suficientes.

Mientras, la Ley 154, que establece el 4% de impuesto a las empresas foráneas y que representa una quinta parte del dinero que recibe el fondo general y unos  $1,927 millones en el presupuesto actual, está a punto de llegar a su fin, pues el estatuto expira en el 2018. Y pese a que los candidatos de los principales partidos políticos han expresado su intención de extender el impuesto, existen pocas probabilidades de que el Tesoro  le  siga permitiendo a las empresas foráneas que pagan ese tributo deducir el mismo mediante un  crédito en la planilla federal como lo han hecho hasta ahora.

En paralelo, el plan fiscal presentado por la administración del gobernador Alejandro García Padilla evidencia un panorama crítico y ofrece medidas que, aunque muy duras, no logran resolver los problemas financieros de Puerto Rico en una década. Dicho plan, incluso, no contempla dinero alguno para el pago de la deuda en 10 años.

Como preámbulo, este año fiscal 2017 podría cerrar con un déficit de $4,772 millones, aún con $1,400 millones adicionales en impuestos cortesía del aumento del IVU y la “crudita”, y con una población que ha decrecido 9% durante la pasada década.

Entretanto, los candidatos que aspiran a gobernar prometen atender la crisis con fórmulas que parecen mágicas. Por un lado, Ricardo Rosselló buscará reducir 10% del gasto sin despido de empleados. David Bernier, por su parte, asegura que consolidará agencias y servicios, sin despedir a nadie.

Sin duda, nadie gana elecciones diciendo que viene con la tijera amolada para recortar empleos en el Gobierno. Pero, ante la coyuntura en la que nos encontramos, la transparencia debería ser la orden del día. Aritméticamente, lo que los candidatos proponen, no funciona.

No cabe duda de que cualquier medida de austeridad o reducción masiva en la nómina gubernamental  será nociva para la economía. Un estudio reciente comisionado por el propio  Gobierno estima que una reducción de la jornada laboral de tan solo un día tendría un impacto negativo en la economía por la vecindad de los $700 millones al año y provocaría una reducción en el sector privado de 25,000 puestos.

Pero hablar de consolidación de agencias, de servicios y de reducción en el gasto, sin tocar a un solo empleado, es un truco difícil de lograr.

Los candidatos con mayores probabilidades de ganar las elecciones tienen que admitir que el Gobierno se tiene que hacer más eficiente y que eso significará con toda probabilidad un aparato público aún más pequeño.  Por miedo a perder votos, no lo han querido articular.

Sin embargo, lo que deberían articular son estrategias para fortalecer las oportunidades en el sector privado, que puede ser el sector más apto para absorber a ese empleado público que ya no tendrá espacio en el sector gubernamental.

Ya sea a  través de la renegociación de la deuda o en las estrategias que se logren implementar se debe liberar algún capital para invertir en el readiestramiento del recurso humano del sector público, con el único fin de que éste pueda reinventarse,  y  abrazar el empresarismo y la exportación de servicios.

Tenemos que dejar de ver al Gobierno en una función de mero empleador y comenzarlo a ver como un facilitador. Pero esto no significa recortar y dejar fuera al empleado público para cuadrar el presupuesto, sin reubicarlo y sin ofrecerle las herramientas para una transición al sector privado.

Dicho esto, entre las prioridades de los que aspiran a gobernar, debe estar una reorganización profunda del aparato gubernamental, con la misión de transformarlo en un ente efectivo, menos costoso y que rinda los servicios que el pueblo necesita para prosperar. Entre las tareas prioritarias debe estar el  facilitar la permisología de una vez por todas, para que tanto la empresa nativa y la inversión foránea puedan florecer e impulsar el crecimiento que Puerto Rico necesita.

Solo ese crecimiento del sector privado, logrará detener la fuga masiva de la población y generar la riqueza necesaria para mejorar la infraestructura y los servicios,  pagarle a nuestros pensionados, pagar la deuda y lograr un Puerto Rico mejor.

Esto no se logra con varitas mágicas, ni con trucos. Comencemos, entonces, cambiando  la narrativa y hablando sin tapujos. La solución a la crisis  requerirá  sacrificios y voluntad. Para lograrla  tenemos que comenzar reconociendo nuestra dura realidad y aceptando que no existen atajos ni fórmulas mágicas para reconstruir al País.