Desde que fueron revelados los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal creada para atender los males fiscales de Puerto Rico, las opiniones, los truenos y las críticas no han cesado. Algunos de los nombramientos de la Junta, como el de Carlos García, otrora presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Luis Fortuño, han generado indignación en algunos círculos empresariales y políticos.

Muchos cuestionan el nombramiento debido a que la Junta a la que ahora pertenece García es el mismo ente que deberá pasar juicio sobre la deuda emitida por el Gobierno de Puerto Rico a través de sus distintos emisores, incluyendo el propio BGF que él presidió.

Otra de las críticas gira en torno a la percepción de que la Junta vendrá a resolver el entuerto fiscal con una sola meta en mente: pagarle a los bonistas, sin darle prioridad al tema de desarrollo económico de Puerto Rico o al bienestar de nuestra gente o de nuestros pensionados.

Si bien todas las preocupaciones son válidas, Puerto Rico no debe perder el norte y tiene que agarrar el toro por los cuernos. Sobre todo en lo que respecta al Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico. Ese “task force”, figura como la pieza mediante la cual Puerto Rico podría tratar de asegurar herramientas que verdaderamente propicien desarrollo económico.

Ese “task force” nunca fue una prioridad para los congresistas que crearon la ley PROMESA. De hecho, fue incluido a última hora como una enmienda al proyecto tras el cabildeo del sector privado y del Gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, si Puerto Rico no se pone las pilas en hacer valer la existencia de dicho “task force”, será muy poco lo que se pueda lograr en pro de la economía.

La semana pasada, el senador republicano Orrin Hatch, quien lidera el “task force”, reveló que había recibido sobre 335 comunicaciones con recomendaciones de diversas entidades y personas. Sin embargo, sus expresiones vinieron acompañadas de una advertencia: “la relativa falta de datos confiables sobre determinados aspectos de la situación económica, financiera y fiscal” de Puerto Rico. Un señalamiento que ya Hatch había hecho hace unos meses debido al retraso de la divulgación de los estados financieros de Puerto Rico. Sin embargo, al reiterarlos la semana pasada en medio de sus comentarios sobre las recomendaciones al “task force”, Hatch nos da un atisbo de que cualquier esfuerzo para lograr impulsar nuestra economía que se quiera lograr mediante este grupo congresional será cuesta arriba.

Así las cosas, los esfuerzos y las recomendaciones que se dirijan a este grupo tendrán que estar bien blindadas y sustentadas por números y datos concretos. Propuestas que demuestren cómo exactamente se generará desarrollo económico para la Isla y, preferiblemente, sin costo alguno para el gobierno de Estados Unidos. Recuerden que hasta la propia Junta tiene que ser costeada por el quebrantado Gobierno de Puerto Rico ¿Suena injusto? En efecto… Gajes de la colonia.