En algún lugar, sumergida entre documentos, mociones, cartas de la Junta Fiscal y reportajes periodísticos, la jueza Laura Taylor Swain, debe estar halándose los pelos.

Los reclamos de Swain durante una vista de emergencia el pasado martes, dirigidos al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), implorando a ambas partes a que trabajen en conjunto por el bien de la isla y a que eviten la duplicidad en los gastos de asesores, parecen haber caído en oídos sordos. Esto a juzgar por los hechos que han surgido durante los pasados días, con los que fácilmente se podría escribir el libreto de una serie al estilo de Shonda Rhimes, en la que los espectadores y críticos se sientan a juzgar las movidas de los protagonistas mientras comen popcorn.

La cancelación de la vista por parte de la JSF hace poco más de una semana, donde el ente creado por Promesa esperaba certificar un Plan Fiscal para el Estado Libre Asociado, fue apenas el comienzo del drama.  Esa cancelación repentina sirvió como preámbulo para las cartas de la JSF del pasado miércoles, estipulando que los planes fiscales revisados por el gobierno de Ricardo Rosselló, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, violentaban los preceptos de Promesa y que, por ende, tenían que ser subsanados.

En síntesis, la Junta puso en duda los proyecciones de recaudos del Plan Fiscal, cuestionó los gastos, objetó  las fechas en las que entrarían en vigor las reformas, tiró por la borda la propuesta para la creación de los condados y exigió  un recorte en las pensiones.

A solo horas de haberse emitido estas cartas, el primer mandatario contestó con un mensaje televisado que no duró ni seis minutos, pero cuya sustancia e impacto trascendió todo lo que dijo en los más 90 minutos que duró su reciente Mensaje de Estado. En resumen, el mandatario dijo en cinco minutos que no tocará las pensiones, que retiraba su propuesta de reforma laboral y que la intromisión de la JSF en cómo el gobierno administra a Puerto Rico, no es acorde con la ley Promesa. La guerra fue declarada.

¿Y la petición de colaboración de Swain? “Gracias, pero ahora no”, parecían decir las acciones del gobierno y de la JSF.

Ahora bien. Tanto la administración Rosselló como la JSF, saben que Puerto Rico necesita medidas drásticas de manera urgente para salir del hoyo.  Entran en conflicto, sin embargo, las visiones republicanas y demócratas de administrar el gobierno. Pero más allá de eso, existe un factor debajo de la alfombra que se perfila como la génesis de la discordia. Rosselló aspira a la reelección, más no así la JSF. Y alguien tiene que ser el malo de la película.

El espectáculo que veremos a continuación estará compuesto por forcejeos, objeciones, enmiendas y defensas de lo que es aceptable versus lo que es necesario. Lo lamentable es que se perderá tiempo y credibilidad.

Cada día que pasa en Puerto Rico y no se encamina su proceso de ajuste, es un día en el que la incertidumbre aumenta, el clima de hacer negocios en la isla se deteriora y la fe de nuestra gente en el futuro se erosiona. La famosa línea de crédito CDL, con toda probabilidad no se desembolsará, pues es poco probable que el Tesoro esté dispuesto a dar dinero sin un Plan Fiscal certificado.

En resumen, todo apunta a que, por diseño y estrategia, los acuerdos para encaminar a Puerto Rico en un proceso de ajuste tardarán más de lo anticipado. Seguimos postergando nuestro camino a la recuperación por temor a los cambios y sus repercusiones, sin darnos cuenta de que el costo de no hacer nada es uno que ya no podemos pagar. Y no se trata de favorecer la propuesta del gobierno por encima de la Junta, ni viceversa. Se trata de que ambos entes, gobierno y Junta Fiscal, deben trabajar en conjunto para encaminar reformas que realmente propicien el crecimiento económico y el bienestar del pueblo.

La petición de Swain de que la Junta y el gobierno deben trabajar juntos puede sonar simplista y hasta algo “cumbayá”. Pero, a veces las soluciones a los problemas comienzan con los actos más sencillos y sensatos.

Tanto la Junta como el gobierno darían una lección histórica si se unieran para trabajar en reformas realistas que propicien la creación de riqueza y que combatan la desigualdad.