La llegada del 2016 trajo consigo las cifras finales de quiebras para el mes de diciembre del año pasado, con números que no deben pasar desapercibidos.

Según el informe más reciente de Boletín de Puerto Rico, divulgado ayer, el año cerró con una disminución del 2% en la cantidad de quiebras radicadas, para un total de 10,469 casos radicados.

Sin embargo, durante el mes de diciembre las radicaciones de quiebras experimentaron un incremento de 5% en relación con el mismo mes del año anterior, para un total de 881 casos.
En el renglón del Capítulo 11 -reorganización- ese segmento se disparó con un total de 34 empresas buscando la protección de la corte de quiebras. Eso representó un alza de 386% en relación con las quiebras radicadas durante ese mismo mes en 2014.

Sin duda,  ese incremento es alarmante. No obstante,  es vital poner en contexto el hecho de que una avalancha de empresas se acogió en diciembre a la Ley de Quiebras de manera súbita, en la medida en que el Departamento de Hacienda fue tocando sus puertas con órdenes de embargo por estas adeudar cientos de miles de dólares, y en algunos casos millones, vinculados al pago de IVU.

Si bien Hacienda está realizando una labor de fiscalización que hace mucho tiempo debió haber iniciado, ahora la dependencia tiene el monumental reto de evitar que aquellas empresas que no están cumpliendo con la ley al no remitir los pagos del IVU se escuden bajo la Ley de Quiebras para robarse el dinero del consumidor.  Prohibido olvidar que estamos pagando un IVU agrandado cortesía de una crisis fiscal profunda. Prohibido, entonces, permitir que algunos se roben ese dinero que tanto nos cuesta.