La desobediencia civil, esa forma de protesta pacífica demonizada en Puerto Rico por el liderato más recalcitrante del Partido Nuevo Progresista, acaba de ganar para sus filas al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Si me meten preso, que así sea”, declaró Rosselló Nevares en una entrevista con WKAQ Radio en la que reiteró su oposición a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal de recortar en dos días al mes la jornada laboral de decenas de miles de empleados públicos.

El gobernador anunció el viernes, horas después de que la JSF aprobara la antipática resolución, que no estaba dispuesto a acatarla.

La JSF, amparada en la ley PROMESA, tiene todas las de ganar en esta confrontación, pero falta ver si llegará tan lejos como los reta Rosselló Nevares.

Mientras Rosselló Nevares afirmaba este lunes por radio que estaba dispuesto a ir preso por desacatar la orden de la Junta Fiscal, el organismo parecía estar preparando el terreno para hacerse con el control de la caja del Departamento de Hacienda a través de un gerente central que pase por encima del secretario de la agencia.

El gobernador, por vía de su secretario de la Gobernación, William Villafañe, ya le dio instrucciones escritas a los jefes de agencias para que no implanten la reducción de dos días mensuales que la Junta decidió.

La intención de desacato es un hecho, aunque en vista de que la orden de la Junta entra en vigor con la primera nómina de septiembre, sería entonces cuando se configuraría el incumplimiento.

¿Qué pasará de aquí a allá? Lo más probable es que la amenaza de desobediencia civil del gobernador no llegue a cumplirse porque la Junta hará uso de los recursos que le provee PROMESA para quitarle el balón de las manos antes y poner en vigor el recorte sin su aval.

Será un alivio para los correligionarios más recalcitrantes del gobernador. No tendrán que reconocer como su líder a un desobediente civil.