Lo que surgió el jueves en la audiencia de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la Autoridad de Energia Eléctrica no sorprendió a nadie. Ahora es oficial: la burocracia y la incompetencia están enterrando a la AEE.

Como remedio al fracaso propio y de sus antecesores, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares propone privatizar la joya de la corona que por muchos años fue la AEE y antes la Autoridad de Fuentes Fluviales.

Quieren vender a precio de quemarropa, poniendo la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica en manos privadas. Los posibles compradores lo querrán todo, menos la deuda, por supuesto.

Los $9,000 millones que debe la AEE –una deuda que expertos dicen que se duplicó en el cuatrienio de Luis Fortuño—se quedan en casa, o sea, que los tendremos que pagar nosotros, los contribuyentes.

La luz costará más –es falsa la teoría del gobernador de que los abonados pagaremos menos por kilovatio-hora, según los expertos en el tema—y el servicio privatizado no será garantía de nada. ¿O es que ya nos olvidamos del fiasco de las telecomunicaciones, privadísimas todas, a raiz del huracán María? No deberíamos porque todavía muchos están sin teléfonos, ni internet, ni cabletelevisión.

El jueves, en Nueva York, la Junta Fiscal escuchó lo que ya sabía de la AEE. Los testimonios evidenciaron el desastre que venía cocinándose por años y que hizo crisis tras el huracán.

Como aquí siempre les creemos más a los federales, el testimonio de la administradora adjunta de FEMA para la Región 9, Asha Tribble, debería calar hondo. La funcionaria habló de lo difícil que se hizo trabajar con la cadena de mando, léase el enjambre de burocracia, para avanzar en los trabajos de recuperación.

Claro está, FEMA, las siglas de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, quiere también justificar su pobre desempeño en Puerto Rico. ¿O ya nos olvidamos de los toldos azules que brillaron por su ausencia los primeros tres meses después de María? Por solo mencionar un ejemplo.

Curiosamente, Tribble elogió el trabajo de Whitefish Energy, la pequeña e inexperta compañía de Montana contratada por $300 millones en una transacción que tuvo que ser anulada y que está bajo la lupa del FBI. Eso sí, las facturas que llegó a presentar Whitefish que las pague el gobierno de Puerto Rico porque FEMA insiste en que no desembolsará un centavo para ese fin.

En la audiencia quedó muy clara la denuncia del entorpecimiento burocrático, pero es importante separar el grano de la paja. La supervisión estricta de una poderosa Comisión de Energía no puede confundirse con burocracia, como quieren hacer creer los promotores de la privatización.

El enjambre burocrático es de hechura interna en la AEE y tiene su base en la grave politización que la controla desde hace años, tanto bajo gobiernos populares como novoprogresistas. Y lo que emana como resultado de esa politiquería es una incompetencia monumental.

Tan incompetentes son que, aun viviendo en el mundo de las energías renovables, han sido incapaces de abandonar la dependencia extrema en el petróleo y el gas natural como fuentes de energía.

Es esperanzadora la oposición de la Junta Fiscal a la propuesta de Rosselló Nevares de prácticamente desmantelar la Comisión de Energía, que es el único organismo que, bajo el esquema actual, puede representar la protección de los abonados.

Es un camino tortuoso y lleno de obstáculos el que ha escogido seguir el gobierno. Y la andadura apenas comienza.