El plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica sometido esta semana a la Junta de Supervisión Fiscal es, para usar un lenguaje moderado, una chapucería y, lejos de una defensa de los abonados, lo que propone sería desastroso para el País.

El plan lo que hace es poner en la mira a la Comisión de Energía de Puerto Rico para liquidar, o cuando menos debilitar, al ente regulador que sería la única defensa del consumidor en un escenario de privatización de las funciones de la AEE.

Pero no solo eso. El plan sometido por la administración del goberndor Ricardo Rosselló Nevares apunta hacia el mismo aumento tarifario que la Comisión de Energía ya le rechazó a la AEE y no sustenta sus conclusiones con datos sobre el consumo, ni las pérdidas en infraestructura y facturación a causa de los huracanes Irma y María.

Y no es que la AEE esté en la situación en que se encuentra por culpa de Irma y María. La corporación pública, la antigua “joya de la corona” del gobierno, está en quiebra por la mala gestión de sus administradores y la politización a la que la han sometido todos, todos, los gobiernos, populares y novoprogresistas.

Si algo era salvable de las propuestas de la ex oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, era precisamente la parte que proponía acabar con el partidismo en la contratación y regresar al sistema de mérito.

Pero volvamos al plan fiscal que está ahora ante la Junta. El documento estima en $17,606 millones los fondos federales que necesita la corporación pública para restaurar la red eléctrica, pero no basa la cifra en sus propios estudios sino en un informe preparado por un grupo de trabajo creado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para colaborar en la recuperación del servicio eléctrico en Puerto Rico.

Parece obvio que lo que plantea el gobierno en el plan fiscal sometido, el mismo que el gobernador ha dicho que es “certificable” por la Junta Fiscal, no es cónsono con el discurso público de Rosselló Nevares.

Hay un problema de sincronización de labios, lo que se conoce como lip-sync y que ocurre cuando la imagen y el audio de una transmisión no van a la par.

Rosselló Nevares primero prometió que el 95% del País tendría el servicio eléctrico restablecido para el 15 de diciembre, algo que todos sabemos que no ocurrió. De hecho, al día de hoy por lo menos una tercera parte sigue a oscuras.

Ahora, el gobernador le está diciendo al País que es necesario privatizar la AEE para que haya servicio de electricidad y que de esa privatización resultarán tarifas más bajas. Habló de 20 centavos por kilovatio/hora cuando lo que está proponiendo en el papel podría elevarse a 32 centavos por k/h.

Al anunciar el inicio del proceso de privatización, dijo que se buscaría un operador privado para hacerse cargo de la transmisión y distribución de energía. Luego hemos conocido que también piensan otorgar “franquicias” para la generación de electricidad, para lo que propone vender las unidades generatrices de San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Sur, sin descartar salir también de otras.

La privatización puede resultar en mayor eficiencia, pero no necesariamente es así. Basta recordar lo que ocurrió años atrás en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con los fracasados contratos de Ondeo y la Compañía de Aguas.

De igual forma, la privatización no garantiza continuidad en el servicio. Acabamos de verlo con la caída prolongada de las telecomunicaciones tras el paso de María en septiembre pasado, un asunto que todavía no ha sido resuelto del todo.

Cuando se postuló por primera vez a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet acuñó una frase de campaña que fue muy efectiva. Decía entonces la ahora presidenta saliente chilena lo siguiente: “Digo lo que pienso y hago lo que digo”.

En Puerto Rico, los políticos no dicen lo que realmente piensan, ni mucho menos hacen lo que dicen.