Los legisladores, los de ahora y los de siempre, viven obsesionados con reglamentar la transparencia, que es de lo que se trata el tema y no de ser transparentes.

Los gobiernos tienen el deber de actuar con transparencia, un concepto que no necesita de leyes para aplicarse porque las leyes y los reglamentos de transparencia lo que han hecho a través de la historia es interferir con ella.

La legislación sobre transparencia que han aprobado las cámaras, y que verá el gobernador si firma a su regreso de sus vacaciones familiares, hace exactamente lo mismo que los intentos anteriores: ponerle zancadillas a un concepto en el que no se cree.

En la última administración del recientemente fallecido exgobernador Rafael Hernández Colón, los periodistas y el gobierno tuvimos un sonado enfrentamiento a causa de los intentos de aquella administración de ponerle trabas a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Hace años que le perdí la pista a ese estatuto, o los que hayan venido después con iguales propósitos, pero esa vez —al menos— le ganamos una al gobierno haciendo que desistiera de su intención.

Aquella medida hacía, en esencia, lo mismo que el proyecto actual: proclamar el acceso a todo lo que haga el gobierno e imponer condiciones restrictivas, algunas absurdas, para que el ciudadano pueda obtener la información que busca.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, para entonces presidida por la colega Laura Candelas, dio la batalla.

Recuerdo que fuimos en delegación a Fortaleza y hasta nos atrevimos a discutir sobre derecho constitucional nada menos que con el exjuez asociado del Tribunal Supremo Lino Saldaña, a quien Hernández Colón había invitado a la reunión con los periodistas.

Esa pelea la ganamos, no sé si por los argumentos convincentes de cuatro muy atrevidos ignorantes del derecho o porque Hernández Colón supo retirar a tiempo sus enmiendas a aquella ley.

Hay distancia y categoría entre aquellos tiempos y los que corren ahora (y no tiene nada que ver qué partido esté en el poder).

A lo mejor el gobernador Ricardo Rosselló decide escuchar los justos reclamos de los periodistas y veta el proyecto de transparencia. Ojalá.

Pero si después de las buenas razones que se han expuesto, determina convertirlo en ley, tendrá una magnífica oportunidad de estrenarla poniendo sobre la mesa todos los detalles de sus vacaciones francesas.

No queremos saber para nuestro deleite, sino porque es su obligación como gobernante. Estarán de acuerdo, sin lugar a dudas, los legisladores que votaron a favor de la medida.