No hay duda de que presidir la Comisión Estatal de Elecciones es un tostón. Pero ahora la Ley Electoral de Thomas Rivera Schatz lo ha convertido en un tostón relleno.

El proceso dispuesto en la ley de 2020 que el entonces presidente del Senado empujó a la trágala complica sobremanera la selección del nuevo presidente del organismo electoral.

Antes, los comisionados electorales se ponían de acuerdo sobre un candidato y el gobernador de turno lo nombraba. Si no había consenso, el gobernante sometía a su elegido a confirmación legislativa y ya.

Ahora no. La ley actual agrega otro elemento: el Tribunal Supremo, que con una mayoría de jueces puede resolver el impasse que ocurra a nivel legislativo.

Con la composición legislativa de este cuatrienio, en la que el partido del gobernador perdió la mayoría en ambas cámaras, existe una alta probabilidad de que el nombramiento del nuevo presidente de la CEE tenga que hacerlo el Supremo.

La ley complica también el aval legislativo porque solamente le otorga 15 días naturales a las cámaras para aprobar al candidato y, para añadir leña al fuego, la confirmación requiere el voto afirmativo de dos terceras partes de la Legislatura.

Parece imposible que puedan ponerse de acuerdo.

Al final de cuentas, seguramente que el nombramiento recaerá en el candidato del gobernador. En el Supremo hay mayoría clara de jueces nombrados por gobernadores novoprogresistas.

El gobernador Pedro Pierluisi le sometió a los comisionados electorales cuatro nombres de jueces para que escogieran a uno, aunque una jueza propuesta pidió que no se le considerara.

Fracasada la gestión de consenso en la CEE, Pierluisi ya ha avisado que someterá su selección a la Legislatura.

Si falla el nombramiento también en el Capitolio, será el turno de los jueces del Supremo.

¿Quién sustituirá a Francisco Rosado Colomer, cuyo término venció según la ley, en la presidencia de la CEE? Fácil: el candidato de Pierluisi.

El tostón es laberíntico, pero el relleno, después de todo, es solo aire.