Y llegó el día más esperado y, a la vez, más temido. Sin embargo, la degradación a chatarra en la clasificación de los bonos por parte de Standard & Poors pareció tomar a muchos por sorpresa, como si hubieran estado pensando que se trataba de un cuento.

Los alcaldes, por ejemplo, no se habían dado por enterados de la crisis fiscal y siguieron aumentándose los sueldos y cobrando vacaciones y días de enfermedad a montones, como fue el caso del alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, que ahora debe estar dando gracias a Dios de que cobró sus $105,000 justo antes de la degradación oficial.

En la rama ejecutiva la cosa no es muy distinta. Los secretarios de gobierno y algunos otros jefes de agencias y corporaciones públicas siguen cobrando salarios de seis cifras (de los que la economista Heidie Calero dijo que son inaceptables en esta situación) y, aunque la noticia está demasiado fresca y hay que darles tiempo a asimilarla, es difícil esperar que renuncien a sus privilegios.

Por ejemplo, la secretaria de Hacienda cobra $180,000 anuales. De acuerdo, trabaja 24 horas al día, siete días a la semana, y tiene sobre sus hombros el liderato del equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla. Pero no se pueden pagar esos sueldos en un país en crisis, a menos que los beneficiados saquen al país de la crisis. Resultados, se llama a esa política.

Pero no vayamos a pensar que los sueldos de seis cifras están nada más a la altura de funcionarios de la categoría de Melba Acosta. Se dan a montón por chavo en las corporaciones públicas, como las autoridades de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados. Sí, de esas que están a ley de que sople una brisa.

Y, aunque usted no lo crea, se dan también en niveles insospechados, como el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, conocida como WIPR.

El gobernador no gana un sueldo de seis cifras sino de cinco. Pero tiene casa, comida, transportación y todo lo que esos privilegios implican (y cuestan al erario).

En la Legislatura, donde los senadores y representantes se dieron golpes de pecho el año pasado dejando de cobrar dietas, los presidentes ganan sueldos de seis cifras. Y en el Tribunal Supremo, todos los jueces.

Los maestros no. Ellos cobran salarios de cinco modestas cifras y es justo que esperen tener un retiro digno. La encrucijada que ahora enfrentan es terrible: mantener el sistema como estaba y no cobrar, o aceptar la reforma y cobrar más tarde.

Con el anuncio oficial de la degradación vinieron los discursos motivacionales. Sonaban casi como aquel mal llamado “guerrero de la luz” de Paulo Coelho que algunos colegas amaron tanto.

Debo admitir que hay mucho de razón en el llamado a la unidad como herramienta básica para la recuperación. Ahora bien, no se trata únicamente de unir cabezas para pensar estrategias y buscar soluciones.

Se predica con el ejemplo, no con las excusas. Y el ejemplo en esta crisis se da cortando grasa, lo que no equivale a despidos ni a reducciones de jornada que lo que hacen es bajarles el ya bajo sueldo que recibe la enorme mayoría de los empleados públicos.

Se corta grasa reduciendo los sueldos de seis cifras, eliminando los contratos que duplican servicios en las agencias, prohibiendo los vehículos oficiales y las escoltas. ¿Cuál es la excusa para no hacerlo?

No deberían esperar los beneficiarios de todas estas dádivas públicas en un país en crisis a que el gobernador decida quitárselas. En aras de la unidad, deberían renunciarlas de inmediato y dramatizar así ante la ciudadanía la verdadera situación económica del país y su disposición a arrimar el hombro.

Mientras eso no ocurra, no se asombren de que el pueblo siga buscando parking en Plaza Las Américas mientras nos come el lobo.