Tiene que haber algo torcido en la política oficial que premia a ciertos funcionarios del más alto nivel con contratos de cerca de un cuarto de millón de dólares mientras les regatea una paga justa a los trabajadores a su cargo.

Maestros y policías, empleados públicos que desempeñan labores de la más alta responsabilidad para con los ciudadanos, sobreviven con sueldos miserables que el Estado ha intentado justificar siempre, incluso antes de la crisis, con el discurso de la falta de recursos.

Solo se reconoce la importancia de la educación y la seguridad cuando se trata de defender el contrato de $225,000 anuales que se le otorgó a Julia Keleher en el Departamento de Educación, y el de cerca de $250,000 que obtuvo Héctor Pesquera en el recién creado Departamento de Seguridad Pública.

Pero los maestros y los policías tienen que conformarse con los bajos salarios que se les pagan cuatrienio tras cuatrienio, crisis o no crisis, gobierno rojo o gobierno azul.

Para colmo, se trastea con sus pensiones, que son bastante pobres, y se les niegan las garantías mínimas de que las cobrarán, no digamos dentro de diez o 20 años, sino tan cerca como el mes que viene.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en un acto que evidencia su ausencia total de autoridad fiscal, acaba de vetar el Proyecto del Senado 404, que pretendía proteger las pensiones de ciertos policías de los recortes impuestos por la reforma de los sistemas de retiro aprobada en 2013, el primer año de la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Es grave que se juegue así con la subsistencia de servidores públicos, pero lo que representa una trágica novedad es que el veto ni siquiera respondió a una decisión de Rosselló Nevares, sino que se trató de una orden de la Junta de Supervisión Fiscal.

La Junta decidió que no era posible certificar la legislación en cuestión si no se combinaba con nuevos impuestos o, al menos, con nuevos recortes gubernamentales. Como si no se fueran a aprobar nuevos impuestos y más recortes para financiar los gastos y contratos de la propia Junta, que ascienden a decenas de millones de dólares y que se pagan del exiguo presupuesto de un gobierno en quiebra.

Mientras tanto, los maestros con plazas transitorias están ahora mismo en ese peregrinaje anual en busca de garantizarse su precario sustento por un año más.

Los jerarcas, esos no tienen crisis. Sus contratos, contrario a los que ellos están dispuestos a darles a esos educadores, les representan más de $20,000 mensuales, sí, mensuales, que es más o menos la paga a la que puede aspirar un maestro de escuela, antes o ahora, con o sin crisis.

Como decíamos al inicio, tiene que haber algo torcido en esa política que, gobierno tras gobierno, establece distinciones tan absurdas e injustas entre la remuneración de los jerarcas de aire acondicionado y la de sus subordinados de a pie.

Torcido y malvado.