Ninguno de los exgobernadores de Puerto Rico necesita escoltas pagadas con fondos públicos. En realidad, no necesitan escoltas, punto.

Desde la insurrección nacionalista de 1950, en la que la vida del entonces gobernador Luis Muñoz Marín habría estado en riesgo,ni él ni sus sucesores han sido víctimas de atentados ni han estado amenazados de muerte o daño físico. Ni ellos ni sus familias.

Entonces, ¿porqué el estado gasta sobre $1 millón al año en protegerlos usando para ello a miembros de la Policía de Puerto Rico que deberían ser asignados a labores de protección de la ciudadanía?

El tema ha vuelto a la atención pública a raiz del veto de bolsillo del gobernador Pedro Pierluisi a un proyecto encaminado a quitarle el derecho a escolta policíaca a gobernadores que renunciaren o que no fueren elegidos en las urnas. Un proyecto de retratito, impulsado por Tatito Hernández y José Luis Dalmau, y dirigido contra Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez.

En 2014, durante una de las polémicas cíclicas sobre las escoltas, se reveló que el estado había gastado en ese renglón un poco más de $39 millones en 37 años, lo que se traduce en $1 millón y pico al año.

Añádale usted los siete años transcurridos desde entonces y súmele la inflación para que se haga una idea de cuánto botamos anualmente en varios equipos de ocho agentes, incluido un supervisor por grupo, asignados a algunos exgobernadores. Dos de ellos, Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, decidieron hace tiempo que no requerían de ese servicio.

Pierluisi dice que no se debe privar al secretario de Seguridad Pública ni al comisionado de la Policía de su “derecho” de decidir cuáles funcionarios deben tener escoltas policíacas. La tortilla al revés: ahora resulta que el derecho es el de malgastar fondos públicos en proteger a unos señores que no necesitan protección.

Señores del gobierno, el derecho a la seguridad pública es del pueblo y desde hace años está en entredicho, como lo reflejan las estadísticas de delitos.

Defender o atacar a cohetes quemados, que es lo que ustedes hacen, no contribuye en nada a combatir la criminalidad.