¿Cómo se explica que una entidad sin fines de lucro reciba más de $4 millones en donativos legislativos en menos de un año a pesar de su historial carente de transparencia?

¿Porqué no se le fija al legislador que promueve cada donativo la responsabilidad indelegable de exigir informes sobre el uso de los fondos públicos asignados a una entidad sin fines de lucro?

Son preguntas que demandan respuestas que ni la agencia gubernamental que actúa de intermediaria, ni mucho menos el generoso legislador que asigna los fondos públicos, han dado a raíz de las revelaciones de una investigación periodística de El Nuevo
Día.

Toca a la Autoridad de Tierras, como la agencia que desembolsó el dinero, y a los legisladores que gestionaron los fondos para los reciclados barriles de tocino que sencillamente se niegan a desaparecer, dar cuenta de cada centavo otorgado. Y es inaceptable escudarse tras el beneficiario de los fondos y de su también inexcusable negligencia al no justificar en blanco y negro el dinero recibido.

Todos son responsables de rendir cuentas, pero no solamente los involucrados directamente, sino también el liderato legislativo que ha permitido reciclar los notorios barriles de tocino, esos fondos de los que los legisladores de distrito disponen para asignar a su antojo y que no pocas veces caen en las manos equivocadas.

El escándalo ha llegado al escritorio del secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli, quien ya ordenó una investigación inicial del referido hecho por su colega de Agricultura, Ramón Gonzalez Beiró. Veremos qué pasa.

Ahora bien, la Legislatura no tiene que sentarse a esperar el resultado de la pesquisa de Justicia. Debe actuar de inmediato para ponerle coto al despilfarro de fondos públicos, algo en lo que no hay que confiar si tomamos en cuenta lo dispuestos que están los líderes legislativos a acoger un propuesto aumento en el presupuesto de ambas cámaras.

En tiempos en los que a los ciudadanos solo se les habla de aumentos en los precios y es cada vez más cuesta arriba preservar las pensiones y mejorar los salarios y los servicios, choca que la Legislatura siga velando por sus propios intereses y que el Ejecutivo haga poco o nada para evitarlo.

Hay que erradicar los barriles de tocino, independientemente de la forma en que reaparezcan y llámenlos como los llamen. Y hay que garantizarle al país que los donativos legislativos— un mecanismo diseñado para ayudar económicamente a entidades sin fines de lucro que verdaderamente sirvan a los ciudadanos— vayan a parar a organizaciones bonafide y no a cualquiera que monte un quiosco.

A estos últimos, que les caiga todo el peso de la ley, a ellos y a quienes los financian.