La defensa aultranza que hace Carlos Romero Barceló de su “derecho adquirido” atener un grupo de policías –pagados con fondos públicos– para servirle comoescoltas día y noche, todos los días del año, debería ser prueba suficientepara la derogación inmediata de ese privilegio.

A confesión departe, relevo de prueba, dice el refrán.

Pero, si no fuerasuficiente con el reclamo indignado de Romero Barceló a mantener sus escoltas,podríamos usar el silencio cómplice de otro exgobernador, Rafael HernándezColón, quien no dice nada públicamente aunque privadamente cabildea para seguirdisfrutando de los chavos del pueblo.

Para colmo, RomeroBarceló y Hernández Colón también reciben la pensión de $25,000 anuales que susucesor, Pedro Rosselló, derogó. Como no se podía despojar del beneficioretroactivamente a quienes ya lo tenían, lo moralmente correcto habría sido quelos dos exgobernadores renunciaran voluntariamente a seguir recibiendo esedinero, lo que no hicieron.

Sila Calderón yAníbal Acevedo Vilá, que no tienen pensión de exgobernadores, sí renunciaron alas escoltas aún después de que el Tribunal Supemo las declarara “derechoadquirido” a instancias de Romero Barceló y Hernández Colón.

Pero vamos a seguirsumando.

A los millonesanuales que pagamos para que estos dos señores, así como Rosselló y LuisFortuño, utilicen policías como escoltas, agréguele la pensión a los dosprimeros. La otra pensión, la que se agenció Rosselló para sí mismo, es otralarga y penosa historia.

De lo que síhablaremos es de otro beneficio jugoso del que gozan los exgobernadores: elpago de sus oficinas.

Para este añofiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene separados $648,000 para esefin. La asignación incluye el pago de oficinas, personal, equipo y materiales,más unos “gastos operacionales” que pueden ser cualquier cosa.Pregúntele a OGP cuántos chavos le ha negado alguna vez a un exgobernador.

En estos tiemposde crisis fiscal, cuando la deuda pública ya va por $73,000 millones, cuando elcrédito del País está por el piso, cuando el desempleo sigue rampante, cuandomiles de ciudadanos se marchan a un futuro igual de incierto en Estados Unidos,en tiempos como estos les pagamos cientos de miles de dólares anuales a losseñores feudales para que mantengan unas oficinas que sabe Dios para qué lasusan.

Esa asignación de$648,000 que tienen para este año fiscal las oficinas de los exgobernadoresrepresenta un alza de $100,000 en relación a la asignación del año fiscal queterminó el 30 de junio, que había sido recorttada de $95,000 en comparación conla del 2012-2013.

Es posible que,como argumentan algunos, las asignaciones que benefician a los exgobernadoresno representen un porciento considerable del presupuesto, pero se trata dedinero público que muy bien pueden destinarse a otros fines, como la educaciónespecial que tanto los necesita.

Las escoltas aexgobernadores, así como a la mayoría de los funcionarios que las tienen, comoes el caso de los presidentes de las cámaras legislativas, son un gastoinnecesario, un desperdicio de dinero público.

Dígame usted si elpresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, que por cierto segasta en escoltas el doble de su contraparte senatorial Eduardo Bhatia, necesitamontar un operativo de seguridad un sábado en la mañana para ir al banco enPlaza Las Américas. Personas que lo vieron dicen que fue precisamente por lasescoltas y su llamativo comportamiento que se percataron de que era Perelló elque había llegado.

Sugería la colegay amiga Mayra Montero que empecemos a silbar a los exgobernadores y otrospolíticos cuando los veamos por ahí con sus escoltas.

Y agrego yo quetambién les pitemos a aquellos que tienen en sus manos librarnos de esa cargaeconómica poniendo fin al derroche de fondos y no hacen nada. A ver sifinalmente se enteran.