A menos que surja la sorpresa del siglo, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrá que volver a empezar en la sesión del Congreso que comienza en enero a tejer otro proyecto de ley a favor de su propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU..

Con los demócratas a cargo en la Cámara baja, puede surgir una propuesta diferente.

El pasado jueves, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), despidió los trabajos de 2018 de su comisión.

En la sesión de votación, Bishop agradeció a sus asesores y a los miembros del comité que se retiran del Congreso en diciembre. En su equipo hay varios que también tienen que buscar trabajo, pues su plantilla se reduce a casi la mitad si asume en enero, como se espera, la portavocía de la minoría.

Bishop dijo a sus colegas que si surge la necesidad de una próxima reunión, ya avisará. Pero, Bishop trató la sesión del pasado jueves como si fuera la última bajo su presidencia.

En enero, tras la victoria demócrata en la Cámara baja, Bishop espera ser el portavoz de la minoría. Y a principios de esta sesión ya había anunciado que se retiraba del Congreso al terminar 2020.

El líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), también dio su mensaje de cierre en aquella sesión.

Pero, en su caso, los planes en torno al Comité de Recursos Naturales – con jurisdicción primaria sobre los temas de la Isla-, van en dirección contraria. Las primeras tareas de diciembre son examinar las áreas en que su personal tiene que crecer cuando llegue enero y el inicio de la sesión 116 del Congreso. Como mayoría, su grupo de trabajo crecerá.

Aunque su proyecto pro estadidad quede engavetado en la Comisión de Recursos Naturales, la comisionada Jenniffer González ha indicado que no da por cerrado el telón de 2018 y de esta sesión. Tras reunirse el mismo jueves en la tarde con Bishop, la comisionada no descartó que Bishop reabra los trabajos y organice una sesión de votación adicional.

Tampoco ha descartado tratar de añadir su legislación a un proyecto que baje a votación en la Cámara de Representantes en diciembre.

Aunque ella ni lo niega ni lo confirma, también ha considerado, como reportó El Nuevo Día hace varios días, la posibilidad de que el Congreso lleve a votación alguna resolución sobre el status político de la Isla antes de que cierre la sesión de 2015.

Es cuesta arriba que Bishop reabra los trabajos de su comité para llevar a votación el proyecto pro estadidad en lo que queda de sesión. “La ventana es pequeña”, reconoció González el jueves  a El Nuevo Día, tras salir de la reunión con Bishop.

Quedan 12 días de sesión en la Cámara baja federal. Desde hoy, por ejemplo, empiezan a mudar a los legisladores que no regresan al Capitolio en enero y a vaciar oficinas. Como a los congresistas electos el pasado 6 de noviembre, a los que se van les facilitan algún escritorio para terminar sus días en el Congreso.

En el Senado, el tema no ha estado en la agenda y ni siquiera hay un proyecto de ley presentado.

La idea de los líderes del Congreso ha sido comenzar las vacaciones de Navidad el 14 de diciembre.

Ahora, si los legisladores federales logran un acuerdo sobre el presupuesto para el 7 de diciembre – cuando vence la actual resolución de gastos para un grupo de departamentos-, no le extrañe que los legisladores federales se marchen temprano a celebrar la Navidad.

Lo más extraño de todo esto fue que el republicano Bishop no celebrara una audiencia pública sobre la medida antes de las elecciones legislativas, cuando todavía pudo dar la percepción de que tenía interés en por lo menos aprobarlo en su comité.

En mayo pasado, Bishop se declaró defensor de la estadidad, aunque en medio de expresiones que advertían que antes Puerto Rico debía tener  una “vibrante economía” y un gobierno estable fiscalmente. Al otro día, dijo que eso no quiere decir que condicionaba su apoyo a la estadidad.

En junio, el congresista Bishop coauspició el proyecto pro estadidad de la comisionada, que lleva el número 6246, y que en primer lugar, según González, busca convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, esperanzada en que el próximo paso sería la estadidad.

La medida también propone crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie las leyes que deben ser cambiadas para Puerto Rico ser el estado 51 de EE.UU., de cara al 1 de enero de 2021.

Bishop consideró celebrar el pasado 25 de julio una audiencia sobre el proyecto pro estadidad, según dijo Grijalva el pasado verano.

Pero, tras las renuncias súbitas de varios miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Bishop prefirió dedicar aquel día a presionar sobre el futuro de la AEE y la independencia de su junta de gobierno.

El plebiscito de 2017

No obstante, a todo el que haya seguido de cerca el debate previo al plebiscito del 11 de junio de 2017 no le debería sorprender la desatención al tema del status en esta sesión.

Por un lado, está el hecho de qué hacer con la ley Promesa, que mantiene a Puerto Rico bajo una Junta de Supervisión Fiscal que le controla las decisiones financieras al gobierno electo  y que fue creada bajo los poderes plenarios que la Constitución estadounidense le otorga al Congreso sobre sus territorios.

Cierto, además, que el huracán María hizo inoportuno durante meses hablar de cómo mover un proyecto pro estadidad cuya aprobación final era improbable. Por meses la prioridad fue reaccionar a la emergencia ocurrida en Puerto Rico, la peor catástrofe en la Isla en casi un siglo. La comisionada, entre otras cosas, ha destacado ese asunto.

Pero, también era evidente que no esperar por obtener el visto bueno del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre esa consulta le haría más pesada la maleta al gobierno del PNP. Líderes del PNP lo reconocen en privado, pero no públicamente.

El Congreso nunca le ha ofrecido a Puerto Rico una alternativa de status que no sea el actual sistema territorial. Su alternativa favorita, como ha demostrado ahora el gobierno de Donald Trump, ha sido el status colonial.

Regresar a pedir acción del gobierno federal después de obviar la oferta de enero de 2014 de por lo menos validar las definiciones de status y la campaña educativa de la consulta, como promovió  el entonces presidente del PNP y comisionado residente Pedro Pierluisi, era imponerse una vara más alta. Más aun cuando ese texto fue la respuesta oficial del gobierno federal al plebsicito de 2012.

El resultado electoral del 11 de junio de 2017 tampoco debe haber sorprendido a nadie.

En medio del boicot de los partidos de oposición que defienden las otras alternativas de status, la estadidad obtuvo el 97% de respaldo, el cual se difumina ante la bajísima participación electoral (23%). Hasta la propuesta de estadidad reflejó una baja significativa, de 834,191 votos a 508,862.

El encono que genera entre los puertorriqueños el debate sobre cuál debe ser el futuro político de Puerto Rico minimiza en ocasiones el consenso que parece haber en la Isla en que es necesario sacar a la isla del hoyo colonial, que es más profundo después de la aprobación de la ley Promesa.

En lo que no hay consenso es en cómo hacerlo.

En el Partido Popular Democrático (PPD) falta aún voluntad para reclamar un cambio de status, aunque muchos de sus líderes ya aceptan que la relación entre Puerto Rico y EE.UU. es colonial.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que ha propuesto a los otros partidos hacer una presión conjunta en Washington, no ha tenido la fuerza electoral y política para dirigir un proceso.

Y el liderato del PNP, que ha sido la voz más consecuente en Washington en los últimos 14 años y controla – cuando lo deja la junta-, el aparato gubernamental, debería repensar el abrazo que le ha dado a la consulta de 2017 como el proceso que desenredará el nudo colonial.

Quizá alguno de sus aliados en Washington puede ayudarle a entenderlo.

¿Alguien alza la mano la públicamente?