Entre medio de los huracanes,  populares y ‘sanderistas’ llevaron ante un oficial examinador sus denuncias de que la elección en febrero pasado del nuevo comité ejecutivo del Partido Demócrata de Estados Unidos, constituido principalmente por miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), se hizo en violación de las normas de la colectividad estadounidense.

Las sesiones – que iniciaron el viernes y terminaban anoche en San Juan-, dejaban un mal sabor entre los que defendieron en la Isla la precandidatura presidencial de Bernie Sanders y los que están identificados con el Partido Popular Democrático (PPD), pues consideran que el proceso de impugnación también está viciado, que se les ha limitado la presentación de evidencia y los funcionarios que examinan las querellas están identificados con el PNP.

“Por eso la gente se desilusiona con la política”, indicó Michael McCall, abogado de dos delegadas de Sanders a la convención presidencial demócrata, Damaris Delgado y Maruxa Cárdenas Surillo.

Las audiencias se han llevado a cabo ante el abogado Anthony Maceira, quien rendirá un informe a un comité que integran Alvaro Cifuentes,  secretario de la Gobernación durante el gobierno de Pedro Rosselló y ex miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC); el ex juez Carlos Rodríguez Muñiz, y el abogado Raymond Rivera Esteves.

Maceira trabajó para el ahora vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, quien es PNP, indicó McCall. En la audiencia, Maceira dijo que está identificado con la estadidad, pero que antes de ser PNP es demócrata y simpatizó con la precandidatura de Sanders.

Las recomendaciones del comité deberán ser aceptadas o rechazadas por el Comité Ejecutivo del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, cuatro de los cuales son impugnados en este proceso por los querellantes del grupo de Sanders y del PPD.

El sector del Partido Popular Democrático (PPD) también había pedido que el examinador de las querellas fuese seleccionado por el DNC y no por el presidente de los demócratas de la Isla, el exsenador Charlie Rodríguez. “Solicité que el DNC enviara un oficial examinador de allá, para evitar toda impresión de parcialidad”, dijo José Alfredo Hernández Mayoral, quien asesora a los demócratas del PPD y testificó durante el pasado fin de semana.

McCall sostuvo que hizo una petición similar ante el Comité de Credenciales del DNC, que dejó su reclamo en manos de la directiva que encabeza Rodríguez.

El exsenador Rodríguez, sin embargo, sostuvo que utiliza “el reglamento que ellos (la antigua dirección de mayoría PPD) me dejaron” y el cual sostiene que intentó enmendar en 2016, cuando Roberto Prats estaba al frente de la formación política estadounidense.

“Estoy haciendo lo que el reglamento dispone. Yo lo heredo y no lo puedo cambiar”, indicó Rodríguez.

Las querellas presentadas por seguidores de Sanders en Puerto Rico y el senador Eduardo Bhatia, a nombre de 23 populares demócratas de la Isla, cuestionan la elección del 7 de febrero pasado de Rodríguez como presidente; la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, como delegada ante el DNC; el asesor legal de la Administración de Asuntos Federales, Luis Dávila Pernas, como delegado ante el DNC; y la excandidata a legisladora por el PNP Johanne Vélez como vicepresidenta.

Por un lado, el grupo de Sanders sostiene que la reunión en que se eligió la directiva no fue convocada adecuadamente, que no hubo el quórum requerido y que participaron personas que votaron  y ayudaron a financiar una candidata republicana, en referencia a la ahora comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presidenta del Partido Republicano de Estados Unidos en la Isla.

En el caso del senador Miguel Romero, uno de los que votó por el grupo pro estadista de Rodríguez, McCall dijo que el legislador también donó dinero a la campaña presidencial del republicano Jeb Bush. “El voto (de Romero) es el que necesitan para establecer quorum. Si fuera descalificado no tendrían quorum aún bajo las interpretaciones más favorables a ellos de las normas”, alegó el abogado McCall.

“Las reglas del Partido Demócrata prohíben apoyar a un republicano. El Partido Demócrata se está quedando en manos de los republicanos. Esto es un rancho”, dijo el abogado Manuel Suárez, hijo, quien fue a la audiencia del sábado como testigo del grupo ‘sanderista’.

En el caso de los populares demócratas, representados por José Alfredo Hernández Mayoral, la querella del senador Bhatia sostiene que los miembros del Comité Central del Partido Demócrata de EE.UU. en Puerto Rico no fueron debidamente notificados, pues debieron convocarlos a la elección con cinco semanas de anticipación y seguir la costumbre de enviarles un correo electrónico.

También consideran que no hubo quórum suficiente para poder celebrar la elección.

La entonces presidenta interina  Meléndez, convocó a la reunión – tras las renuncias de Roberto Prats, Kenneth McClintock y Luissette Arrarás-, por medio de un edicto en El Nuevo Día, publicado el 31 de enero.

Al defender el proceso, Rodríguez sostuvo que el anuncio en el principal periódico del país, una semana antes de la votación, “dio unas mayores posibilidades de llegar a todos los miembros del Comité Central que una publicación en Facebook, como se hizo en ocasiones anteriores” bajo la presidencia de Prats.

Rodríguez, además, argumentó que el requisito de convocar a una elección cinco semanas antes, aplica solo a votaciones de miembros del Comité Central que representan un “distrito senatorial”. Las normas de los demócratas en EE.UU. y Puerto Rico, indicó, lo que exigen es que se den a conocer “plenamente y de manera tal que se asegure un aviso oportuno para todas las personas interesadas”.

A McCall le parece que esa esa “interpretación equivocada” de las normas y cuestionó que las reglas sean menos exigentes para elegir los funcionarios más importantes de la colectividad.

En torno al apoyo financiero o electoral de demócratas estadistas a la ahora comisionada González, Rodríguez sostuvo que la funcionaria federal fue candidata por el PNP y no fue elegida como republicana. También defendió que hubiese quórum suficiente en la elección, pues sostiene que el reglamento exige la presencia de por lo menos un 35% de los miembros del Comité Central y en su elección hubo 15 de los 37 integrantes del organismo.

Rodríguez indicó que el comité de credenciales del DNC  dio hasta el 9 de octubre para tomar una posición a nivel local, fecha límite con la cual – confiado en que el huracán María no complique las cosas-, espera cumplir.

Luego, las partes que participan del proceso tendrán 10 días para apelar la decisión ante el comité de credenciales del DNC.

McCall dijo que esperaban desde julio estas audiencias y que no fue hasta el fin de semana anterior, en medio de las complicaciones causadas por el huracán Irma, incluido los  problemas de suministro de electricidad, que se convocaron las sesiones para escuchar sus querellas.