Una buena parte de los soberanistas del Partido Popular Democrático (PPD) considera que si hay voluntad política de Estados Unidos, en una asociación soberana es posible mantener el marco legal actual que permite ser ciudadano estadounidense al nacer en la isla.

Por ello, varios de ellos, miembros de la Junta de Gobierno del PPD, apoyaron el pasado sábado la resolución que declara que el PPD “defenderá el derecho de toda persona nacida en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a ser automáticamente y sin ningún otro requisito ciudadano de los Estados Unidos de América, como es ahora”. 

Entre los soberanistas, el senador Antonio Fas Alzamora, con los pies en la tierra, fue el único que votó en contra, pues piensa que el PPD no debe minimizar, en un reclamo de soberanía, el hecho de que desde cualquier país del mundo los ciudadanos estadounidenses transfieren a sus hijos la ciudadanía estadounidense.

Cuando estuvo en Washington a mediados de agosto, el gobernador Alejandro García Padilla ya dejaba claro hacia donde se dirigía en la reunión de la Junta de Gobierno del 30 de agosto en que se aprobó la declaración sobre la ciudadanía.

“Hay ambiente para consensos. Por ejemplo, el tema de la ciudadanía norteamericana por nacimiento antes era un tema de controversia. Ya no. Se va progresando”, indicó García Padilla el pasado 18 de agosto, en una entrevista con El Nuevo Día.

No tenga duda de que los conservadores en el PPD piensan que el tema de la ciudadanía les ayudará a prevalecer internamente, pues apuestan a que el gobierno del presidente Obama reafirmará que en un Puerto Rico soberano lo lógico es que el acceso a la ciudadanía estadounidense sea una decisión individual, no colectiva.

De todos modos, la expectativa en el PPD –  coinciden autonomistas conservadores y soberanistas liberales – es que haya un proceso de negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el contenido de las definiciones de las alternativas de status.

Ese proceso se hubiese puesto en vigor de forma muy natural a través de una Asamblea de Status. El Gobernador y su grupo más cercano, sin embargo, apagaron  esa posibilidad en la primera reunión en un año de la Junta de Gobierno del PPD, efectuada el pasado 15 de julio.

Por el contrario, la ley federal que permite vincular al Secretario de Justicia de Estados Unidos con un próximo plebiscito legislado en Puerto Rico no ofrece ningún mecanismo de negociación y el Gobierno de Puerto Rico, ahora que cambia la dirección del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Isla, tampoco ha mostrado interés en crearlo.