Ha vuelto a temblar con fuerza en Puerto Rico.

Para los residentes del sur de Puerto Rico han sido cuatro meses de tortura, entre terremotos, el coronavirus y la ineficacia general de la respuesta gubernamental a las recientes emergencias.

Normalmente, un nuevo desastre natural requiere un proceso de recopilación de datos y cabildeo del gobierno para lograr legislación en el Congreso que ayude a la recuperación de la isla.

Esta vez la respuesta que el gobierno de Puerto Rico puede requerir del gobierno federal está pendiente de acción final en el Congreso.

La Cámara de Representantes estadounidense aprobó a principios de febrero el proyecto demócrata 5687 que asignaría $4,890 millones para mitigar recientes desastres naturales, principalmente los terremotos de enero en Puerto Rico, y que, a su vez, financiar plenamente en la isla créditos contributivos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes (CTC).

La medida fue frenada de inmediato por el presidente Donald Trump, que amenazó con vetarla. Los republicanos del Senado le hicieron coro, por entender, entre otras cosas, que es demasiado costosa y que los demócratas no le consultaron.

La primera voz del Senado que públicamente dijo no a la legislación demócrata fue el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), quien ahora reclama a la gobernadora Wanda Vázquez Garced los detalles sobre los fallidos contratos de más de $40 millones para comprar pruebas rápidas de detección del coronavirus y otros escándalos del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

No he visto un estimado final de daños de los terremotos de enero, el cual debe existir.

Alcaldes del sur han calculado en cientos de millones de dólares los daños causados por los terremotos de enero. Hubo escuelas dañadas, estructuras públicas y cientos de viviendas. FEMA ha indicado que otorgado sobre $35 millones en asistencia a individuos y unos $426,0o0 a gobiernos locales. Por medio de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) se han otorgado préstamos valorados en otros $35 millones.

La pandemia del coronavirus es un detonador de emergencias, que ha tenido un efecto devastador entre los más vulnerables.

Pero, uno pensaría que los terremotos de ayer reviven la oportunidad para la gobernadora presentar los datos sobre los daños causados por los sismos de 2020, enviarlos al Senado y al que parece ser su aliado en el gobierno de Trump, el coordinador federal para la Recuperación de la isla, el contralmirante Peter Brown.

Mientras el gobierno federal aprobaba $2.7 billones (trillions en inglés ) como respuesta a la emergencia que ha creado el coronavirus, la propia gobernadora, los demócratas del Congreso y grupos de la diáspora han estado recordándole a la mayoría republicana del Senado que aún tiene pendiente incorporar esa legislación en los proyectos de estímulo económico.

Sin volver a promover todo el proyecto, la comisionada Jenniffer González ha abogado por el financiamiento de los créditos EITC y CTC, y el lenguaje que permitiría que los fondos de esa legislación y los previamente asignados para mitigar la catástrofe causada por el huracán María puedan utilizarse indistintamente para asistir a la Isla.

La medida propone otorgar principalmente a la Isla $3,260 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres CDBG-DR. (El Congreso y el Ejecutivo federal asignaron otros $20,500 millones en fondos CDBG-DR para atender la emergencia del huracán María, pero hasta el momento el gobierno de Puerto Rico ha confirmado tener en su línea de crédito solo los primeros $1,507 millones, aunque otros $1,700 millones fueron anunciados recientemente.)

La legislación persigue, a su vez, asignar $1,250 millones para mejoras a carreteras; otros $210 millones en fondos de asistencia alimentaria; y $100 millones para educación.; $15 millones para apoyo técnico a la red eléctrica; y $6.75 millones para análisis de riesgos de terremotos, mejorar la planificación energética a largo plazo, crear conciencia sobre la situación energética y fortalecer la seguridad cibernética de la infraestructura crítica.

El pleno financiamiento federal del EITC – que existe limitadamente en Puerto Rico como un programa del gobierno puertorriqueño-, y el CTC, que solo beneficia en la Isla a las familias con tres hijos o más, significaría una inyección a la economía de $1,400 millones.

La medida cameral propone obligar al Departamento de Vivienda federal (HUD), que administra los fondos CDBG-DR- a publicar en un período máximo de 60 días, en consulta con otras agencias-, las guías sobre el uso de $1,932 millones en fondos de mitigación CDBG-DR que el Congreso asignó para ayudar a rehacer la red eléctrica de Puerto Rico.

El proyecto de ley también permitiría llevar a cabo un estudio sobre el impacto de los terremotos en el sistema educativo de la Isla y  asegurar que la información sobre el uso de los fondos CDBG-DR llega a la población que no habla inglés, la mayoría del pueblo de Puerto Rico.

El Congreso y la Casa Blanca han emprendido negociaciones sobre las iniciativas que deben ser parte de un próximo proyecto de estímulo económico federal para suavizar la emergencia del coronavirus.

Las autoridades de Puerto Rico sostienen que la Isla requerirá nueva asistencia.

Con respecto a los terremotos, las autoridades federales tienen como referencia el proyecto cameral.