Tras el foro anual de las Naciones Unidas, la gran tarea de la clase política de Puerto Rico es aún generar consenso sobre un nuevo proceso de status que permita llamar la atención del gobierno federal.

El  próximo debate – después de un retraso de varios meses – va a tener lugar en la Legislatura de Puerto Rico a partir de julio, pero puede no estar claro hasta, por lo menos, finales de año.

“En este momento dado quien está llamado a actuar es el gobierno de Puerto Rico”,  insistió en Nueva York el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Pierluisi, no obstante, solo ha visto como posible opción que el gobierno de Alejandro García Padilla utilice el lenguaje federal del presidente Barack Obama, convertido en ley en enero pasado, para reglamentar un referéndum estadidad sí o no.

García Padilla ha sido enfático en rechazar un referéndum estadidad sí o no.  Y puede utilizar como argumento que los propios proyectos federales impulsadas por el PNP no han avanzado en el Congreso, ni en el Senado ni en la Cámara baja.

Lo más que ha podido lograrse en esta sesión, que termina en diciembre, es – como se hizo en el 2000-, proponerle a Puerto Rico consultas con el Ejecutivo federal, en este caso el Secretario de Justicia de Estados Unidos, sobre las definiciones de status que se incluirían en un próximo plebiscito. Si el gobierno de Puerto Rico acepta que el Secretario de Justicia revise la constitucionalidad de las alternativas de status, el gobierno federal le enviará a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta y la campaña educativa que se genere.

Qué tipo de consulta se poner en marcha, si un plebiscito de alternativas de status o una Asamblea de Status, eso lo decidirá el gobierno de la Isla, idealmente tras conversaciones con los partidos políticos y otros grupos de interés.

El ex representante Héctor Ferrer, quien fue presidente del Partido Popular Democrático (PPD), piensa que si el gobernador García Padilla opta por convocar primero a una Asamblea de Status, un boicot del PNP “le quitará validez”.

Por ello Ferrer insiste en que el gobierno de Puerto Rico debe agarrar la oferta del PNP. Por un lado, dijo, un referéndum estadidad sí o no permitiría a los opositores de la plena anexión a Estados Unidos enterrar esa alternativa de status y darle un vuelco a todo el debate.

“Todo el mundo sabe que la estadidad no tiene el 61% (de apoyo electoral)”, sostuvo Ferrer, quien considera que aún en el mejor escenario para el PNP, lo que define como una pírrica mayoría absoluta, el Congreso tendría que responder y el gobierno de la isla quedaría obligado a pedir acción. 

Del liderato legislativo del PPD, a pesar de ello, se dan garantías de que el debate finalmente comenzará en julio, una vez terminados los trabajos de esta primera sesión, con la idea de impulsar un proyecto durante la segunda sesión que comienza en agosto.

“Nuestro plan es aprovechar los meses de verano para llevar a cabo las audiencias públicas y reuniones que sean necesarias con el gobierno federal antes de traer una propuesta”, dijo ayer el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Charlie Hernández. 

El gobernador García Padilla, por su parte, no ha dado por sentado que antes terminar el 2014 habrá ordenado el proceso de status. 

“Quiero que el proceso se haga bien. Que se haga lo más pronto posible”, dijo García Padilla cuando estuvo en Washington para la firma del proyecto que otorga la Medalla de Oro del Congreso al antiguo regimiento 65 de Infantería.

Antes de buscar consenso, en el PNP y el PPD pueden requerirse  discusiones internas.

En el caso de los populares, la Junta de Gobierno del PPD no se reúne desde hace 10 meses. En el PNP han determinado solo ver como opción el referéndum estadidad sí o no, pero el debate real comenzará cuando el PPD enseñe sus fichas.

El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, cuya formación política propuso una Asamblea de Status que permita a cada sector ideológico negociar por separado con el gobierno federal las condiciones de un cambio de status, ha advertido que en el PPD  “están conscientes, porque no son tontos, de que el precio de la inacción sobre el tema del status será altísimo, pero a la misma vez como históricamente le tienen miedo a su propia sombra, son renuentes a entrar en el debate interno”.

Para que un próximo proceso logre resultados,  hay que traer a bordo al gobierno federal.

Al presidente Obama le quedan dos años y medio en la Casa Blanca.

Debido a que el lenguaje federal de Obama no obliga a nadie mientras  más tarde en convocarse a un nuevo proceso más difícil será lograr avances, sobre todo con un Congreso que en la próxima sesión probablemente vuelva a tener un fuerte acento republicano.

Con la grave situación fiscal actual, es evidente que el PPD no ha tenido prisa en acercarse a ordenar un proceso de status. Pueden temerle, a corto plazo, además,  a un castigo electoral. 

Y algunos en el PNP pueden preferir mantener todo este cuatrienio la ilusión del 61% de la segunda pregunta, confiando en que a partir de 2017 controlarán el gobierno local.

Como van las cosas, no se sorprenda si al final de cuenta la situación termina igual que en el pasado cuatrienio, con un plebiscito de alternativas de status el día de las elecciones, para que el que venga después trate de ordenar la mesa o volcarla.