En un proceso en el que la diferencia lo harán los detalles, el Congreso va a tratar de acordar en solo unas semanas una legislación, de consecuencias históricas, encaminada a imponer una autoridad federal sobre el manejo de las finanzas de Puerto Rico, que a la misma vez establezca un mecanismo fuera del código federal de quiebras para reestructurar una parte significativa de la deuda pública.

Cualquier fractura en el proceso volverá a dejar a republicanos y demócratas tan divididos como en diciembre, pero ya es evidente que no solo en la Cámara de Representantes, sino que en el Senado también se intenta lograr una transacción sobre una medida que permita mitigar la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla, antes de que entre mayo y junio ocurra un impago masivo de graves consecuencias.

“Antes de que termine marzo… esa es la meta aquí”, dijo la semana pasada el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch (Utah), al secretario del Tesoro, Jacob Lew, en alusión a la promesa del ‘speaker’ cameral Paul Ryan de tener una propuesta de legislación federal para finales del mes próximo.

El objetivo hacia la presentación de esta nueva legislación puede ser a más tardar la semana del 21 al 25 de marzo, pues ambos cuerpos legislativos tienen previsto recesar la última semana de marzo y la primera de abril, por la Semana Santa.

La agenda va dirigida tratar de llevar a votación un proyecto de ley en el pleno de la Cámara baja y del Senado en abril, según fuentes legislativas.

La legislación federal que se presente puede tener consecuencias históricas en un país que no ha alcanzado aún su libre determinación y cuyos avances en términos de la democracia local pudieran ser tachadas por una junta federal de control o supervisión fiscal si inhabilita, como recomiendan los proyectos de Hatch, el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin) y las sugerencias del Tesoro, el poder decisional del Gobernador y los legisladores sobre los asuntos fiscales de la Isla.

Es temprano para hacer conclusiones, pero si las cosas maduran como pintan la legislación puede ser una nueva referencia en las relaciones entre San Juan y Washington, como lo fueron las leyes 600 de 1950, Jones de 1917 y Foraker de 1900.

La Ley 600 permitió a Puerto Rico adoptar su propia Constitución y ordenar el gobierno propio para asuntos locales, aunque el país siguió dependiente del Congreso y la Constitución estadounidense. Esta vez, el camino puede ser en reversa.

“Cualquier intento de enfrentar el problema fiscal y económico que no esté enmarcado dentro de un proceso de descolonización está condenado al fracaso. La solución al problema del colonialismo no puede ser más colonialismo”, indicó el exprofesor de Derecho y presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín.

AUTORIDAD TERRITORIAL. Por los esfuerzos de la administración del presidente Barack Obama ir en la dirección de darle una autoridad especial territorial a Puerto Rico, las consecuencias en el debate de status son inmensas.

“Si se crea una junta federal con control sobre los asuntos fiscales de Puerto Rico por, digamos cinco años, no se puede esperar ningún avance en el debate de status, pues la autoridad de reestructuración se le otorgaría a la Isla como territorio, lo que no estaría disponible para un estado o un status de libre asociación”, dijo una fuente cercana a las discusiones legislativas entre el Senado, la Cámara y el Tesoro, que advirtió que son más constantes y encaminadas a un acuerdo de lo que muchos piensan.

En ese sentido, los sectores estadistas que han ayudado a las firmas de inversiones a boicotear con éxito el acceso de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley de quiebras federal, pudieran haberse pegado – si prospera la legislación en Washington y San Juan-, un tiro en el pie.

El comisionado residente en Washington, D.D. y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, confía en que al final del camino haya una junta de supervisión que respete el poder sobre el presupuesto de los funcionarios electos de la Isla, pero piensa que la legislación “confirmará que nuestro status actual nos mantiene sujetos a los poderes plenarios del Congreso, ha causado que nos endeudemos demasiado y mantiene a nuestra economía estancada”.

“Con la estadidad no tendríamos una Junta que nos supervise, sino el poder político y los derechos y oportunidades que nos merecemos como ciudadanos americanos”, agregó.

La cuestión, sin embargo, coincidieron dos fuentes legislativas en Washington, es quien va a tener oídos en el Congreso para un cambio de status cuando hay una junta federal ya creada a cargo de reordenar la situación fiscal de la Isla, bajo una autoridad territorial.

El propio congresista republicano Don Young (Alaska), aliado de los estadistas, dijo recientemente que no hay forma de avanzar un proyecto pro estadidad en medio de esta crisis fiscal.

Propuestas que ha circulado el Tesoro, según dos fuentes, van encaminadas a crear una autoridad especial para los territorios – o simplemente para Puerto Rico ante el hecho de que Guam y Samoa han indicado no tener interés, por temor a que sus bonos pierdan valor en el mercado-, poder reestructurar toda su deuda pública, fuera del código federal de bancarrota, que exige uniformidad.
EL PLAN DEL TESORO. El senador Hatch reveló la semana pasada que el borrador de la administración del presidente Obama impulsa darle prioridad por ejemplo al pago de la deuda de los sistemas de pensiones del gobierno de Puerto Rico – que pronto quedarán insolventes-, por encima de las obligaciones generales que la Constitución puertorriqueña indica que debe tener prioridad sobre cualquier deuda.
El comisionado Pierluisi dio a conocer además que como los proyectos de Hatch y Duffy, el plan del Tesoro vislumbra también una junta federal que le arrebate al gobierno de Puerto Rico el control final sobre su presupuesto y los planes fiscales.
El Tesoro también propone que la junta federal tenga poder para imponer multas por incumplimientos.

En el documento que ha circulado el Tesoro, “la propuesta establecería una junta de supervisión federal que aprobaría el plan financiero a largo plazo del gobernador, la propuesta de presupuesto del gobernador, el presupuesto final elaborado por el gobernador y la Asamblea Legislativa, supervisaría la adhesión del Gobierno de Puerto Rico al plan financiero y al presupuesto durante el año fiscal”, indicó el domingo el comisionado Pierluisi.

Por el lenguaje que ha circulado la administración del presidente Obama, además, es evidente que la intención es que aspiran a que la junta tenga la responsabilidad de informar “al Gobierno de Puerto Rico de cualquier variación o incumplimiento con el plan o presupuesto, y tendría el poder de imponer una multa si el gobierno de Puerto Rico no corrige los errores después de identificados”, agregó el comisionado.

Pero, como Duffy el Tesoro apoya el trago amargo o la humillación de que la propia Legislatura y el gobernador consientan a entregar el poder sobre sus asuntos financieros a nivel local.

“Tras que te van a dar una bofetada, te preguntan si la quieres”, dijo Martín.

Es decir que en una misma legislación federal se puede pasar por encima a dos mandatos de la carta magna puertorriqueña: la obligación de pagar primero que todo las obligaciones del gobierno central; y el poder del gobernador y la Legislatura sobre el presupuesto del país.

Una fuente legislativa apuntó a que todo el esquema ha sido bien estudiado por la administración Obama, pues en el argumento que hiciera el Procurador General de EE.UU. en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle para acentuar que la ley de relaciones federales de 1950 nunca alteró el poder plenario del Congreso sobre la Isla, se alude al efecto sobre las normas de bancarrota.

“Este caso cuestiona si Puerto Rico y Estados Unidos son soberanías separadas para propósitos de la cláusula de doble exposición. La decisión del tribunal afectará como el gobierno federal pone en vigor las leyes federales criminales en Puerto Rico. También puede afectar la defensa que hacer el gobierno federal de legislación y políticas públicas relacionadas a una amplia variedad de áreas sustantivas sobre Puerto Rico, incluida la representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, bancarrota y defensa”, afirmó el procurador general Donald Verrilli, en el argumento presentado el 23 de diciembre de diciembre de 2015, que ha sido la posición más contundente del gobierno de EEUU, desde la Constitución del ELA, para defender el poder plenario del Congreso sobre la Isla.

Cónsono con esa posición, las propuestas que ha circulado el Tesoro, según dos fuentes legislativas, persiguen incluir la autoridad especial de reestructuración de deuda en el título 48 en que están codificados los asuntos referentes a “los territorios y las posesiones insulares”, no en el código de quiebras.

Ante el Comité de Finanzas, el secretario Lew mantuvo que la autorización del Congreso para el reajuste de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico “no tiene que ser redactada a través del código federal de quiebras, pero el efecto tiene que ser una reestructuración abarcadora”.

En un mensaje en el hemiciclo cameral la semana pasada, Pierluisi se expresó distanciado de la idea de los gobiernos de Obama y Alejandro García Padilla de permitir una reestructuración abarcadora que incluya las obligaciones generales, aunque habló de una autoridad “razonable” para reajustar las deudas.

Pierluisi, quien participa de las conversaciones con el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), encargado de redactar la próxima legislación en ese cuerpo legislativo, piensa que “el proyecto de ley podría proporcionar un periodo en el que puedan darse negociaciones voluntarias entre los emisores de bonos y sus acreedores, mediadas por expertos neutrales”.

“Si estas negociaciones no dan fruto, el Gobierno de Puerto Rico debe tener la facultad para autorizar a sus corporaciones públicas a ajustar sus deudas bajo el capítulo 9”, indicó Pierluisi.

MORATORIA. Jim Millstein, asesor del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), considera que la clave en torno al poder de reestructuración que se busca es que la ley decrete una moratoria en el cobro de las deudas del gobierno de Puerto Rico y, como quieren las firmas de inversiones Oppenheimer/Franklin, que una clara mayoría – en vez de la unanimidad-, de los acreedores del gobierno de Puerto Rico pueda acordar una reestructuración de la deuda.

Si la junta o autoridad federal que se cree va a tener un mandato importante para reestructurar la deuda, difícilmente pueda tener meramente una función asesora o de supervisión y evitar ir por encima de los funcionarios electos de la Isla, indicó una fuente legislativa.

El exbanquero conservador Alex Pollock, del R Street Institute, habló sobre eso el pasado jueves en un foro en Washington, D.C. al indicar que “a la junta le podemos poner un nombre amigable, pero eso no va cambiar su tarea”.
PD: Amplía ligeramente la historia publicada ayer, 16 de febrero de 2016,  en las páginas 14-15 de la edición impresa de El Nuevo Día.