Los estadistas consideran que a la tercera va la vencida.

Han proclamado que la estadidad ganó los plebiscitos criollos de 2012 y 2017.

Pese al boicot de la oposición, promovieron en Washington, incluso, el 97% que obtuvo la propuesta de estadidad en la consulta de hace tres años.

Washington D.C. respondió a los resultados del plebiscito de 2012 con un lenguaje en una ley de presupuesto de enero de 2014 en la que sugirieron a las autoridades de la Isla tratar otra vez, pero recomendaron consultar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos las alternativas de status y la campaña educativa de un próximo referéndum, a cambio de una asistencia de $2.5 millones.

El gobierno de Alejandro García Padilla, pese a evaluar la idea, prefirió, para sorpresa de nadie, no hacer nada.

El recién electo gobernador Ricardo Rosselló Nevares, como un meteoro, movió en enero de 2017 al liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) hacia una próxima consulta estadidad versus soberanía política.

El Departamento de Justicia estadounidense advirtió en abril de 2017 que para cumplir con las normas constitucionales, legales y de política pública, tenían que incluir el status territorial entre las alternativas. Lo hicieron, pero nunca esperaron porque Justicia federal aprobara la papeleta.

En noviembre de 2018, el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop, recomendó al gobierno del PNP convocar a un referéndum estadidad sí o no, pues la ausencia de respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos quitó fuerza a la consulta del 11 de junio de 2017.

“El último plebiscito que celebraron necesitaba el visto bueno del Departamento de Justicia y no lo tuvo”, indicó entonces Bishop.

Es decir, dijo al gobierno del PNP que era necesario intentarlo una tercera vez.  El gobierno del PNP acogió la idea de Bishop.

Los últimos dos proyectos de la comisionada Jenniffer González – que nunca han sido discutidos en audiencias públicas-, han promovido que el Congreso convirtiera a Puerto Rico en un territorio incorporado, como paso previo a la estadidad.

Sin oportunidad alguna de avanzar legislación federal, han terminado en otra consulta criolla que si logra entusiasmar a la oposición y al electorado en general puede ser la más costosa y la mejor encuesta sobre la estadidad.

Aunque muchos piensen que intención del PNP sea movilizar sus tropas a las urnas, tras un cuatrienio lleno de tropiezos, hay que reconocer que se enfrentan a riesgos importantes.

Claro está pueden perder la consulta. Pero, de eso se tratan las contiendas políticas.

También pueden crear un abismal contraste entre el más reciente plebiscito, cuyos resultados defendieron, y el porcentaje que obtenga la estadidad en noviembre.

“No hay nada importante en la vida que no implique un riesgo”, dijo hoy el exgobernador Carlos Romero Barceló.

Los defensores de que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos se enfrentarán, a su vez, al reto de tratar de que el Departamento de Justicia estadounidense valide la consulta, un apoyo que, contrario al proyecto de ley original, no exige la convocatoria al referéndum de noviembre.

En 2017 tomó tres meses tener una respuesta, negativa, de Justicia federal. La nueva ley de referéndum sugiere a Justicia federal que les respondan a más tardar el 30 de junio, es decir en un plazo de 45 días.

Un plazo de tiempo similar dio en diciembre pasado el Comité de Asignaciones de la Cámara baja federal, en una iniciativa del demócrata boricua José Serrano, para que indicaran que el Estado Libre Asociado territorial no debía ser parte de una próxima consulta.

Han pasado tres meses del plazo otorgado por el comité del Congreso y Justicia federal no ha dicho nada de nada, pese a que se le han solicitado explicaciones.

De todos modos, en la práctica el gobierno del PNP ha incluido el ELA territorial – junto a las demás opciones que no son la estadidad-, en la papeleta, como parte de la alternativa del No.

Entre los retos a que se enfrentan, no hay un desafío mayor para los estadistas que superar la oposición del presidente Trump y el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, a la estadidad, si el PNP logra ganar ese referéndum y ambos revalidan en noviembre.

“La primera prioridad para todos los líderes de Puerto Rico debe ser poner en orden su casa financiera”, indicó un funcionario de la Casa Blanca, al reaccionar hoy a la firma de la ley que convoca al referéndum.

Eso, por lo menos, es un recordatorio de que la ley Promesa impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla por lo menos hasta 2025.

Ciertamente el camino tampoco está despejado dentro del campo demócrata, pese a que un sector de ese partido, al mirar el tema de la estadidad, piensan en ganar escaños en el Congreso y  seis votos en el colegio electoral. 

El presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), quien puede seguir en su puesto si los demócratas mantienen el control de la Cámara baja, ha indicado que incluso entre sus partidarios un referéndum estadidad sí o no tiene limitado apoyo.

Grijalva dijo a El Nuevo Día el pasado martes que un próximo debate sobre el futuro político de la Isla debe incluir todas las alternativas de status.

Desde septiembre de 2018, por su parte, el presidente Trump – líder indiscutible del Partido Republicano-, dio un no contundente a la estadidad. Meses antes, se había burlado del reclamo de la estadidad que le hiciera el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al decir que “Ricardo nos va a garantizar dos senadores republicanos”.

McConnell ha sido aun más tajante.  

En junio de 2019, el senador McConnell expresó que las propuestas de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. son parte de la “agenda demócrata socialista” y que mientras sea líder de la mayoría del Senado nunca les dará paso, pues tienen el potencial de socavar las oportunidades de los republicanos de tener el control del gobierno estadounidense.

Pese al rechazo que dio el presidente de EE.UU. a la estadidad para Puerto Rico y a que el directorio del PNP descartó respaldar candidatos estadounidenses que no respalden que la Isla sea el estado 51, el liderato del club republicano de Puerto Rico – que incluye a la comisionada Jenniffer González, al presidente de la Cámara baja, Johnny Méndez, y al exgobernador Luis Fortuño-, abrazó a Trump como candidato a la reelección.

McConnell también va a la reelección en noviembre, en su estado de Kentucky. Es mucho más importante que Trump en esta discusión, pues la Constitución estadounidense otorga al Congreso el poder sobre los territorios estadounidenses ¿Quieren también los estadistas republicanos de la Isla su reelección?

En todo el cuatrienio el gobierno del PNP no ha conseguido que un senador presente legislación a favor de la estadidad. El republicano Marco Rubio (Florida) advirtió en enero de 2018 que no hay ambiente en el Senado para darle la estadidad a la Isla.

Pero, con McConnell como líder de la mayoría, el panorama es aún peor. Hay un freno total a esa propuesta.