No es casualidad que muchos de los legisladores federales más activos en los asuntos puertorriqueños, particularmente la emergencia que aún agobia a Puerto Rico, tienen un electorado boricua importante o suelen recibir donativos de residentes de la isla.

En el Senado,  demócratas con alta población boricua, como el líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Bill Nelson (Florida), Robert Menéndez (Nueva Jersey), Cory Booker (Nueva Jersey), Richard Blumenthal (Connecticut),  y Chris Murphy (Connecticut), han estado muy activos.

Lo mismo sucede con el republicano Marco Rubio (Florida).

Cuando se consideren las próximas resoluciones de asignaciones suplementarias para mitigar el desastre causado por el huracán María, pueden ser claves.

Durante el debate sobre la reforma contributiva, Menéndez y Nelson fueron aliados principales del gobierno de Puerto Rico y el sector privado. Los senadores Menéndez y Nelson llegaron a presentar una enmienda que persiguió excluir a Puerto Rico del nuevo impuesto de hasta 13.1% sobre la propiedad intelectual de las empresas foráneas que impuso la reforma contributiva federal y que el gobierno y el sector privado temen desincentive la inversión en la isla de empresas de EE.UU.

“En el Senado han sido los más vocales. No les ha temblado el pulso”, dijo el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, quien ha cabildeado continuamente en el Congreso durante los pasados dos años.

Por años, Menéndez y Nelson han tramitado también las principales iniciativas que han cabildeado los representantes de la industria de salud de Puerto Rico. Menéndez objetó, además, desde el principio los poderes tan amplios que la ley Promesa otorgó a la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras de la Isla.

Aunque se le percibe como un aliado del Partido Popular Democrático (PPD) en el debate de status, Menéndez- quien en esta sesión ha tenido que atender el caso de corrupción en su contra, que inicialmente fue anulado, pero puede volver a juicio-, ha colaborado también con los asuntos de gobiernos de Luis Fortuño y Ricardo Rosselló.

Los republicanos de la Isla cuentan en gran medida en el Senado con Rubio, quien fue el primer senador federal en llegar a Puerto Rico tras el huracán María y envió a cinco de sus empleados a trabajar en San Juan para colaborar con los esfuerzos de reclamar asistencia al gobierno de EE.UU..

Como miembro del Comité de Asignaciones y miembro de la mayoría republicana, Rubio tendrá un rol significativo en los reclamos de las autoridades de la Isla en el Senado a favor de asistencia federal para mitigar la catástrofe causada por el huracán María.

El senador – quien recientemente le advirtió al PNP que no hay ambiente en el Senado para aprobar un proyecto para convertir a Puerto Rico en el estado 51-, ha sido criticado por el gobernador Rosselló y el presidente de los industriales, quienes consideraron que no buscó frenar el nuevo impuesto a las foráneas en Puerto Rico. “Rubio le dio la espalda a Puerto Rico. Si se hubiese levantado y atendido esto hubiese hecho una gran justicia”, indicó Masses.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos y preside el Partido Republicano de EE.UU. en Puerto Rico, ha defendido a Rubio.

Hace unos días, el senador confirmó junto a ella que de cara a la próxima resolución de asignaciones suplementarias para mitigar desastres ha abrazado las propuestas que defiende  la comisionada, que coinciden en gran medida con las del gobernador, como darle paridad a la isla en Medicaid por lo menos durante dos años, y pleno acceso  a los residentes de Puerto Rico al crédito contributivo por niños dependientes (CTC), entre otras cosas. Rubio propone reducir a la mitad la deducción por nómina del Seguro Social y Medicare, para beneficio de trabajadores y empresas.

La comisionada González, sin embargo,  atribuye al presidente del Comité de Finanzas, el republicano Orrin Hatch (Utah), frenar los esfuerzos por suavizar los efectos de la reforma contributiva federal sobre Puerto Rico y el uso del plan de salud infantil (CHIP) para aplazar el abismo fiscal en el sistema de salud, con una asignación de por lo menos $1,000 millones en fondos de Medicaid.

Entre los muchos legisladores demócratas que han reclamado un ‘Plan Marshall’ para Puerto Rico, destaca el proyecto de ley del senador independiente Bernie Sanders (Vermont), que propone asignar sobre $100,000 millones a Puerto Rico, y tiene el apoyo de varios senadores, entre ellos Warren.

Sanders y Warren son dos potenciales aspirantes a la candidatura presidencial demócrata de 2020. Warren también prepara una legislación independiente. Los dos aglutinan  esfuerzos de sindicatos y grupos cívicos de la diáspora.

“La estrategia de Bernie y Warren ha sido tener metas ambiciosas para empujar la discusión hacia el lado progresista y promover pedazos de sus medidas en la que se mueva finalmente  como resoluciones de asignaciones de fondos”, indicó Federico de Jesús, quien fue portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Barack Obama y subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) bajo la pasada administración.

En la Cámara baja, la comisionada y la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) son los puntos de contacto principales en sus respectivos caucus sobre  el tema fiscal de Puerto Rico, coinciden fuentes legislativas y del sector privado de la Isla.

Como muchos demócratas, los puertorriqueños José Serrano, con su influencia en el Comité de Asignaciones; Luis Gutiérrez, entre los boricuas el de  mayor acceso a los grandes medios de EE.UU.; y Darren Soto, representante de la diáspora boricua de Florida, han sido voces de denuncia constantes sobre la “lenta e ineficiente” respuesta del gobierno federal.

La comisionada ha logrado una relación de trabajo cercana con el speaker Paul Ryan y los presidentes de comités claves, como los de Energía y Comercio, Recursos Naturales y Medios y Arbitrios.Pero, Ryan – quien parece haber recibido el mayor número de donativos electorales desde Puerto Rico en esta sesión del Congreso-, no pudo cumplir en 2017 con todas las expectativas que se tenían sobre el abismo fiscal de Medicaid ni con la promesa a la comisionada González de “hacer mejoras a nuestra legislación en materia de reforma tributaria en lo que se refiere a Puerto Rico, cuando vayamos a conferencia”.

En la primavera de 2017, el Congreso asignó $296 millones en fondos de Medicaid,pero el precipicio fiscal del sistema de salud puede llegar a finales de marzo sin una solución para todo 2018.

La comisionada considera que la Cámara baja hubiese aprobado en diciembre cerca de $6,000 millones adicionales en fondos de Medicaid – como parte de la tercera resolución de asignaciones suplementarias para mitigar desastres-, de no haber sido porque los demócratas han preferido pedir más ahora y que el debate ha estado integrado al futuro de la medida que busca normalizar la vida de los indocumentados que llegaron a Estados Unidos de la mano de sus padres.

González ha insistido en que Ryan y el número tres de la mayoría cameral, Steve Scalise, apoyaron una asignación de cerca de $6,000 millones en fondos de Medicaid, pero que la falta de un acuerdo con los demócratas dejó el tema fuera de la resolución de asignaciones aprobada en diciembre pasado.

“Paul Ryan ha hecho expresiones importantes (sobre Puerto Rico), pero no hemos visto la acción”, sostuvo Masses.

La congresista Velázquez, por su parte, ha insistido en que se requiere una solución permanente al abismo fiscal de salud. El tema debe resolverse pronto en el Senado.

Velázquez fue la primera congresista en llegar a la Isla tras el huracán, como parte de una delegación de Nueva York encabezada por el gobernador Andrew Cuomo, quien ha trabajado  de cerca con el gobernador Rosselló, y el representante estatal neoyorquino Marcos Crespo.

Por su cercanía con la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi,  y la relación de trabajo con el líder Schumer – como ella parte de la delegación de Nueva York-, la congresista Velázquez es el cable de tierra de las negociaciones demócratas sobre la Isla.

Junto a los temas fiscales, en unión al congresista Bennie Thompson (Misisipi) y la senadora Warren, Velázquez ha pedido investigar la veracidad de la cifra oficial de muertes ocurridas como consecuencia del huracán.

El congresista Gutiérrez, por su parte, participó en misiones humanitarias de la ciudad de Chicago y junto al demócrata Adriano Espaillat, elegido por Nueva York y de origen dominicano, ha denunciado constantemente, como los caucus demócratas de ambas cámaras legislativas, la “lenta e insuficiente” respuesta del gobierno de Trump.

Serrano es quien tiene la influencia en el Comité de Asignaciones, y promovió el lenguaje que permitiría que FEMA financie rehacer, no solo reparar, la red eléctrica.

Con respecto a la deuda pública de Puerto Rico, los demócratas boricuas, Warren y Sanders están en récord pidiendo que se cancele.

En el Senado, el PPD, principalmente a través del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, ha tenido acceso al senador republicano Roger Wicker (Misisipi), quién ha sido su aliado en el tema de status. En momentos en que el gobierno de Rosselló y el Frente por Puerto Rico buscaba suavizar los efectos de la reforma contributiva federal sobre la Isla, Acevedo Vilá llevó al gobernador Rosselló a una reunión con Wicker.

Al ex gobernador “le consta que Wicker, a petición del gobernador Rosselló” y él, “habló con el liderato republicano sobre Puerto Rico”, indicó Juanita Colombani, portavoz de Acevedo Vilá. 

Los viajes y recaudaciones

Los estragos causados por el huracán María generaron, a su vez, una serie de misiones de miembros del Congreso que viajaron a la Isla – muchos de ellos convocados por la comisionada González-, para conocer de primera mano la situación de emergencia de Puerto Rico.

Por lo menos 53 miembros del Congreso ya han ido a Puerto Rico, con la tarea de examinar los daños e informarse de cara a las resoluciones de asignación de fondos para atender desastres.

De la Cámara baja, las visitas a la Isla han incluido al speaker Paul Ryan; al portavoz de la mayoría, Kevin McCarthy (California); al número dos de la minoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer; la número cuatro de la mayoría republicana, Cathy McMorris Rodgers (Washington); a los líderes del Comité de Asignaciones,  el republicano Rodney Frelinghuysen (Nueva Jersey) y Nita Lowey (Nueva York ); al presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah); y al jefe del Comité de Transportación, Bill Shuster (Pensilavania).

Al menos 17 senadores han ido a la examinar los daños, entre ellos la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), Menéndez, Rubio, Nelson, Sanders y Warren.

Antes del huracán, pese a la crisis, habían comenzado a fluir nuevamente las recaudaciones para legisladores federales. Los donativos prácticamente se han frenado desde el huracán María.

Pero, una búsqueda en los datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés), coloca al speaker Ryan – por medio del comité TeamRyan a través del que distribuye  fondos a otros candidatos -, como el que más fondos ha recibido, con $81,000. “Paul Ryan ha hecho expresiones importantes (sobre Puerto Rico), pero no hemos visto la acción”, sostuvo Masses.

A Ryan le  siguen el senador Wicker (Misisipi) con $39,000, el congresista republicano Carlos Curbelo ($34,500), el senador Hatch ($31,500), el congresista demócrata Soto ($25,800), el senador demócrata Tim Kaine ($21,900), y los republicanos Sean Duffy($21,500), y Bishop ($21,500).

Bishop, como presidente del Comité de Recursos Naturales, ha estado más pendiente de los planes del gobierno de Puerto Rico y la junta sobre la AEE. En ese sentido, fue el que abrió una investigación legislativa sobre el escándalo Whitefish.

A raíz del debate sobre Whitefish, como advitiera Bishop, la lupa sobre los procesos de contratación del gobierno de Puerto Rico durante la emergencia se agiganta.Y el lenguaje de las recientes resoluciones de asignaciones suplementarias, que endurece los controles sobre la Isla, así lo confirman.

Duffy, considerado un aliado de los estadistas, sorprendió cuando hizo manifestaciones a favor de la asistencia para Puerto Rico dentro de la resolución de asignaciones suplementarias de octubre pasado, pero luego – en oposición al pago de $16,000 millones de la deuda del fondo para mitigar inundaciones de FEMA-, votó en contra de la medida.

Curbelo, coinciden fuentes del gobierno y la empresa privada, intentó ayudar  durante el debate sobre la reforma contributiva federal, que en la Cámara baja también se aprobó sin tomar en cuenta los puntos de vista de los demócratas y de las autoridades de la isla.