A pesar de que la puerta ha estado cerrada en el Senado federal, con su más reciente legislación pro estadidad, la comisionada residente Jenniffer González aspira a que el Congreso diseñe el mapa para la admisión de Puerto Rico como estado 51.
La Constitución estadounidense delega en el Congreso el poder para considerar la admisión de un territorio como estado. El caso de Puerto Rico es particular.
Desde hace un siglo, a diferencia de los territorios que se han convertido en estados, el Tribunal Supremo federal determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de EE.UU.
Al presentar su legislación número 6246, la comisionada González afirmó que, “con la aprobación del proyecto”, Puerto Rico quedaría incorporado de inmediato como territorio y se crearía un Grupo de Trabajo del Congreso para examinar las leyes que deben ser enmendadas o derogadas para hacer viable la plena anexión.
Abogados consultados por El Nuevo Día tienen una interpretación distinta a la de la comisionada residente.
Consideran que la redacción de la medida condiciona tanto la incorporación, primero, como la admisión como estado a que las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Congreso que revisará los pasos a seguir para la plena anexión sean convertidas en ley a través de otro proyecto.
“El proyecto se puede leer de las dos formas”, indicó una fuente cercana al Congreso.
Debido a que el Grupo de Trabajo puede tardar hasta 13 meses en presentar un informe final al Congreso, es evidente que, si el proyecto de la comisionada se aprobara este año, el proceso tendría que darse durante la próxima sesión, que comienza en enero.
Tomando en cuenta que un Congreso no puede obligar a otro, el proyecto 6246 advierte que su ratificación representaría “la intención del Congreso de aprobar legislación a base del informe final del Grupo de Trabajo”.
una hoja de ruta
Pero determinar si la legislación incorpora o no de inmediato al territorio de Puerto Rico es fundamental, pues ha sido, “hasta el momento, una promesa irreversible” hacia la estadidad, indicó el constitucionalista Carlos Ramos González.
Contrario a la interpretación que hace la comisionada González, Ramos González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, entiende que la medida crea “una hoja de ruta, a través del Grupo de Trabajo, tanto sobre la incorporación como para la eventual admisión como un estado”. En Balzac versus Porto Rico (1922), el Tribunal Supremo de EE.UU. determinó que la incorporación tiene que ser una acción expresa del Congreso.
La meta del proyecto -eso sí está claro-, es que la estadidad sea efectiva el 1 de enero de 2021.
La referencia a la incorporación se hace después de hablar de que se reciban las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo.
“Al recibir el informe final del Grupo de Trabajo… el Congreso se asegurará de que, según corresponda, las leyes federales que no se aplican a Puerto Rico o se aplican de manera diferente al territorio que a los diversos estados, se enmienden o deroguen para integrar gradualmente el tratamiento equitativo de Puerto Rico con los diversos estados a más tardar el 1 de enero de 2021”, indica el proyecto.
Después agrega que “generalmente, como parte del proceso de transición… Puerto Rico dejará de ser un territorio no incorporado de EE.UU. y se convertirá en un territorio incorporado de EE.UU. hasta su admisión final a la Unión como estado, no más tarde del 1 de enero de 2021”.
El abogado y analista John Mudd describe la medida como “una serie de pasos: apruebas la ley, luego los informes y finalmente la estadidad”. “Hay que revocar las partes que perpetúan el discrimen para que (el territorio) sea incorporado”, agregó Mudd.
El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ha indicado que la legislación de la comisionada González es “un engaño” a la militancia estadista, pues entiende que se limita a hacer una petición al Congreso para que se haga un estudio sin garantía ninguna.
“Bajo el proyecto, una vez todo esté estudiado y encaminada una recomendación para que Puerto Rico pueda convertirse en un estado, entonces se convierte en un territorio incorporado. Luego, en enero de 2021, se convertiría en un estado”, dijo, por su parte, el abogado Domingo Emanuelli, al reafirmar que la transición es irrealista por su corta duración y la carga de trabajo que tendría por delante ese comité.
En su primer proyecto que buscaba la admisión de Puerto Rico como estado, González propuso hacerla efectiva en enero de 2025, quizá tomando en consideración la existencia de la Ley Promesa, que creó una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno y estableció un proceso de reestructuración de deuda que solo puede existir bajo un territorio.
Bajo Promesa y el plan fiscal que ha certificado, la JSF estaría vigente hasta 2026.
Con el proyecto, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) reconoce, sin embargo, que antes de la estadidad, hay que incorporar la isla como territorio, un concepto del cual han guardado distancia pues implicaría tener todas las protecciones de la Constitución, pero pagar contribuciones sobre ingresos sin tener derechos políticos, como votar por el presidente y elegir miembros del Congreso con derecho al voto.
Al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, no le parece que reconocer la incorporación como transición sea un cambio en la postura reciente del PNP, pese a expresiones en los últimos años de líderes de su colectividad en contra de esa alternativa.
“Siempre se ha hablado del proceso de incorporación y la estadidad. Para mí, lo importante es que no sean dos cosas diferentes, que sea una misma vía, en una misma (ley) de admisión”, sostuvo el mandatario cuando se anunció el proyecto 6246 de la comisionada, que tiene, en su origen, 37 coauspiciadores.
Un político del PNP que ha sido claro en que el próximo paso hacia la “igualdad” debe ser la incorporación del territorio es el exgobernador Carlos Romero Barceló, incluso dentro de la Comisión de Igualdad.
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, afirmó que colocar por delante una propuesta de territorio incorporado no facilitará la petición de estadidad. “Se opondrán por las mismas razones por las que no aceptarían la estadidad”, opinó.
Pero el abogado Emanuelli sostuvo que, si la incorporación -como interpreta- no ocurre al aprobarse el proyecto de ley 6246, el plazo de dos años y medio para aceptar a Puerto Rico como estado 51, la fecha del 2021, se hace aún más irrealizable ante los cambios a leyes que deben hacerse y la transición que se requiere incluso del territorio no incorporado al territorio incorporado.
HawÁi y Alaska
Los dos últimos territorios en ser admitidos a la federación fueron Hawái y Alaska, en 1959. “Hay similitudes, pero sería comparar la manzana de Puerto Rico con la china de Hawai y la mandarina de Alaska”, dijo Jeffrey Farrow, ahora asesor de grupos estadistas, pero quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton y director ejecutivo del Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja federal.
Una mirada a ambos casos, revela que tanto Alaska como Hawái, como territorios, estaban sujetos a las leyes contributivas estadounidenses que en Puerto Rico no aplican del todo. En Alaska, las autoridades federales eran el gobierno para todos los efectos, pues casi todas las tierras estaban en sus manos, afirmó Farrow.
Ni Hawái ni Alaska tenían constituciones locales como territorios, ni un gobierno con la repercusión sobre sus ciudadanos como el que tuvo Puerto Rico desde 1948 “hasta 2016, cuando la Ley Promesa fue adoptada”, dijo Farrow. Para 1959, además, la transición en Alaska y Hawai no tenía que ocuparse de muchas leyes de bienestar social, como Medicaid o la asistencia nutricional, que no estaban vigentes.
Electoralmente, Alaska empezó su procedimiento a favor de la estadidad en 1946, con un primer referéndum, en el que obtuvo un 58% de los votos. En 1956, el porcentaje subió a 68% y en 1958 alcanzó el 83%. Su liderato ejecutó la estrategia del Plan Tenesí.
Territorio estadounidense desde 1898, Hawái tuvo su primer referéndum en 1940, cuando la estadidad obtuvo un triunfo de 2 a 1. El proceso se interrumpió durante la II Guerra Mundial, pero se reanudó en 1946. Para 1947, Hawái estableció una comisión dedicada a buscar la estadidad en Washington. Cuando se les ofreció la estadidad, casi el 94% lo respaldó.
Cuando fue admitido como estado, Hawái era considerado un estado republicano. A Alaska, se le identificaba con los demócratas. Con el tiempo, sin embargo, Hawái se ha convertido en demócrata, y Alaska republicano. En Puerto Rico y EE.UU., los boricuas que se identifican con los partidos estadounidenses suelen preferir abrumadoramente a los demócratas.
Hace unos días, con tono de chiste, el presidente Donald Trump le dijo al gobernador Rosselló Nevares en la Casa Blanca que si le garantiza dos senadores republicanos, un proceso de estadidad puede ser “muy rápido”.
La legislación de la comisionada González se fundamenta en los plebiscitos de 2012 y 2017. El proyecto sostiene que fueron claras victorias para la estadidad, a pesar de las críticas que los procesos han generado en Washington y San Juan, incluido el boicot y la baja participación (23%) que tiene como telón de fondo el 97% de la estadidad del pasado año.
Aunque la legislación 6246 no propone un referéndum en Puerto Rico para ratificar las posibles recomendaciones del Grupo de Trabajo, es decir una oferta de estadidad, sí contiene un apartado que no descarta “una libre determinación adicional bajo ley federal o local”.
*Publicada en la edición impresa del 1 de julio de 2018