Justo hace un año, el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Rob Bishop (Utah), advirtió al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) que si querían tratar de echar a andar el debate sobre el status político de Puerto Rico tenían que convocar a una nueva consulta en San Juan.

Bishop – en una carta que originalmente publicó El Nuevo Día y a la que luego se unieron otros miembros de ese comité, incluida la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-, enterró en noviembre de 2018 la idea de que el plebiscito de 2017, boicoteado por la oposición política y con una participación de solo 23%, podía servir de referente para proponerle al Congreso otorgarle la estadidad a la isla.

“La inhabilidad del Departamento de Justicia (federal) en validar a tiempo la consulta de 2017, ha permitido a sus oponentes impugnar sus resultados”, sentenció Bishop, junto a la propia comisionada y vicepresidente del PNP, Jenniffer González, y sus colegas republicanos Don Young (Alaska) y Doug LaMalfa (California).

En resumen, Bishop le dijo al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares que después de haber ignorado la legislación federal que propuso vincular al Secretario de Justicia de EE.UU. con un referéndum de status en Puerto Rico, no era viable venir al Congreso a reclamar otra legislación de status.

Bajo una ley federal de enero de 2014, el Departamento de Justicia de EE.UU. puede otorgar $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ayudar a  financiar un referéndum de status, siempre y cuando el secretario de Justicia de Estados Unidos examine si las definiciones de las alternativas a presentarse al electorado cumplen con la “legalidad, constitucionalidad y la política pública” del gobierno federal.

El republicano Bishop recomendó al PNP que convocar a un referéndum estadidad sí o no en consulta con el Secretario de Justicia de EE.UU..

Rosselló Nevares acogió la idea de inmediato. En febrero pasado, el directorio del PNP aprobó una resolución a favor de un referéndum estadidad sí o no “en o antes de las elecciones generales de 2020”.

Prisa no hay. Han pasado nueve meses.

En el interín, con el apoyo del liderato del PNP, el demócrata puertorriqueño Darren Soto (Florida) presentó un proyecto de ley que ignorando las recomendaciones de Bishop y el directorio del PNP, propuso convertir a Puerto Rico en un estado en 90 días, y sin ninguna consulta del gobierno federal.

Junto al demócrata puertorriqueño José Serrano, la comisionada González, por su parte, presentó otra legislación que requiere de la celebración del “referéndum” de Bishop para convertir a Puerto Rico no en un estado, sino en un territorio incorporado, con la esperanza de que se de inicio a un proceso de transición hacia la estadidad de hasta 30 meses.

No se lo dijeron a su militancia, pero el liderato del PNP ya había tomado la decisión de convocar la consulta para noviembre de 2020, junto a las elecciones generales de Puerto Rico, cruzando los dedos de que ese mismo día revaliden en la isla y los electores en Estados Unidos derroten a Donald Trump.

El primer intento del gobierno del PNP de integrar al Departamento de Justicia con una consulta de status en la Isla, como acentuó Bishop, se quedó a medidas.

Desde principios de 2017, el entonces gobernador promovió la idea de convocar a un referéndum estadidad versus soberanía política.

Vinieron a Washington. Se tomaron ‘selfies’ frente a las oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos como si estuvieran en Disney.

Pero, las primeras consultas con el Departamento de Justicia le desbarataron el diseño original del plebiscito. El gobierno de Trump hasta desconoció el resultado más claro reciente de una consulta sobre el futuro político de la Isla, el rechazo de 2012 al actual status territorial, y demandó incluir esa alternativa en cualquier consulta.

Cinco meses no bastaron para lograr un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el contenido del plebiscito de 2017. Pero, a pesar de ello, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), ahora comandado por Wanda Vázquez Garced, no parece tener prisa para mostrar sus cartas sobre la nueva consulta, que generará fuertes disputas en la Isla.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Jennifer Storipan, ha indicado que han tenido conversaciones preliminares con el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el interés en volver a legislar un referéndum de status en la Isla.

No ha dado detalles.

Pero, sin conocerse el contenido de la papeleta electoral que quiere proponer el PNP, no habrá discusiones concretas con Justicia federal.

No le toca al Ejecutivo estadounidense tomar esa decisión, sino al Congreso. Pero, si el liderato del PNP y la gobernadora Vázquez Garced deciden legislar una consulta estadidad sí o no, el Departamento de Justicia de EE.UU. tendrá que decidir si se vincula con una oferta que el Congreso no ha querido hacer.

Si legislan en enero, tendrán en la práctica seis meses para cualquier discusión con la oficina del secretario de Justicia estadounidense, William Barr.

No es mucho tiempo. La comisionada González, no obstante, ha dicho que con o sin el visto bueno del Departamento de Justicia de EE.UU. seguirán adelante con la consulta.

Quizá por eso – y el hecho de que la Junta de Supervisión Fiscal (que controla las finanzas públicas de la Isla estará en funciones por lo menos hasta 2024-. es que no tienen prisa.