No se trata de Jimmy Stewart, en su personaje de Jefferson Smith.

Si no hay una nueva rebelión de los más conservadores y los demócratas ignoran a sus tropas sindicales, el  proyecto 5278 que busca imponer una nueva capa de control federal sobre Puerto Rico, tiene ahora altas posibilidades de pasar el filtro del pleno de la Cámara baja federal, quizá la semana próxima.

Llegará al hemiciclo cameral con la bendición del speaker Paul Ryan; la líder demócrata, Nancy Pelosi; el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Rob Bishop; el portavoz de la minoría en esa comisión, Raul Grijalva; y el gobierno del presidente Barack Obama.

En el Senado, la oposición aún no parece determinante. Pero, todo se verá con claridad si pasa el filtro de la Cámara baja.

Como se sabe, la medida propone una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico. Los siete miembros designados por el presidente de EEUU tomarían las decisiones últimas sobre los asuntos financieros de la Isla y tendrían poder para llevar ante un juez peticiones para reestructurar la deuda de dependencias públicas de la Isla.

La nueva autoridad federal mandará sobre el gobernador y los legisladores. Pero, aunque la legislación se apruebe este verano, los aspirantes a gobernador y los legisladores todavía estarán en campaña en busca de ser elegidos en noviembre.  Es posible que para entonces Mr. Smith y sus colegas ya tendrán oficina en San Juan. Ni García Márquez lo contaría igual.

El poder que se otorga a la junta reúne de un solo tiro, las funciones constitucionales del Ejecutivo y la Legislatura para llevar a cabo planes fiscales, aprobar presupuestos, emitir bonos, proponer la venta de terrenos, acelerar proyectos de desarrollo económico e impulsar procesos de reestructuración por la vía judicial.

Si no fuera porque no anula el poder judicial de Puerto Rico, serían poderes omnímodos.

Como se propone la formación de la junta, tal vez los miembros de la junta solo estén esporádicamente en la Isla, pues sólo uno tiene que ser residente o tener negocio primario en suelo boricua.

El trabajo de día a día va a estar en manos de un director ejecutivo; una especie de gerente del gobierno de Puerto Rico, nombrado por el presidente de la junta de control fiscal. Va a ocupar una oficina permanente en San Juan y reclutará a un batallón de funcionarios, para velar de cerca a los funcionarios electos de la Isla.

Junto al director ejecutivo, la figura del ‘oficial de revitalización’, aunque en teoría nombrado por el Gobernador, tiene que ser escogido de un listado de tres candidatos que someterá la junta de control fiscal. Si al gobernador no le gustan los candidatos, la junta lo nombra directamente.

Dicho oficial de revitalización identificará proyectos que puedan tramitarse por la vía rápida, por encima de normas locales. Consultará con la Junta de Planificación y la Comisión de Energía, cuando sea necesario. Pero, al final de cuentas, la decisión final puede estar en manos de los siete miembros de la junta.

Para ser miembro de la junta, por si a alguien le interesa el puesto, los requisitos son conocer de finanzas, empresas y gobierno. No puede tener conflictos de interés, ni ser funcionario gubernamental. Tampoco haber sido funcionario electo.

Para ser gobernador hay que tener por lo menos 35 años,  y haber sido durante los cinco años precedente ciudadano de EEUU, ciudadano y residente ‘bona fide’ de Puerto Rico.

No hay requisito de idioma. Pero, se cae de la mata que el gobernador de Puerto Rico necesitará hablar en español. ¿Dominará el español Mr. Smith? Si es así, quizá pueda ofrecer el mensaje oficial del 25 de julio, cuando se conmemoran los 116 años de la invasión militar estadounidense y los 64 de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, que, con el 5278, más que nunca quedará disminuida.

Este fin de semana, en un tuit, el speaker Paul Ryan afirmó que “no puedes decir que el gobierno es del pueblo cuando está imponiendo decisiones sobre el pueblo”.

No es que el 5278 cambie ese desbalance histórico de las relaciones entre EEUU y Puerto Rico. Pero, ahora el desequilibrio sería total, pues se tacha el ya limitado ejercicio de democracia electoral en la Isla.

Los que consideran que hay que resignarse al inminente nuevo mandato del Congreso – y del Tesoro, que es el arquitecto del plan-, consideran que es la última oportunidad para legislar un mecanismo que permita la reestructuración de la deuda y evitar que llegue al caos la crisis financiera y económica de la Isla.

Pero, ha habido otras alternativas sobre la mesa que el gobierno federal no ha querido tocar.

Entre los que reciben con resignación el 5278, han quien  quiere pensar que la respuesta federal a la crisis hará inevitable un cambio verdadero en las relaciones entre Washington y San Juan, más allá de los administradores que vienen con Mr. Smith.

Pero, mientras el proceso de reestructuración esté fundamentado en el poder del Congreso sobre Puerto Rico por medio de la cláusula para territorios de la Constitución de EEUU no sé cómo pueden explicarlo. ¿Quién va a detener posibles decisiones judiciales de reestructuración de deuda que estén en marcha a base de una quiebra que solo ocurriría bajo el régimen territorial?

Durante el último cuarto de siglo, el Congreso ha cerrado a los estadolibristas la posibilidad de “desarrollar” el llamado ELA. Ahora acaban con la ilusión del gobierno propio a nivel local.

Los independentistas, después de décadas de represión, no tienen los votos.

Los estadistas dicen que ganaron el plebiscito de 2012, pero hasta sus aliados, como Don Young (Alaska) y Raúl Labrador (Idaho), les han advertido que bajo la crisis fiscal actual no hay oportunidad para avanzar por el momento el debate de status en el Congreso.

A juzgar por el lenguaje de la medida, lo próximo será examinar alternativas de desarrollo económico por medio de un grupo de trabajo bicameral y bipartidista. Es decir cómo atender la economía sin cambiar el status que permite crear la bancarrota territorial.

A mediados del siglo pasado, dejar al lado una decisión final sobre el status por medio de una carta orgánica y poder para formar gobierno a nivel local – aunque siempre dependiente del Congreso y la Constitución estadounidense-,  era la alternativa a ir “barranca abajo”.

Ahora, la junta federal de control fiscal, dice la teoría de los que entienden que hay que ceder lo poco o la ilusión de gobierno propio a nivel local, es la alternativa al derrumbe económico.  A mis abuelos, que en paz descansen, les sonaría muy familiar.