Lo primero, primero.

¿Cuándo vaya a ser llevado a votación, tras las enmiendas que se conocerán próximamente, habrá una mayoría de republicanos de la Cámara de Representantes a favor del proyecto 4900?

¿Habrá una mayoría de republicanos de la Cámara de Representantes que por lo menos acepte que la medida sea llevada a votación en el pleno cameral?

¿Se harán los cambios que favorecen los demócratas que dificultarán aún más complacer a los republicanos?

¿Estarán los republicanos más conservadores listos para apuntarle esta controversia en la libreta de deudas por cobrar al speaker Paul Ryan como le fueron acumulando ‘faltas’ a John Boehner?

¿Si no logra el visto bueno de su caucus – mayoría a favor del proyecto o por lo menos acepta que la medida vaya a votación en el pleno cameral-, estará dispuesto Ryan a abrir un hueco en su liderazgo como consecuencia de la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico?

Las contestaciones a esas preguntas se conocerán en las próximas semanas.

Y en gran medida definirán la suerte del proyecto 4900 que busca imponer una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico e incentivar procesos de reestructuración de la deuda pública.

Pululando sobre el tranque dentro de la mayoría republicana con respecto a los poderes para reestructurar la deuda pública que se le entregarían a una junta federal de control fiscal que funcionaría por encima del gobierno de Puerto Rico, se pasea la regla “Hastert”. 

(A corto plazo, deberían eliminarle el nombre, tras los casos de pederastia presentados en contra del expresidente cameral Dennis Hastert).

Pero, en lo que se ponen de acuerdo sobre eso, deberán determinar si, como reclaman conservadores, al proyecto que impone la junta federal de control fiscal se le debe exigir cumplir con esa regla, que requiere que la mitad más uno de los miembros del caucus republicano estén a favor de la legislación.

Redactar un proyecto que sea del agrado de la mayoría de los republicanos no debe ser complicado. Cierto que hay voces que rechazan cualquier intervención en la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, pues piensan que están comprando un problema que les seguirá dando jaquecas y cuyas consecuencias piensan son impredecibles.

Pero, hay consenso entre los legisladores del GOP en que – como sugieren desde hace casi tres años las firmas de inversiones, que se han gastado millones en promover la idea-, se le debe quitar al gobernador y a los legisladores de Puerto Rico el control sobre su presupuesto y los planes fiscales. El Tesoro y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, han aceptado el lenguaje sobre los poderes de la junta por encima del gobierno de Puerto Rico.

El gobernador dice que no le agrada, pero tampoco lo verá  protestando hoy por la imposición de la junta.

El verdadero tranque entre los republicanos de la Cámara baja es el poder de reestructuración que se le otorga a la junta.

Por un lado, el liderato republicano ha tratado de echar hacia delante un lenguaje que puede permitir una reestructuración abarcadora de la deuda, siempre y cuando – y esa es la preocupación de los demócratas-, se superen dos vallas altas que se colocan: primero, en términos de las negociaciones voluntarias, que dos tercios de los acreedores accedan a una reestructuración de la deuda; segundo, cuando se quiera forzar procesos de reestructuración, que cinco de los siete miembros de la nueva súper junta estén a favor de llevar ante un tribunal el reajuste en las obligaciones financieras de una entidad del gobierno.

Para los conservadores aceptar el lenguaje, ha advertido el republicano boricua Raúl Labrador (Idaho), el lenguaje referente al poder de reestructuración de la junta deberá reconocer las garantías que otorga a los bonos de obligaciones generales (GOs) la Constitución de Puerto Rico y no buscar dar prioridad a las pensiones de los jubilados del gobierno.

Los demócratas advierten que para arrebatar funciones al gobernador y los legisladores  de Puerto Rico a los republicanos no les preocupa pasar por encima de la Constitución puertorriqueña. Y han hecho claro que sin una reestructuración abarcadora que funcione y permita dar prioridad a las pensiones de los jubilados del gobierno no apoyarán la legislación.

El plan del speaker Ryan y del presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), es divulgar las enmiendas al 4900 la próxima semana, una vez vuelva a sesionar la Cámara de Representantes, que está en receso hasta el 10 de mayo.

Si logran torear a los conservadores, entonces tratarán de programar la votación en la comisión en algún momento después del 16 de mayo, a ver si antes del próximo receso legislativo – que empieza el 26 de mayo -, pueden aprobarla en el pleno de la Cámara.

Como trato de acentuar hay aún muchos ‘si logran’ en el camino. Y eso, que todavía faltará el Senado, donde los republicanos sí necesitan respaldo demócrata para aprobar alguna legislación en junio. ‘Si logran’ sacar la medida de la Cámara.