Menudo rollo tiene encima el speaker Paul Ryan para cumplir con su propósito de buscarle una ‘solución federal’ bipartidista – es decir basada en la visión del gobierno  de Estados Unidos-, a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

A punto de cumplir sus primeros seis meses en la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tiene que buscar la forma de encaminar una medida que cumpla con las expectativas republicanas de imponer una autoridad federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico y al mismo tiempo provea alguna herramienta que le permita a la junta de ‘siete próximos gobernadores’ de la isla atenuar la crisis.

El primer intento en la Cámara baja por ofrecerle un mecanismo de reestructuración al gobierno de Puerto Rico– la legislación 870 del comisionado Pedro Pierluisi-, había sido bloqueada por los más conservadores del Comité de lo Jurídico, en medio de la campaña de las firmas de inversiones en contra de la legislación. Esto a pesar de que, según fuentes, el liderato del Comité de lo Jurídico estaba dispuesto a dar paso a esa medida, que impulsa el acceso de las empresas públicas de Puerto Rico, incluido sus municipios, al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Nueve meses después, el esfuerzo por crear un procedimiento de bancarrota territorial a través de otro comité – la Comisión de Recursos Naturales, con jurisdicción primaria sobre Puerto Rico-, volvió a ser frenado por los más conservadores.

En esta ocasión, sin embargo, la diferencia va a tener que ser el mollero que quiera mostrar el speaker Ryan.

El proyecto 4900, además de quitarle al gobernador y a la Legislatura las últimas decisiones sobre el presupuesto y los planes fiscales, persigue fomentar procesos voluntarios para reestructurar la deuda pública, pero da la opción de que dos tercios de los acreedores se pongan de acuerdo con el gobierno para proponer a un juez el reajuste de las obligaciones de una dependencia del gobierno o de que cinco de los siete ‘regentes’ decidan ir directamente al tribunal a hacerlo.

La legislación propone además una moratoria en el cobro de deuda del gobierno hasta mediados de febrero de 2017.

Esta vez no todos los conservadores están alienados en contra de la medida.

Por ejemplo, el propio boricua republicano Raúl Labrador (Idaho), con peso en el debate como miembro de ambos comités – Jurídico y Recursos Naturales-, está inclinado a favor de la legislación, aunque se opuso a otorgarle acceso a la Isla al capítulo 9.

Otro conservador del Freedom Cacus, como Mick Mulvaney (Carolina del Sur) también rechaza el argumento de algunos de sus colegas de que la legislación es un ‘rescate financiero’ para Puerto Rico.

Por un lado, valga reconocer, los fondos de inversiones presionan con fuerza y tienen el dinero para llevarle la campaña a los republicanos que se les enfrenten- como ha conocido en carne propia el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah)-, a su propio barrio.

“¿Quién hubiese pensado que el tema de más urgencia  en el primer distrito de Utah era Puerto Rico?”, se preguntó esta semana Bishop, tras la experiencia con la campaña publicitaria del Centro para la Libertad Individual (CFIF).

Los legisladores cercanos al movimiento Tea Party están activados. Y nadie se olvida aquí de cómo un movimiento de base del Tea Party destronó sorpresivamente hace dos años al entonces número dos de la Cámara baja, Eric Cantor, en momentos en que la primaria congresional en el distrito 7 de Virginia parecía solo un trámite previo a su  futura elección como speaker.

Ponga el acelerador al proceso, y entonces, tras los mensajes publicitarios en su distrito del Centro para la Libertad Individual – que el propio comisionado Pierluisi piensa están financiados por los fondos de inversiones-, el congresista Bishop súbitamente no es el coauspiciador del proyecto 4900, cuyo autor de récord es Sean Duffy (Wisconsin).

El congresista Duffy había propuesto su propia legislación, a favor de una junta federal de control fiscal, que si era aceptada por el gobierno de Puerto Rico permitiría acceso al capítulo 9.

Duffy es amigo de Ryan y parte de la delegación del estado de Wisconsin. Tras la campaña a que se enfrentó Bishop en su distrito, Duffy asumió la autoría de un proyecto que preocupa a sectores conservadores  que lo consideran un súper capítulo 9, probablemente para guardarle las espaldas al speaker.

“Eso (surgió después de) una conversación y discusión interna”, dijo Duffy, cuando fue preguntado por El Nuevo Día en torno a que apareciera la semana pasada como el autor principal de la legislación.

La oposición de los demócratas tiene que ser tomada en cuenta. Primero que todo porque desde finales de 2015 es permanente la conversación del liderato republicano, incluido el Senado, con los portavoces demócratas y el Tesoro.

Más recientemente, todo el diseño de la legislación ha sido una colaboración entre el Tesoro y los republicanos. Antonio Weiss, consejero del Secretario del Tesoro, aceptó tranquilamente en la audiencia del pasado miércoles el duro lenguaje que convierte a los funcionarios electos de la Isla en empleados de la junta, pues en cierta medida son coautores de la legislación, como lo reveló el borrador que se promovió en diciembre pasado.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, está públicamente en récord apoyando la autoridad de la junta sobre el gobierno de Puerto Rico. Si el gobernador Alejandro García Padilla está molesto, lo disimula. Ningún funcionario electo de la Isla parece dispuesto a desobedecer a los que mandan, aunque los demócratas del Congreso mantienen sus espadas en alto en contra de que se le limite más la autonomía local a la Isla.

Así que el debate de las próximas semanas parece que estará más centrado en el proceso de reestructuración. Mientras los conservadores republicanos quisieran solo un proceso de reestructuración voluntaria, los demócratas demandan que la junta tenga el poder  – con flexibilidad suficiente- para reajustar las obligaciones generales si fuera necesario y ordenar los pagos de tal forma que el sistema de pensiones públicos no colapse.

La pregunta qué se hacen muchos es hasta donde está dispuesto a ejercer su liderato el speaker Ryan, que aún muchos quisieran fuera el bateador emergente de los republicanos para la candidatura presidencial este año y, de todos modos,  se percibe como el precanddato de fuerza para las elecciones de 2020 si los republicanos implosionan en noviembre con Donald Trump o Ted Cruz.

Echar hacia delante proyectos sin fuerte apoyo republicano, es decir dependiente de votos demócratas, forzó la renuncia del antecesor de Ryan, John Boehner.

Si no hay un acuerdo bipartidista fuerte en la Cámara baja, donde los republicanos tienen una mayoría de 246 a 188, la decisión de todos modos estará en el Senado, donde  un proyecto republicano requiere el visto bueno de por lo menos seis demócratas para ser aprobado.

Un influyente senador republicano ha indicado en privado que están conscientes de las implicaciones electorales de este debate. Ha dicho, según fuentes, que no va a ser quien facilite que Florida, de ser un estado flotante – que puede inclinarse para cualquier lado-, la desatención de la crisis fiscal de Puerto Rico cause que, por medio del voto boricua, se convierta en un objetivo seguro para los demócratas. Puede estar hablando de esta elección presidencial o de las próximas si sigue la emigración de boricuas de la Isla – inclinados más a los  demócratas que a los republicanos -, hacia Florida.

Ya ha quedado reafirmado, por la campaña publicitaria que ha tocado a las puertas del distrito de Bishop en Utah, que todo en la política es local.

El speaker Ryan dijo el otro día que aunque quiere evitar un caos en la Isla, su objetivo principal con la legislación que titulan PROMESA es que no cueste nada a los “contribuyentes estadounidenses”. Y cuando habla de eso, Ryan también, seguramente, piensa en las consecuencias electorales que pueda tener para él esta legislación.