El Comité de Energía y Recursos Naturales es el que tiene jurisdicción primaria en el Senado federal sobre los asuntos de la Isla. Algunas audiencias de supervisión, más o menos proforma en la última década, han sido convocadas por ese comité.

Pero, la supervisión del debate fiscal – el tema que ha dominado las relaciones entre Washington y San Juan en los últimos seis años-, ha estado en manos del Comité de Finanzas.

Junto con el ahora ex senador Orrin Hatch – con el que se intercambió en los pasados años la presidencia de los comités de lo Jurídico y Finanzas-, ha presionado a los gobiernos de Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares, en torno a asuntos fiscales y el uso de los fondos de Medicaid, entre otras cosas

Hatch se retiró del Senado en diciembre de 2018.

El ojo de Grassley – el presidente pro tempore del Senado, por ser el senador de mayor antigüedad-, sigue presente.

El pasado lunes, Grassley, como presidente del Comité de Finanzas, reclamó respuestas a la gobernadora Vázquez Garced, principalmente, sobre el escándalo de los fallidos contratos de más de $40 millones para comprar pruebas rápidas de detección del coronavirus y otras irregularidades del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Ha pedido que para mañana, lunes, también se le den explicaciones sobre el escándalo del almacén de suministros de Ponce ocurrido durante la emergencia de los terremotos de principios de año, la compra de la guagua blindada de $240,000 adquirida por La Fortaleza bajo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, el contrato de $300,000 a la empresa Whitefish Energy, la politización del Instituto de Estadísticas y las limitaciones en la información pública sobre las muertes provocadas por el huracán María.

Al advertir que requiere las explicaciones de cara a próximas solicitudes de fondos que pueda hacer Puerto Rico, el influyente senador republicano pidió cuentas también sobre las investigaciones iniciadas este cuatrienio por el gobierno puertorriqueño en torno a posibles actos de malversación y los despidos recientes de funcionarias como la ex secretaria de Salud Concepción Quiñones Longo.

Mucha gente puede no recordarlo, pero el primer proyecto de ley para imponer una autoridad que controlara las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico tuvo como coautor principal a Grassley.

En unión a Hatch, entonces presidente del Comité de Finanzas, y Lisa Murkowski, presidenta del Comité de Recursos Naturales, el senador Grassley propuso en diciembre de 2015 crear una autoridad con mayores poderes que lo que es ahora la Junta de Supervisión Fiscal, otorgándole a la Isla $3,000 millones para combatir el problema de liquidez y sin ofrecer un proceso para la reestructuración de la deuda.

Grassley y Hatch ya estaban en récord – con el apoyo de de la ahora comisionada Jenniffer González y el ahora exgobernador Ricardo Rosselló González-, en contra de que Puerto Rico tuviera acceso al capítulo 9 de la ley de quiebras federal, que permitía al menos reestructurar la deuda de las corporaciones públicas de la isla.

En una audiencia sobre la crisis fiscal de la Isla, convocada por Hatch como presidente del Comité de Finanzas en septiembre, dos meses antes de presentar la legislación para asumir el control de las finanzas del gobierno puertorriqueño, Grassley pareció simpático a la idea de excluir a Puerto Rico de las normas de cabotaje y de la ley del salario mínimo federal.

En última instancia, Grassley y Hatch aceptaron la ley Promesa, que hundió a Puerto Rico en su situación colonial y dio paso a un abarcador proceso de reestructuración de la deuda pública de la Isla, que superaba los $70,000 millones.

Aún como presidente del Comité de lo Jurídico del Senado de EE.UU., Grassley expresó preocupación, en mayo de 2017, con el rumbo que puede tomar el proceso hacia la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico por la vía judicial.

Ya como presidente del Comité de Finanzas del Senado, Grassley pidió explicaciones en julio de 2019 al secretario de Salud de EE.UU., Alex Azar sobre el funcionamiento del programa Medicaid en la Isla.

Dos meses después, recibida la respuesta de Azar, Grassley advirtió que estaba aún insatisfecho con explicaciones que solicitó en julio de ese año al secretario de Salud de EE.UU. sobre el uso en Puerto Rico de los fondos de Medicaid.

Pese a sus dudas, Grassley alcanzó un acuerdo con el líder demócrata en el Comité de Finanzas, Ron Wyden (Oregón),  para promover legislación que permitiría asignar a Puerto Rico hasta $11,869 millones en fondos de Medicaid durante los próximos cuatro años fiscales e imponer nuevos controles sobre el uso de esos fondos.

Luego, el presidente Trump reclamó que se redujeran los fondos a $5.7 millones para dos años.
Grassley fue la primera voz en el Senado que advirtió que  los republicanos frenarían el proyecto de ley aprobado en febrero por la mayoría demócrata de la Cámara baja para asignar $4,890 millones, principalmente a Puerto Rico, para atender recientes desastres, y otorgar créditos contributivos a la Isla que pudieran tener un impacto adicional de $1,400 millones anuales.

El mes pasado, cuando iniciaba la crisis del coronavirus y revivían los reclamos para otorgar un nuevo beneficio contributivo federal para la inversión manufacturera en Puerto Rico, Grassley – sin comprometerse con ningún posible camino, pero recordando las críticas a las altas ganancias que tuvieron las empresas 936-, afirmó que la Isla no debe quedar fuera de propuestas contributivas para atender la emergencia o atraer producción farmacéutica a territorio estadounidense.

En unas semanas o meses, Grassley volverá a ser clave en el debate sobre un nuevo proyecto de estímulo económico. Luego, estará vinculado a cualquier iniciativa para atraer producción de equipo farmacéutico a EE.UU.. Y, en 2021, volverá a lidiar con el acceso de la Isla a fondos de Medicaid.

Grassley lleva 40 años en el Senado.

Previamente, estuvo seis años en la Cámara de Representantes.

Cumplirá 87 años en septiembre, pero no va a reelección hasta 2022, lo que supone que habrá que contar con su influencia en el Senado estadounidense por lo menos hasta la mitad del próximo cuatrienio.