Ha sido extremadamente difícil romper con el colonialismo.

Los que celebraron el voto de 2012 en el que el 54% de los puertorriqueños rechazó el status colonial así lo han corroborado durante los últimos ocho años.

Estados Unidos – que hace cuatro años decidió imponer la ley Promesa que estará vigente por lo menos hasta 2025-, hace lo que le conviene como país.

Bajo esa realidad hay que mirar el resultado del referéndum estadidad si o no del 3 de noviembre, al cual el gobierno federal quitó validez, por no incluir las demás alternativas de status y alegar engañosamente que iba a representar la admisión inmediata de la isla como estado, entre otras cosas.

En la consulta más reciente, que no será la última, el 52.34% de los electores de Puerto Rico apoyó la estadidad.

La idea de convertir a Puerto Rico en otro estado de Estados Unidos no tiene ni un 61% de respaldo ni el 97% que ha defendido el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante los últimos años.

A la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, les corresponde ahora traer los resultados al Congreso, 30 días después de ser certificados.  Eso debe ocurrir en diciembre.

Cualquier evaluación formal de los resultados, quedará, sin embargo, para la próxima sesión del Congreso, que inicia en enero.

Tras el último plebiscito – en el que la estadidad, en medio de un boicot de la oposición, obtuvo el 97% -, a los cabilderos del gobierno PNP les tomó una semana comprender que nada pasaría, tras obviar también en aquella ocasión el proceso de status que Estados Unidos le ofreció a la Isla en enero de 2014, con la idea de que el Departamento de Justicia federal evaluara las alternativas y, tan importante como eso, aprobara la campaña educativa del referéndum.

Como resultado de querer hacer las cosas por cuenta propia y del rechazo tajante del presidente DonaldTrump y el liderato republicano del Senado a la estadidad, entre otras razones,nunca se llevó a cabo una audiencia de status este cuatrienio.

Ahora, al gobierno del PNP le toca demostrar que no es necesaria una súper mayoría para convertir a la Isla en un estado y que, como dijera el gobernador electo, Pedro Pierluisi, Puerto Rico no tiene que dejar de tener como idioma oficial de sus sistemas de educación pública y justicia el español para recibir una oferta para admitir a la isla como estado, ni prescindir de su representación deportiva internacional, con un Comité Olímpico independiente al de Estados Unidos.

El liderato del PNP tiene la oportunidad de volver a Washington a tratar de convencer al liderato del Congreso que con un 52% de apoyo, una Legislatura en manos de la oposición y un gobernador que obtuvo el 33% de los votos – que no representa a un grupo significativo de los estadistas-, el gobierno estadounidense debe admitir a Puerto Rico como estado.

Siguen enfrentando, sin embargo, grandes desafíos.

Primero, el gobierno del PNP no mostró interés, otra vez, en esperar por el visto bueno del Departamento de Justicia federal. El lenguaje que le ofreció el Congreso al gobierno de la Isla para tratar de avanzar el debate de status aun no se ha utilizado y los congresistas pueden recordárselo.

Segundo, no ha habido voluntad para acabar con la ley Promesa, que solo funciona bajo un status territorial y estaría vigente al menos hasta el verano de 2025.

Tercero, con toda probabilidad el Senado estadounidense seguirá en manos de los republicanos. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), ha hecho más claro que nunca que su caucus no dará paso a propuestas de estadidad para Washington D.C. y Puerto Rico, iniciativas que algunos sectores demócratas promueven solo pensando en la posibilidad de agregarle cuatro senadores y varios congresistas a sus conferencias legislativas.

Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, ha indicado que no bloqueará legislación a favor de la estadidad, pero que tiene que haber alguna posibilidad de éxito para echar hacia delante una medida.

En ese sentido, le corresponde a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, darle fuerza a esa propuesta. Desde hace año y medio tiene pendiente una reunión con McConnell sobre este asunto.

Como cuarto punto significativo, aún cuando los demócratas obtuvieran mayoría en el Senado – asunto que se decide en las dos segundas vueltas del 5 de enero en Georgia-, el demócrata Joe Manchin, quien ha sido el portavoz de la minoría en el Comité de Energía y Recursos Naturales, con jurisdicción directa sobre la Isla, ha descartado votar a favor de eliminar la regla del filibusterismo.

Bajo la regla del filibusterimo, se requieren 60 votos para avanzar legislación a una votación final. Aún en mayoría, los demócratas solo tendrían 50 de 100 senadores, con el voto de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, como desempate.

Eso no quita, sin embargo, que el liderato demócrata del Senado – tras insinuar que estaba esperando por un voto a favor de la estadidad en Puerto Rico para avanzar esa alternativa pues les conviene tener más demócratas en el Congreso-, demuestre que hablaba con convicción y proponga una moción en el pleno de la cámara alta para saber, con un conteo de votos, si es verdad que están listos para admitir como estado a una Isla en quiebra, sin pasar juicio sobre los asuntos contributivos y fiscales, entre otras cosas.

Si los demócratas de la Cámara baja vuelven a aprobar la propuesta de convertir a Washington D.C. en un estado, donde el respaldo a la estadidad alcanzó el 86% en noviembre de 2016, los demócratas pueden forzar también esa votación en el Senado.

Como dicen en Estados Unidos, ‘count de votes’.

El presidente electo, Joe Biden, por su parte, ha reafirmado que trabajará con representantes de todas las opciones de status en favor de un proceso justo y vincunlante para el gobierno federal.

En el plano local, el panorama no es más alentador para el PNP. Pierluisi va a tener que gobernar sin mayoría en la Legislatura, lo que descarta que pueda echar hacia delante alguna medida unilateral que ayude a elevar el debate de status. Debe tener en cuenta, a su vez, que un porcentaje importante de los que votaron por el sí a la estadidad no se identifican con su partido.

Como candidato a gobernador, Pierluisi revivió el concepto de la estadidad jíbara, con Comité Olímpico independiente al de Estados Unidos y sin entregar el español como idioma oficial de la educación y el sistema judicial.

Propuso además convocar a un referéndum en 2021 para elegir a seis miembros de la Comisión de Igualdad, los cabilderos proestadidad nombrados por el gobierno de la Isla.

El propio Pierluisi ya ha reconocido que será difícil dar paso a esa consulta -con la cual busca dar la legitimidad que no han tenido los cabilderos de esa comisión-, frente a una Legislatura que puede estar dominada por el Partido Popular Democrático (PPD) o producto de una alianza del PPD con legisladores de los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad.

Eso, sin hablar del riesgo que supone para el PNP, con el 32% de respaldo para su candidato a gobernador, someter sus candidatos al voto popular y exponerse a que la oposición postule sus propios aspirantes para bloquear ese esfuerzo.

Si nada ocurre otra vez en Washington en 2021, Pierluisi, por no tener la Legislatura en sus manos, tiene la excusa perfecta para decirle al PNP que es momento de buscar un consenso en torno a un mecanismo procesal para adelantar el debate de status en San Juan o regresar al Congreso a presionar en favor de adelantar la libre determinación y descolonización de Puerto Rico.

Pueden ser mejores alternativas que sentarse a esperar por las elecciones de 2024 a ver si el panorama cambia en el cuatrienio 2025-2028, y se ha logrado acabar con Promesa.