El que esté en busca de certezas o crea que sabe todo lo que va a ocurrir que se tape los ojos. 

Hay incertidumbre sobre el futuro del país, ahora como status territorial, o mañana si decide algún día caminar hacia la plena anexión o su soberanía política. Ni siquiera sabemos si el Congreso estará dispuesto a ofrecerle a la isla la estadidad.

Si las cosas estuvieran claras con toda probabilidad no estaríamos tan divididos. 

Los propios datos y cifras del informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre el costo que pudiera tener para el Tesoro federal  así lo indican. 

Tiene margen en ese informe para pensar que, en el mejor escenario, la estadidad puede recibir poco más de $5,200 millones en nuevas asignaciones federales, con el 86% de los programas estudiados por la GAO.

Pudiera, a su vez, si adopta los los argumentos del Partido Nuevo Progresista (PNP), pensar que las nuevas asignaciones federales bajo la estadidad pueden rondar en el futuro los $8,000 millones.

Puede también llegar a la conclusión – otra vez en el mejor escenario -, que bajo la estadidad, los residentes de la isla pagarían $2,300 millones en impuestos federales y las corporaciones, después de un éxodo de Corporaciones de Control Foráneo (CFCs), unos $3,400 millones anuales. 

El informe da espacio para argumentar, como hace el PPD, que el costo de la estadidad pone en juego más de $7,000 millones del presupuesto local y que a los estadistas les toca explicar cómo equilibrar las finanzas del país bajo ese status. 

El propio PNP prefiere obviar la revisión que hace la GAO de los recaudos corporativos y calcula en $7,000 millones anuales los ingresos para el gobierno federal bajo la estadidad. Pero, de esta forma, el PNP puede argumentar que por vez primera un informe equilibra un poco los nuevos potenciales gastos federales con los recaudos.

En un país con ocho años de recesión y una deuda pública de sobre $71,000 millones el panorama económico está nuboso. Por eso no es extraño que se difumine más cuando se habla de un cambio de status. Mi sugerencia es que lea el informe (http://www.gao.gov/products/GAO-14-301) y llegue a sus conclusiones.

Para defender su ideas, sin embargo, los estadistas tienen un argumento que me parece que es nuevo: la emigrantes boricuas apoyan la estadidad al montarse en un avión y mudarse a Estados Unidos.

Por arte de magia, convierten la decisión personal que toman cada año decenas de miles de boricuas en un voto por la estadidad. 

Los estudios indican que la gente emigra por necesidades económicas, la posibilidad de mejores oportunidades de trabajo, retos profesionales, dejar atrás la inseguridad en la isla o estar cerca de su familia, entre otras razones.

Hay gente que también lo hace por problemas de salud y o necesidades educativas especiales, pues encuentra mejores servicios en las zonas metropolitanas de Estados Unidos. 

No debe obviarse tampoco el importantísimo peso que tiene el hecho de que los nacidos en la isla son ciudadanos estadounidenses, lo que le garantiza pleno acceso al mercado laboral en este país. A diferencia de otros inmigrantes, llegamos a este país con la ciudadanía estadounidense.

Eso incide, además, tremendamente en que empresas, las Fuerzas Armadas, distritos escolares, hospitales  y el gobierno federal vayan a reclutar a la isla.

¿Cuántas empresas de España, Alemania, el Reino Unido o Japón hacen fila en el RUM para llevarse a los recién graduados? 

¿Va la agencia espacial rusa, como la NASA, a reclutar científicos para su programa espacial? ¿Estarían interesados en tener ciudadanos estadounidenses dirigiendo su programa de Marte? Presumo que no.

¿Si tuviéramos también la ciudadanía alemana, estarían los alemanes reclutando continuamente trabajadores en Puerto Rico? 

Tiene que haber muchos estadistas que dejaron la isla que ahora sienten que tienen plenos derechos políticos como residentes de Nueva York. El no poder votar por el Presidente de Estados Unidos y poder enviar algunos de sus legisladores al Congreso son para el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) la esencia de la injusticia del sistema colonial.

Pero, en Nueva York, por tomar un ejemplo, la participación electoral de los puertorriqueños es de las más bajas. 

Afirmar desde el Olimpo que los que dejaron Puerto Rico se fueron en busca de la estadidad es tan simple como decir que el puertorriqueño que se mudó a la capital estadounidense insiste en no querer tener plenos derechos políticos.

Cuando pensaba que lo había escuchado todo, entonces leo que el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, se enredó en Madrid al definir la identidad de los puertorriqueños. Afirmó que no somos estadounidenses, pero tampoco latinoamericanos. La historia no alcanzó a precisar cual fue finalmente la definición que utilizó.

No debería ser complicado ni generar incertidumbres describir la realidad de Puerto Rico: un pueblo caribeño y latinoamericano, cuyos nacionales son ciudadanos estadounidenses que todavía buscan definir su futuro como país.

Sí, el debate de status está lleno de incertidumbres, decisiones complicadas e ideas que muchas veces tampoco nada tienen que ver con el que más dinero ofrece.  Como la vida misma.  Y decidir qué debe hacer  Puerto Rico debe ser un asunto de todos los puertorriqueños, principalmente de los que residen en la isla y prometen retornar.

Pero, no deje que nadie le defina por qué se mudó de la isla o cómo percibe la fuerza de su identidad cultural. Así viva en Washington D.C., El Bronx u Orlando.

No vaya a ser que lo próximo sea que alguien quiera tratar de convencer a un opositor de la estadidad en Puerto Rico que es un debate serio cuestionar por qué utiliza el dólar estadounidense y no el euro.