Ayer se cumplió el primer aniversario de la tarea dada a cuatro expresidentes del Partido Popular Democrático (PPD) para que intentaran encontrar consenso sobre cómo definir el desarrollo del status territorial/colonial actual, comúnmente llamado Estado Libre Asociado (ELA), de cara a un  próximo plebiscito.

El comité, integrado por los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá, el expresidente del Senado Miguel Hernández Agosto  y el ex alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, fue creado el 30 de agosto de 2014.

Desde diciembre pasado, según el exgobernador Acevedo Vilá, los cuatro advirtieron al gobernador Alejandro García Padilla –  quien es, aunque en su partido algunos no se acuerden, también el presidente del PPD -, que era necesaria su intervención para romper el tranque sobre las áreas más complicadas de la definición.

Nada ocurrió.Ya ni el comité existe.

Hoy el exgobernador Acevedo Vilá confirmó que renunció hace varias semanas a ese comité.

Aun si Acevedo Vilá no hubiese dimitido, el accidente sufrido por Hernández Agosto también habría dejado ese comité claramente desbalanceado en términos ideológicos.

El PPD iba a reunir el pasado fin de semana su asamblea general para tratar de avivar su militancia. Erika les ha dado más tiempo para organizar la reunión y repensar – en medio de la crisis fiscal -, cómo retomar o cancelar oficialmente el debate de status.

En enero de 2014, el gobierno federal aprobó un lenguaje que permitiría a la jefatura del Departamento de Justicia de Estados Unidos pasar juicio sobre la constitucionalidad y legalidad de las alternativas de status de un próximo plebiscito reglamentado en Puerto Rico, a cambio de un donativo de $2.5 millones para la campaña educativa de la consulta. (En EEUU todo se vende o se compra, desde candidatos hasta definiciones de status).

En el Congreso solo un puñado de legisladores estuvo atento a ese lenguaje. Ni siquiera el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), conocía esa propuesta hasta que El Nuevo Día le preguntó sobre ella.

A pesar de no vincular al Congreso, el lenguaje,  por lo menos, ofrecía una oportunidad para conversar y negociar formalmente con el Ejecutivo federal.

Esa opción ya está fuera de la mesa.

Desde hace un tiempo era claro que, si decidiera ponerla en marcha, el gobierno de García Padilla convocaría la consulta para el día de las elecciones generales de 2016.

Para entonces, no importa las conversaciones que se tengan con el Ejecutivo federal durante el próximo año, el gobierno del presidente Barack Obama estará de salida. Ni siquiera un compromiso moral con el Ejecutivo estadounidense podrá alcanzarse.

Los que controlan ahora el PPD han percibido la celebración de un nuevo  plebiscito local de alternativas de status como una oportunidad para hacer quedar mal el argumento del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que la estadidad tiene el respaldo del 61% de los electores de Puerto Rico.

Pero, al paso que van las cosas la consulta puede ser más una oportunidad para definirse ellos mismos.

Si en el PPD no hay consenso – como es lógico no exista – entre los soberanistas y los que defienden el ELA territorial/colonial sobre cómo encaminar el desarrollo del status actual, la consulta de noviembre de 2016 puede ser un buen momento para definir fuerzas.

Una alternativa para los populares, ahora que el propio PPD dice que no hay dinero público suficiente para financiar las primarias internas de los partidos, es utilizar sus finanzas también para consultar a su electorado sobre el ELA al que aspiran o enfrentarse a un plebiscito criollo el día de las elecciones generales aceptando que pueden funcionar como una alianza para formar gobierno, pero que sus propios líderes y electores  impulsan propuestas de status diferentes.